“La vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal”. De esta forma mostraba su oposición Yolanda Díaz a la medida propuesta por el gobierno de incentivar el alquiler, introduciendo una deducción fiscal a quien alquile una vivienda. Obviamente no se trata de lo que diga o deje de decir Yolanda Díaz, dada la irrelevancia de Yolanda Díaz, pero sí de analizar una frase que vale lo que vale no porque la diga Yolanda Díaz, sino porque mucha gente la piensa.
Lo que dice exactamente el artículo 47 de la Constitución sobre la vivienda, para que sepamos de qué estamos hablando, es que: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos”.
Comencemos por el “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada”. Esto no significa, literalmente, que todo el mundo tenga derecho a que le regalen una casa. De hecho, lo que dice o no dice el artículo suscita inmediatas preguntas. ¿Qué significa que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna? ¿En alquiler o propiedad? ¿Puede ser también en préstamo o cesión? El derecho a disfrutar de una vivienda puede entenderse como el mero derecho a no estar tirado en la calle por miseria. En tal caso el derecho a la vivienda se concretaría en ofrecer a esa persona una estancia en un albergue o una vivienda social, no en regalarle un piso. Por otro lado la Constitución dice que es un derecho de “todos los españoles”. ¿Y los que no son españoles?. ¿No están cubiertos por este derecho? ¿Tiene entonces sentido que haya españoles sin vivienda mientras haya extranjeros a los que el estado sí se la proporciona? Pero vayamos un paso más lejos.
La Constitución dice en el artículo 35 que “Todos los españoles tienen el deber de trabajar y el derecho al trabajo”. ¿Puede entonces exigir al estado una vivienda gratis alguien que por otro lado se niegue a trabajar? O dicho de otro modo, ¿tiene el estado que regalarle viviendas a todo el mundo o sólo ofrecer una solución a la gente que se queda en la calle por miseria para que tenga un techo? Una cosa es ayudar a la gente sin recursos y otra premiar a los caraduras. Si por otro lado regalamos casas a los caraduras, sería absurdo que alguien trabajara para pagarse una casa. Al final el estado dividiría la población entre caraduras y tontos. Existe además un límite respecto a la cantidad de caraduras que podrían estar manteniendo los tontos.
El derecho a disfrutar de una vivienda, por otra parte, es lo que no garantiza el gobierno actualmente con su defensa de los okupas. Un propietario al que no se le garantiza el acceso a su vivienda es un español al que no se le reconoce su derecho constitucional a tener su vivienda. Las personas en auténtico estado de necesidad, no vagos ni maleantes, en cualquier caso, deben ser atendidas por el estado o por instituciones privadas para que se les proporcione cobijo, no por el propietario del piso. El propietario del piso no está para, además de pagar sus impuestos, ofrecer a su costa el escudo social que no ofrece el estado.
El estado a su vez es el principal aprovechado y al mismo tiempo el mayor causante de la escasez de vivienda. El estado es para empezar el gran especulador de suelo. No se puede poner un ladrillo salvo por mediación del estado recalificando ese suelo. Sólo se puede edificar donde previamente lo autorice el estado cuando lo lógico sería lo contrario, que se pudiera edificar en todas partes donde no estuviera prohibido. De este modo, al estar prohibido con carácter general edificar salvo donde lo autorice el estado, el suelo disponible para edificar se convierte en excepcional en vez de lo general. El suelo disponible se convierte por tanto en escaso y por consiguiente en caro. No hay falta de suelo en España porque no haya suelo o sobre población, sino porque está prohibido edificar con carácter general salvo donde excepcionalmente lo autorice la administración, lo que nos lleva al siguiente punto.
