Siempre hemos apostado por la separación de poderes, una Justicia separada del poder político y del poder legislativo, es esencial para el buen funcionamiento de la Democracia. La realidad española es de una gran zafiedad desde que los socialistas cambiaron la norma para que fueran los políticos los que eligieran -por el sistema de cuotas según la correlación de fuerzas del poder legislativo- a los altos órganos de la Judicatura. La dependencia es evidente, y está resultando demoledora para nuestra vida democrática, si a esto unimos que la Justicia es realmente muy lenta, por el demasiado peso de las garantías procesales. A pesar de todo no nos impide que reconozcamos que la Justicia es inexorable y cada vez son más los próceres que condenados entran en prisión, y los muchos más que faltan, porqué sus procedimientos están en curso.
Pero reconozcamos que no hay un sistema perfecto y que los Jueces no son personajes angélicos, que aunque se cambie el sistema de elección de los órganos jurisdiccionales por los propios jueces, estos no están por encima del bien y del mal. Lo mismo que ocurría en los tiempos del franquismo, donde los jueces eran mucho menos protagonistas y en general se limitaban a aplicar la ley, pero no cabe la menor duda que en la acción de la aplicación de la Ley siempre pesa la ideología, la visión y el sentido de la vida del juzgador, entonces escorada hacia visiones conservadoras.
Ahora después de cuarenta años, vemos como también en la realidad, sigue influyendo demasiado la ideología del juzgador, pero ahora la correlación de fuerzas es distitna, hay pequeños grupos como los denominados Jueces para la Democracia, JpD, que tienen una presencia en los órganos jurisdiccionales mucho mayor que lo que representan en la sociedad, los autollamados progresistas que en román paladino significa extrema izquierda, los vemos influir de manera significativa en casos notorios, siempre van mucho más allá de la aplicación neutral de la Ley, pues han sido clamorosas las prisas en la derogación de la doctrina Parot y la suelta masiva de presos que no ha realizado ningún otro país europeo; el caso Bolinaga; el apresuramiento para soltar a Santi Potros; los palos en las ruedas en la aplicación de la nueva legislación laboral; y ahora después de la imputación de Ana Mato por el juez Pablo Ruz, que ha provocado su salida del Gobierno, está siendo este Juez apoyado por todos los corifeos progresistas para que continúe en la Audiencia Nacional después de cinco años en comisión de servicios. Pero lo que realmente persiguen es la posible imputación del presidente Rajoy, por el origen negro del dinero de los sobresueldos pagados por Bárcenas desde el PP, para provocar su abandono de la política.
Un comentario
Por muy grave que nos parezca la NO INDEPENDENCIA del poder legislativo, quizá sea aún más grave que los jueces no se dedican únicamente a impartir justicia.