La pasada semana, la actualidad nacional estuvo copada de titulares relacionados con dos manifestaciones de movimientos agricultores en distintos puntos de España: una el pasado miércoles día 29, en Don Benito (Badajoz), ante la asistencia del ministro de Agricultura, Luis Planas, a Agroexpo, evento celebrado en FEVAL; la otra, en la provincia de Jaén, al día siguiente.

Mientras que en la primera hubo cargas policiales desproporcionadas (esto viene a ser una evidencia del hecho de que los cuerpos policiales, como su misma categoría indica, dependen del Estado, de quien actualmente esté al mando del mismo: en este caso, del PSOE), en el segundo escenario hubo varios cortes de carreteras y alguna que otra barricada (la más notoria, en La Carolina).

Uno de los principales motivos de estas protestas fue una “necesidad” de establecer lo que algunos consideran “precios justos” (ahora bien, al contrario de la máxima del economista escolástico Juan de Lugo, no consideran, en ningún momento, que esto sea algo que, en su concepto matemático, solo pueda ser fijado por Dios, sino por el Estado).

Ante ello, conviene hacer una serie de aclaraciones que, bajo ningún concepto vendrán por parte de esas agrupaciones partitocráticas y sindicales que no son un mero gremio entendido como unidad de asistencia mutua y representación sino grupos de presión que tratan a los agricultores como rehenes de causas colectivistas (la expansión del Estado, de su esfera intervencionista).

El precio final de un producto hortofrutícola depende de varios factores

Circulan por las redes sociales varios sentimientos de indignación, por parte de algunos agricultores, ante el hecho de que el producto final, una vez puesto a la venta del consumidor, tiene un coste más elevado con respecto a lo que el agricultor recibe. Dicen considerar esto como una especie de “abuso de mercado”, pero en realidad, no es tanto como lo describen.

Existe un concepto que se puede denominar “cadena de distribución”, compuesta de tres eslabones fundamentales como la producción (incluye la recolección), la transformación (incluye procesamientos así como labores de almacenamiento y empaquetado), la distribución logística y la distribución minorista.

No obstante, según el Ministerio de Agricultura y la CNMC, que bajo ningún concepto están en manos de partidarios de la desregulación económica por parte del artificio estatal, casi el 46 por ciento (%) del precio final se corresponde con los productores, no representando el 54% de distribuidores a las principales cadenas mayoristas de supermercados.

Por lo tanto, ¿cuál será el problema entonces? ¿De quién será la culpa?

Los factores que perjudican al agricultor son político-económicos, pero distintos

La consciencia acerca del factor puede darse o no, no depende de ello lo que deba de considerarse como problemático y determinante. En términos mucho más sencillos, con cierta complicidad mediática y política, aparte de que seamos los españoles los europeos con mayor intensidad de esa “falsa inseguridad” pro-estatista, el agricultor no es consciente de que la regulación es lo que le ahoga.

Para comenzar, el concepto del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) tiende a condenar a no pocos agricultores al desempleo (máxime si el tope de este sigue in crescendo); de hecho, podemos observar cómo se está dando una considerable desaceleración macroeconómica en la medida en la que cae la creación de empleo, aumentando la destrucción del mismo.

Asimismo, son varios los tipos impositivos a los que la agricultura tiene que enfrentarse, en cualquiera de las fases de la cadena previamente mencionada. Por poner algunos ejemplos, el IRPF, el IVA (para nada se trata de un tipo reducido), el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, Sociedades y determinadas tasas tanto municipales como autonómicas.

Por otro lado, aparte de los trámites burocráticos requeridos para emprender o desarrollar alguna actividad concreta que pueda permitirle prosperar tanto a él como a su familia y al resto de la sociedad, se tiene una política agraria comunitaria que ahoga al sector por medio de los aranceles (esto no es un caso particular) y las cuantiosas subvenciones.

Innovación y margen de maniobra

En vistas de todo ello, el trabajador agrícola debería, con el más absoluto y empático de los respetos, dejar de permitirse ser rehén de colectivistas y reivindicar un mayor margen de maniobra que repercuta tanto en beneficio personal-familiar como gremial y social. Asimismo, sería mejor pensar en la oportunidad de innovación tecnológica antes que en el inviable estancamiento subvencionado.