Además de ser el gran limitador de la oferta de suelo, el estado es el gran especulador del ladrillo. De hecho lo uno tiene que ver con lo otro. Hay que limitar el suelo disponible para poder beneficiarse de la escasez de suelo. La administración se lucra constante y enormemente de ser la que decide que este suelo pase de no ser edificable a ser edificable. Cuando se recalifica un terreno de rústico o no urbanizable a urbanizable, para empezar, los propietarios deben ceder gratuitamente a la administración un porcentaje del suelo o de la edificabilidad resultante. La recalificación por supuesto genera unas plusvalías sobre las que inmediatamente cae la administración con sus impuestos. A continuación llegan todas las cargas urbanísticas y contribuciones. Los promotores y constructores son implacablemente esquilmados. Todo esto por supuesto encarece el proceso de construcción de vivienda y encarece los precios. Por no hablar de la corrupción. Si el precio de un terreno se puede alterar de forma absolutamente sustancial mediante una mera recalificación, que la puede determinar un político a discreción, se le otorga un poder absoluto al político para poder enriquecerse a través de la recalificación. La corrupción es por supuesto un sobrecoste que también encarece los precios.
Aparte de todo lo anterior tenemos la propia fiscalidad sobre la vivienda que afronta el pobre comprador, ya sea en forma de IVA o Transmisiones Patrimoniales, a lo que se añaden los gastos de notarías, registros, etc. Esto suele superar holgadamente el 10% del precio de la vivienda, y teniendo en cuenta el precio de la vivienda resulta que la administración se lleva decenas de miles de euros.
En todo lo anterior el estado no aporta nada a la cadena de valor, es un mero cobrador de peajes en cada etapa del proceso. Primero encarece el precio limitando el suelo y después estableciendo todo tipo de pagos sobre cada paso que dan promotores, constructores y compradores. Es el gobierno por tanto en este negocio el gran especulador. Es falso el dilema entre gobierno y especuladores. El gobierno es el gran especulador.
Para tratar de remediar los males que él mismo crea, el estado recurre entonces a mecanismos como las limitaciones de precios. En Venezuela se ha llegado a fijar hasta el precio del desodorante, porque la fijación de precios necesariamente conduce a una espiral que te lleva hasta el desenlace ya conocido. El gobierno está dispuesto a buscar los remedios que hagan falta siempre que ello no implique renunciar a su negocio de especulación y cobro de peajes. El problema es que la limitación de precios, como se ha visto en Barcelona, en Caracas, en La Habana o en todas partes del mundo donde se ha implantado durante el tiempo suficiente, no sólo no remedia la situación sino que la empeora, al menos para la gente.
Si en vez de aumentar el suelo disponible, construir más y eliminar o rebajar los peajes, lo que se hace es limitar los precios, se provocan al menos dos efectos muy negativos. Primero se produce un efecto disuasorio sobre la construcción de vivienda. Si el estado encarece los costes pero limita los precios no hay negocio. La inversión busca entonces sectores que sean más rentables. Si no hay inversión se construye menos y si se construye menos hay menos pisos, y por tanto la escasez presiona hacia arriba los precios. En segundo lugar, limitar los precios por definición no resuelve la escasez. Si hay 10 familias buscando pisos pero sólo hay 5 pisos disponibles se pueden limitar los precios, en las estadísticas parecerá que has contenido el problema, podrás ponerte delante de un micrófono y decir que el intervencionismo funciona, pero seguirá habiendo 5 familias sin piso. Lo que sucederá en cambio es que las 5 familias que consigan piso serán las que ofrezcan a los arrendadores o vendedores más garantías de pago. O sea, que los que se queden sin hipoteca o sin alquiler serán las familias con menos recursos. Un ingrediente más en todo este cóctail explosivo es la inmigración, salvo que pensemos que todos los millones de inmigrantes llegados al país no necesitan un techo donde vivir y que para poder alojarlos no hace falta construir.
Por supuesto se puede intentar salir del atasco acelerando en vez de frenando. Podemos nacionalizar todas las casas. Podemos nacionalizar todos los supermercados. Podemos nacionalizar todas las empresas de energía. Podemos convertir en funcionarios a todos los empleados. Podemos fijar por decreto todos los salarios y los precios de todo. Los resultados están a la vista allá donde se ha intentado. Cuanto más radical ha sido el desarrollo de estas políticas más catastrófico el resultado. No es que estas políticas hayan fracasado en un elevado porcentaje de ocasiones o en ciertos momentos. Han fracasado en el 100% de los intentos, en el 100% de los lugares en que se han implementado y en el 100% de los momentos de la historia en que se han producido. Lo que falla por tanto no es el lugar, ni el momento, ni el cocinero. Es la propia receta la que aboca al fracaso.
