Este pasado domingo 29 de junio, en el Auditorio de la Mutua Madrileña de la capital española, el partido político VOX presentó sus nuevas líneas programáticas, bajo el título Por una España nueva y decente (el contenido del mismo se puede leer aquí).

Lo abordado se centró en economía y vivienda. De hecho, se comenzó, igual que en el documento previamente enlazado, haciendo un diagnóstico analítico sobre la situación económica en general: inflación, desempleo, problemas de acceso a la vivienda, estancamiento de los salarios, gasto público, desindustrialización y endeudicidio.

Los responsables de la exposición fueron los portavoces y parlamentarios nacionales José María Figaredo y Carlos Hernández Quero. Ambos hablaron de una serie de puntos relacionados con el hexágono de la prosperidad, aunque en este presente artículo se abordará lo respectivo a la vivienda.

De hecho, cabe indicar que el problema de la vivienda tiene un enfoque, por parte de VOX, que ha abierto cierto debate, como ha ocurrido con otras temáticas bien conocidas. No quiero decir que nadie en sí se haya negado a hablar del tema. El problema guarda una relación mayor con el diagnóstico y la solución.

Las soluciones del consenso socialista apuntan a la explosión de la vivienda de alojamiento turístico, a la especulación, a la garantía de vías confiscatorias, al bloqueo corrupto del suelo y a la piedad ante los okupas. También es cierto que hay agentes que sueltan alguna palabrita razonable sin ir mucho más allá, siendo corresponsables de la inseguridad jurídica y, sobre todo, de la falta de oferta.

Si la tendencia y el marco político no cambiasen, posiblemente podría detectarse una correlación negativa entre el precio del alquiler y la cantidad de oferta de viviendas en alquiler. Cada vez hay menos viviendas para arrendar en el mercado, lo cual no es solo un problema en las grandes urbes, sino también en pueblos pequeños (aunque evidentemente los precios sean más elevados en las primeras ubicaciones).

Algo similar viene a darse con la vivienda en propiedad. Ni el sector estatal (por medio de la llamada «protección oficial») ni el privado (en la medida en la que pueda disponer de suelo edificable) han tenido capacidad para disparar el número de viviendas de obra nueva que puedan responder a una demanda creciente, no necesariamente extranjera, pero sí más aguda en Madrid, Málaga, Barcelona y otras grandes urbes.

Apenas hay suelo disponible para urbanizar (el cual no es necesariamente de reserva natural o delicadeza medioambiental) mientras que edificar en altura es bastante complicado. Luego, la expedición de licencias y de otras autorizaciones para levantar nuevos edificios pueden demorarse bastante en el tiempo (tampoco hay mucha facilidad para reformar antiguos edificios sin rendimientos económicos y de salubridad).

Hay igualmente una serie de cargas fiscales aplicadas a la vivienda: plusvalías, impuestos sobre construcciones y actos jurídicos documentados, IVA por producto y por hipoteca, ITP, recargos por el suelo y posibles tasas municipales. Además, los consistorios municipales pueden demorar la concesión de algunas parcelas al mercado, consiguiendo que el precio se eleve, si es que ya de por sí no lo encarecen por recaudar u obtener prebendas.

De igual modo, es evidente que la inmigración tiene su impacto, aunque no sea el único. No es necesario limitarse a los europeos del Norte que invierten en la Costa del Sol o en el archipiélago balear (ni a esos eslavos que van convergiendo con España y tienen capacidad para invertir en segundas residencias en la Costa Blanca alicantina).

Sabido y recordado por enésima vez es que hay una invasión migratoria que amenaza nuestro modo de vida así como nuestros pilares civilizacionales (de igual modo, hay problemas con las bandas latinas hispanoamericanas, aunque estas sí que acepten el producto jamonero) y que tiende a concentrarse en áreas urbanas degradadas o decadentes.

Al darse una guetificación precaria y un deterioro de la seguridad, no solo es que se expulse a muchos de ciertos barrios como pudieran ser Villaverde, El Raval, San Andrés de Murcia o San Francisco en Bilbao. También se incrementa la demanda sobre las zonas más acomodadas, consolidadas o seguras (pongamos, como ejemplo, Las Arenas de Getxo o Montecarmelo en Madrid).

Podría haber una correlación con la seguridad. De hecho, hay quienes no son conscientes del condicionamiento de la misma al metro cuadrado (a su precio, mejor dicho). Consentir que esa tendencia se consolide por inevitabilidad es tan absurdo como solo exonerar a los extranjeros (cuya mera adquisición de propiedades es legítima) del expolio fiscal al que los pagadores de alquileres e hipotecas españoles se someten.

Ergo, toca generar un «efecto llamada» que no se base en las «viviendas regaladas» para inmigrantes del Norte de África y de Hispanoamérica (tampoco en la tolerancia cien para los okupas), sino en el florecimiento de distintas opciones de oferta inmobiliaria, a precios de mercado, pero no condicionados por el constante estrangulamiento de las mafias burocráticas, corporativistas y estatalistas.

El acceso a la vivienda ha de ser uno de los enésimos ámbitos en los que los ciudadanos no deben de someterse a la confiscación tributaria e impositiva. Hay que facilitar que la propiedad, como base civilizacional primordial, sirva tanto para el desarrollo familiar y personal como para el ofrecimiento mercantil de opciones alternativas, en un mercado espontáneo pero estable, sin torpedeos políticos.