Los motivos de queja se acumulan uno tras otro como árboles que impiden ver el bosque. Los últimos en entrar en el club olvidan pronto sus promesas de oxigenar la función política. Nadie quiere ser el primero en hacer el tonto renunciando a los privilegios acumulados. No están seguros de que el sacrificio de recortarse el chollo politiquil valga la pena. Deben intuir que no necesariamente sería bien valorado por una ciudadanía aborregada.
Y mientras tanto cientos de millones se van por el desagüe inevitable de una estructura muelle en la que viven los que no saben mas que hablar del «estado de bienestar». ¡Bienestar el suyo!. Las multas de tráfico de los prebostes apresurados se pagan con dinero público. Y encima con recargo.
Los viajes «de trabajo» se suman a la lista, como aquél famoso en que 60 diputados fueron cuatro días a Canarias para estudiar el cultivo del plátano. Peccata minuta: los diputados tienen «nuestro» permiso para gastar hasta 5 millones de euros anuales por tierra, mar y aire. Hay alcaldes, como el endeudado Gallardón, que necesitan tener a su disposición un audi de 591.624 euros. A su lado nuestros pequeños phaeton, los 200 vehículos oficiales de la Diputación General de Valencia o los 234 de la Junta de Andalucía parecen el colmo de la austeridad.
Y lo peor es que la única relación que parece haber entre el despilfarro y la deuda es esta: cuando más deuda, más despilfarro. ¿Cómo puede el sistema gastar más de 2.200.000 euros en regalos navideños (160.000 euros solo en el Congreso) a cargos públicos mientras cada español soporta una deuda municipal media de más de 500 euros? ¿Y cómo es posible…
