En buena lógica, ofrecí al policía que consultara mi registro de llamadas para comprobar que no había estado usando el teléfono cuando ellos me vieron. Para mi sorpresa, rehusó hacerlo con el argumento de que mi móvil era un asunto particular y que a él le bastaba con la agudeza visual (suya y de su compañero) para cursar la denuncia. Dicho de otro modo: da lo mismo que vayas hablando o no por teléfono. Lo importante es que ellos tengan la visión de que estabas haciéndolo. Supongo que a ustedes la afirmación les resulta tan absurda como a mí, pero a la patrulla que me detuvo le parece una razón bien firme para pagar una multa de 150 euros y perder tres puntos del carné de conducir.
Entiendo que hay determinadas circunstancias de tráfico en las que los agentes tienen potestad para decidir al no haber ninguna otra prueba. Sin embargo, éste no es el caso de las infracciones con el móvil. Se puede examinar fácilmente y sin ninguna duda si la denuncia es correcta. Por ello, no entiendo la actitud del agente número 710, que prefirió ejercer una abusiva autoridad a realizar una sencilla comprobación in situ.
Estoy muy decepcionada y contrariada. Primero, porque ayer fui víctima de una conducta que creía que estaba desterrada de una sociedad democrática y madura. Y segundo, porque el irresponsable comportamiento de los agentes de la Policía Foral va a causar un rosario de reclamaciones e incluso un probable juicio que nos harán perder tiempo y dinero a todos. Por mi parte, no me voy a quedar conforme y pienso reclamar. Pero como parece que tengo escasas posibilidades de que atiendan mis demandas a la primera –puesto que según me han informado diversas fuentes, este tipo de denuncias irregulares no son excepción y no suelen retirarse con facilidad–, me temo que no va a ser sencillo. De todos modos, vale la pena asumir las dificultades cuando lo que está en juego es nuestra dignidad como ciudadanos y conductores, y nuestro derecho a recibir un trato justo por parte de los servidores públicos. Ayer no lo recibí en absoluto.