El acoso y la violencia que han sufrido los militantes de VOX por osar salir a la calle a poner una carpa, repartir folletos o explicar su proyecto, va adquiriendo día a día tintes escandalosos. No ya por la propia violencia ejercida contra esta formación, que por supuesto, sino por las reacciones del gobierno y las fuerzas políticas al ejercicio de esa violencia. Así, por ejemplo, nos encontramos en algunos casos o con un clamoroso silencio o con fuerzas que a quienes reprochan su actitud no es a los violentos, sino a la policía que defendía a los agredidos.

VOX es un partido legal, democrático, que no legitima la violencia contra sus rivales, que no organiza ni aplaude ongi etorris a asesinos, que no llama presos políticos a terroristas, cuyos líderes no han sido condenados por secuestro, ni aparecen con fotos de dictadores, ni les visitan por placer en busca de inspiración, ni escriben en las redes sociales apoyando a dictadores ni dictaduras, ni justifican ningún pucherazo. En el histórico como partido, a diferencia de ERC, del PCE o del PSOE, resulta que VOX no tiene golpes de estado. El expediente de VOX se encuentra por tanto bastante más limpio a todos los niveles que el de prácticamente todos sus detractores. VOX tiene por consiguiente todo el derecho del mundo a hacer política y expresar sus ideas en pie de igualdad con el resto de partidos y conforme a los derechos de libertad de expresión o reunión consagrados en la Constitución. Lanzar botellas al rival político es incompatible con la democracia. No existen demócratas que recurran al lanzamiento de botellas frente al argumento. Tampoco son muy demócratas quienes dejan de condenar estos hechos por la antipatía que le tienen al agredido o la simpatía que le tienen al agresor.

Más allá de la antipatía que le tenga uno al partido agredido, o la simpatía que les tenga a los agresores, se encuentra el deber democrático cuando se es un partido político o se está en el gobierno. Existe por tanto un peligro evidente cuando la variable que se introduce en la ecuación para enfrentar un acoso violento es no ya la simpatía o antipatía por unos u otros, sino la dependencia del agresor. No puede ser que haya fuerzas que no condenen la violencia contra sus rivales políticos y que el gobierno dependa de esas fuerzas. Lamentablemente esta es la situación no sólo a la que nos enfrentamos, sino que seguramente explica la falta de respaldo institucional en público a la actuación de la Policía Nacional y la Policía Foral. Resulta de lo más significativo no sólo que los sindicatos de la Policía Foral tengan que pedir este respaldo, sino que incluso después de reclamarlo la respuesta institucional siga siendo el silencio. Una vez más se comprueba que los pactos con la izquierda abertzale no son consecuencia de la normalización política, sino que por el contrario los pactos con Bildu están anormalizando la política. Son los que se han asociado a la izquierda abertzale los que se han radicalizado. Esperemos que un día no haya una desgracia o que ese día el gobierno no siga dependiendo de fuerzas simpatizantes de quienes la hayan provocado.