Intentos de superar la zonificación establecida por la ley del vascuence

 

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Estos intentos son tan antiguos como el tiempo de vigencia de la ley del vascuence, aprobada el 2 de diciembre de 1986. La política lingüística de los grupos nacionalistas no sólo ha estado orientada hacia la modificación de la ley del vascuence, sino también hacia la alteración, por la vía de los hechos, de los límites de las zonas lingüísticas de Navarra.

Entre todas las acciones políticas y sociales desplegadas, las paradigmáticas fueron las constantes reivindicaciones de las ikastolas que desempeñaban su actividad en las zonas lingüísticas de Navarra, con absoluto desprecio del principio autorización administrativa, garantista de la calidad de enseñanza. El empeño constante para abrir líneas de escolarización en cuantos colegios públicos de la zona mixta se diera alguna solicitud en tal sentido.

El vascuence en todos los barrios de Pamplona fue una estrategia diseñada por Herri Batasuna poco después de ser aprobada la ley del vascuence en el año 1986. El 5 de noviembre de 1992 fue descrita expresamente en una rueda de prensa que recogieron los diarios “Egin”, “Diario de Navarra” y “Navarra Hoy”. Se diseñó una estrategia eficaz, apoyada en el hecho de que los niños de tres años, demandantes de escolarización en enseñanza infantil no obligatoria, tienen cuatro al año siguiente y, un año más tarde, reclaman la escolarización en la Enseñanza Primaria, para luego hacerlo en la Enseñanza Secundaria Obligatoria, Bachillerato, ciclos formativos y Universidad. Se apoyaba, además, en cuatro acciones: provocar la demanda escolar en el modelo D, allí donde se pretendía una ikastola para sostener una intensa reivindicación con el atractivo argumento de la escolarización próxima al domicilio; apoyar a la entidad local donde se diera esta demanda; integrar los centros surgidos en la red pública y, por último, reiniciar y extender el proceso en una espiral perversa. Los recursos económicos para el desarrollo de la citada estrategia no han escaseado. Proceden de vericuetos inconfesables de la gestión de subvenciones, de la Red de Ikastolas, incluida la del País Vasco, de aportaciones privadas, … En ocasiones, del propio presupuesto del Estado.

Referida a Pamplona, la campaña estratégica comenzó con el anuncio de mociones en el Ayuntamiento. En ellas se solicitaba que el Patronato de Escuelas Infantiles replanteara y reorganizara “toda la oferta existente en la ciudad, de tal forma que en todos los barrios se satisfaga la demanda de plazas tanto en euskera como en castellano”. También se pedía que asumiera “las cinco escuelas infantiles del Gobierno en Txantrea, Etxabakoitz, Sanducelai, Alda Zaharra y Segundo Ensanche”.

En este contexto estratégico hay que situar y analizar las múltiples iniciativas, preguntas, mociones y comparecencias que al respecto se han presentado durante estos años en el Parlamento de Navarra. Algunas se debatieron en la Comisión de Educación en la sesión de 5 de junio de 1998, sesión que resulta paradigmática por su desarrollo. Se trataba de cuatro mociones presentadas por el grupo Ezker Abertzalea. Todas fueron rechazadas. Sin embargo, veintiún días más tarde, la misma Comisión volvía a debatir mociones semejantes presentadas por el PSN. Todas fueron aprobadas. ¿En qué pensaba el PSN?

Esta intencionalidad se refleja de modo muy especial en el caso de la escolarización del curso 1998/1999 de 17 niños en el colegio denominado “José María Iribarren” del barrio de Ermitagaña de Pamplona. Este centro fue suprimido de acuerdo con su dirección, su claustro de profesores y las familias afectadas. En sus instalaciones vacías se iban a ubicar la educación básica de adultos (CENEBAD), el Instituto Navarro de Bachillerato a Distancia (INBAD) y el Instituto de Adaptación Social que liberaban otros edificios que, a su vez, permitían mejorar sensiblemente la planificación escolar, entre ellas la de la UNED.

La Comisión de Escolarización del Departamento de Educación, en atención a los domicilios de las familias de estos diecisiete niños, y conforme con lo establecido al respecto por la normativa vigente de admisión de alumnos, les ofreció plazas en las ikastolas públicas próximas de los barrios colindantes al domicilio familiar. La oferta no fue aceptada y los niños fueron atendidos, durante todo el año, por los propios padres en una bajera alquilada por ellos.

La acción obedecía, sin duda, al ejercicio político de un inexistente “derecho” de todos los niños a una educación según el modelo lingüístico elegido por sus padres en su “barrio o entorno directo”, como se publicó en la prensa local. Sin duda, respondían al objetivo nacionalista incondicionado de quebrar el principio de territorialidad y de tener enseñanza en el modelo D en todos los barrios y pueblos de Navarra; allí donde existiera un niño, una niña o una familia convencida, o a la que se le convencía, de las excelencias de la educación en el modelo D, aunque en su casa nunca se hubiera hablado vascuence en el pasado. Quizá se le decía que así encontraría mejor el trabajo o que su rendimiento académico aumentaría. El principio de territorialidad, es por otra parte, el que rige el uso, incluida el de educación, de las lenguas minoritarias o regionales, según la Carta europea de las lenguas minoritarias o regionales de Estrasburgo de 1992.

Ahora, lo cual no es novedoso, con su propuesta de modificar la ley del vascuence el PSN se suma a la estrategia.

 

 

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