El 60% de los beneficiados por una adjudicación del gobierno vasco para disponer de una VPO de alquiler son ya ciudadanos extranjeros. En 2018 estas adjudicaciones a extranjeros representaban el 30%. Tengamos además en cuenta que hablamos de personas que no tienen DNI español, a las que aún habría que sumar un porcentaje desconocido de personas nacidas fuera de España que no obstante ahora disponen de DNI español.
¿Qué nos indica este dato de manera bastante concluyente? Pues que la llegada masiva de inmigrantes tiene un efecto inmediato sobre la demanda de vivienda, como no podía ser de otro modo. Esto no es políticamente correcto decirle, no es un dato que se suela airear, pero es una evidencia. Toda la gente que llega masivamente a España necesita una vivienda y en los últimos años han llegado más de 9 millones de inmigrantes a nuestro país. Incluyendo los nacionalizados podríamos estar hablando de 12 millones de personas en España con origen extranjero.
Si la llegada de 12 millones de inmigrantes necesitados de un techo dispara la demanda de vivienda, lógicamente el precio de la vivienda se dispara de manera proporcional, a menos que se construya nueva vivienda al mismo ritmo que aumenta la población, cosa que no ha pasado en absouto. Si tienes un boom de la población sin un boom de la construcción los precios no se disparan por una burbuja inmobiliaria, sino por escasez real de vivienda.
Por supuesto, como factor añadido, la inmensa mayoría de la oleada migratoria llegada a España los últimos años tiene una baja cualificación académica. Es decir, que esa población o va a estar en el paro, o en la economía sumergida, u ocupando empleos poco cualificados y con bajos salarios. Por consiguiente el tipo de vivienda que va a demandar la inmigración son los pisos de menor precio y las VPO. Por esta misma razón, sin embargo, van a subir los precios de este segmento y va a ser más difícil para la población local competir por una VPO.
No se puede decir, pero la inmigración masiva tiene efectos inmediatos sobre el mercado y disponibilidad de vivienda. Los datos del gobierno vasco son concluyentes, pero en todo el país sucede lo mismo. Nos dicen sin más que los inmigrantes vienen a pagar nuestras pensiones, sin contrapartidas negativas, pero se trata de una verdad a medias.
No todos los inmigrantes vienen a cotizar, de hecho sólo una minoría lo hace. Vienen a pagar las pensiones, pero también a cobrarlas. Hay que pagar también sus propias pensiones, su educación, su sanidad, sus subsidios de desempleo, su renta mínima, sus ayudas al alquiler, sus VPO… Naturalmente, además de que una parte significativa de los inmigrantes que son ocupables no están ocupados, hay muchos inmigrantes que además no son trabajadores, que no forman parte de la población ocupable y que en términos de servicios públicos son receptores absolutos. Y también hay que hacerse cargo de ellos.
Por supuesto hay además un porcentaje que no se puede o no se quiere integrar, engrosando la marginación y la criminalidad. Cuando hablamos de un volumen de casi 12 millones de personas, que cada vez serán mas, el contingente de los no integrados por marginalidad o delincuencia será cada vez mayor, porque sólo con que un 10% de los inmigrantes tengan problemas de integración hablaríamos de más de 1 millón de personas generando tensión. Vivienda, sanidad o educación hay que dársela a toda esta población, y además gastar en administración de justicia y seguridad. Esto tiene un coste y por tanto un límite, porque no podemos afrontar un coste infinito. Cada cual podrá tener la postura que le parezca sobre la inmigración y su control, pero no puede ignorar que la balanza tiene dos platos y que la inmigración masiva tiene efectos y no todos positivos sobre la seguridad, los costes del estado, la vivienda o el mercado laboral. No es xenofobia, es no negar la complejidad del mundo real.
