Si Ferrovial es una empresa pirata y antopatriota, ¿qué es un estudiante que se va a trabajar al extranjero?

Podemos llama ahora  “pirata” a Ferrovial, denuncia todas las ayudas públicas recibidas por la empresa y anuncia una iniciativa parlamentaria para que todas las empresas que decidan salir de España tengan que devolver hasta el último euro que hayan recibido en ayudas del estado español.

Nuestro país no puede permitirse empresas pirata como Ferrovial que se aprovechan del dinero público y luego se van a otro país para no pagar los impuestos que les corresponden. Presentaremos una iniciativa en el Congreso para que devuelvan hasta el último euro que se llevaron. pic.twitter.com/126Wu2IZvF

— Ione Belarra (@ionebelarra) March 2, 2023

Cabe añadir que, aunque lo que dice Ione Belarra sin ser cesada en realidad lo dice el gobierno de España, en este caso ni siquiera se intenta escenificar demasiado una separación entre el PSOE y Podemos, algo que por otro lado explica perfectamente la huida de Ferrovial.

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Resulta interesante señalar como primera reflexión que Ferrovial es una empresa española que lleva en España desde 1952. Es decir, Ferrovial lleva 70 años ganado dinero, creando empleo, creciendo y pagando impuestos en España, con todos los gobiernos que ha habido de todos los signos, y sin embargo toma la decisión de llevarse su sede social fuera de España justo ahora y justo con este gobierno. Será casualidad. Había otros países con impuestos más bajos que los nuestros pero hasta ahora Ferrovial no se había planteado un cambio de sede social. Han tenido que llegar insultando a los empresarios los socialistas, los comunistas, los golpistas y los filoetarras para que haya llegado esta decisión. Para compensar a Ferrovial o a otras empresas por tener que pagar en España más impuestos o padecer de condiciones de financiación más difíciles, el gobierno ha decidido cubrirlas de insultos todos los días. Te llaman pirata o antipatriota si te vas, pero te llaman usurero, despiadado, explotador, defraudador y terrorista si te quedas. No hay un sólo gobierno en Europa que trate así a sus propias empresas, las que les llenan de ingresos fiscales sus propias arcas. Amancio Ortega no sólo es un patriota por no haberse marchado o exigido disculpas: es un santo.

25% de paro y Amancio Ortega tercero en el ranking mundial de ricos. Democracia ¿Donde? Terrorista ¿Quien?

— Pablo Iglesias 🔻(R) (@PabloIglesias) August 7, 2012

🎥 "Aceptar la donación de Amancio Ortega supone blanquear acciones como la evasión de impuestos y la vulneración de derechos laborales. Necesitamos una buena financiación de la sanidad pública que venga de los impuestos de todos".@ionebelarra en @EspejoPublico pic.twitter.com/ze50PDWQru

— Podemos (@PODEMOS) May 20, 2019

Una cosa que puede provocar el gobierno si decide efectivamente crear una ley para que todas las empresas que salgan de España tengan que devolver las ayudas recibidas, es una auténtica estampida empresarial antes de que se apruebe esa norma. Si primero creas un infierno empresarial y después apruebas una norma como esa, con esa conjunción estás provocando y acaso deseando esa estampida. Naturalmente el problema ya no es sólo que las empresas se vayan, sino a ver qué empresa va a venir a España de fuera con este marco fiscal, financiero y político. Podríamos decir que una norma de este tipo, no digamos si pretende ser retroactiva, sería totalmente ilegal, por no mencionar la libre circulación de personas y capitales que supuestamente existe en la Unión Europea, pero con el Constitucional tomado por activistas confesos de extrema izquierda no apostaremos por excluir ningún escenario absurdo e irracional.

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Naturalmente si una empresa recibe una ayuda, una subvención o un contrato público no es un regalo. Si es un contrato es a cambio de una obra o un servicio, no como una gracia del estado sino porque la empresa le hace la mejor oferta al estado. Si la empresa tiene que devolver lo cobrado, también se tendría que deshacer la obra o devolver el servicio. Si se trata de una ayuda o una subvención, se supone que no es una dádiva sino una medida social. La empresa la recibe porque por ejemplo el gobierno quiere promocionar un tipo de energía frente a otra o cierto tipo de inversiones frente a otras, o crear empleo en un sector determinado. Es para conseguir esos objetivos y no simplemente para favorecer a la empresa que concede subvenciones y ayudas. Si se devuelven las ayudas, habría también que deshacer y reintegrar a la empresa todo lo conseguido a través de esas ayudas. Respecto a los ERTE durante la pandemia, aparte de que la paralización del país no fue una decisión empresarial sino gubernamental, podríamos preguntarnos si la beneficiaria de los ERTE era la empresa o lo eran los trabajadores e incluso el propio gobierno, tratando de evitar con una medida el colapso que provocaba con otra.

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La lógica de que las ayudas públicas convierten a las personas y a las empresas en esclavas del estado podría por lo demás llevarnos muy lejos. Si, por ejemplo, un joven estudia en una universidad pública pagada con los impuestos de todos y después se marcha a trabajar a un país extranjero donde quizá pague menos impuestos y cobre más dinero, ¿es un pirata y un antipatriota y hay que prohibírselo o exigirle al menos que devuelva el coste de sus estudios?

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Por no mencionar, por poner otro ejemplo, el supuesto de una persona de fuera de Navarra que haya estudiado en la Universidad Pública de Navarra para después trabajar en otra comunidad autónoma. Un médico, pongamos por caso. ¿Se le debe prohibir ejercer fuera de Navarra o exigirle el dinero hasta el último euro? Y si es una empresa la que ha recibido una ayuda en una comunidad autónoma, ¿debe prohibírsele que cambie de sede social a otra comunidad autónoma? ¿Va a convertirse España en una cárcel con 17 celdas? Alternativamente podemos sacar del poder por el desagüe a los actuales partidos de gobierno, no ya para impedir completamente todos los daños pero al menos para ponerles freno y para empezar a tratar cuanto antes de repararlos.

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