La decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de anular algunas expresiones contenidas en las órdenes de la Junta andaluza que desarrollaban la asignatura de Educación para la Ciudadanía y la del juez de Huesca sobre la objeción de conciencia, demuestran que la pretensión del Gobierno socialista de imponer criterios ideológicos en las aulas no es ni inocua ni inocente. Y es que, en efecto, la asignatura es polémica, está viciada por el sectarismo y no encuentra total acomodo legal. El varapalo judicial es la demostración de que la oposición frontal a sus contenidos por parte de miles de familias está justificada porque ampara una invasión ilícita y abusiva de los ámbitos de la moral, la ética y el derecho. Ahora el Tribunal Supremo está obligado a pronunciarse porque existe una conexión directa entre las órdenes de la Junta y los decretos estatales que regulan la asignatura. En cualquier caso, las sentencias son una consecuencia directa, otra más, de la particular idea que Rodríguez Zapatero tiene sobre cómo legislar: imponiendo en lugar de negociando y subordinando la libertad a un adoctrinamiento unidireccional y acrítico.
