El presente escrito, motivado por las últimas y dolorosas desgracias acontecidas en líneas varias del sistema ferroviario español, no pretende ser una producción de rigor analítico. Más bien, se trata de una especie de libelo sintético que justifica el empleo de determinados términos en la justa y sincera crítica política, más allá de los partidismos y de los gustos personales.

Aunque el péndulo electoral esté transmitiendo progresivas señales de esperanza que apunten al fin de más de una era de engaños, no se puede negar que se vive en algo más que una maliciosa y cínica mentira. Esta es transmitida por quienes, en ocasiones, son alumnos aventajados de otras instancias superiores, si bien, bajo ningún concepto, esto no les exime de responsabilidad.

Se nos hace creer que España es un país de vanguardia, que está en cabeza de cualquier clase de progreso (no necesariamente aquel que resulta ser una negación del curso de la naturaleza y que por ello mismo es imposible de admitir tal término). Se utiliza con mucha frecuencia una serie de términos relacionados con la resiliencia, la sostenibilidad y la justicia.

Pero lo único cierto es que España es una potencia turística, gastronómica, natural y cultural. Es posible que atraigamos a inversores y a estudiantes hispanoamericanos que busquen la seguridad jurídica que las expresiones mayores del narcoestatismo no les pueden ofrecer (aparte de que muchos intenten refugiarse de las atrocidades narcocomunistas allá donde aún no hay tanta degeneración económica y, a su vez, hay similitudes culturales, espirituales y lingüísticas).

No es falso que atraigamos a británicos, germánicos y nórdicos que deseen trabajar en remoto o disfrutar de una jubilacion con una cantidad mucho mayor de horas de sol. Lo mismo en relación a los eslavos que invierten en determinadas zonas del Mediterráneo, no solo aprovechando determinadas modas, sino aprovechando también una evidente lejanía de las regiones más inestables, inseguras y bélicas de Ucrania así como de Rusia en sí.

Pero cuando se trata de números, la cuestión puede cambiar notoriamente. La inversión extranjera no deja de desplomarse mientras que la cantidad de extranjeros con nacionalidades china y rumana está disminuyendo considerablemente. No se están yendo a otros países ni desesperándose ante el auge innegable del comercio electrónico, sino que consideran que sus países ya les ofrecen mejores condiciones económicas, aparte de crecer más que nosotros.

En cualquier caso, el ciudadano de a pie, al margen de su clase social y de su nivel de renta, es la principal víctima de una situación de progresiva degeneración económica y política que repercute en su bolsillo. Evidentemente, no todo el mundo sufre estos problemas en la misma medida, del mismo modo que una infección respiratoria no se desarrolla de una manera homogénea en todos los organismos.

El coste de vida es cada vez más elevado, pero no porque el nivel de vida haya mejorado considerablemente (lo cual ocurre en países como Suiza y, en cierto modo, en Noruega). En las últimas décadas, el salario medio ha sufrido un estancamiento notorio en España, figurando entre los países europeos donde menor progreso al respecto ha podido darse.

La alimentación se encarece debido a la inflación (pudiendo hacerlo, en cierto medida, debido a las cláusulas «verdes» que repercuten sobre la producción agroganadera). Esto también ocurre con los combustibles y con los materiales de construcción que se utilizan en las viviendas (cabe hablar de otra clase de piezas de ingeniería industrial y electrónica).

De esta forma, la compra de productos básicos puede ser relativamente más costosa que algunas opciones de hosteleria. Luego, la vivienda es cada vez más inaccesible, tanto en venta como en alquiler (a ello se le suma una corrupción urbanística y un sobrepeso normativo que bloquean la edificabilidad necesaria así como ciertos problemas de inseguridad jurídica que favorecen la ocupación ilegal).

Pero como se ha dicho, nada de ello refleja mejoras en la microeconomía (de hecho, hay bienes más asequibles en territorios más ricos y pujantes como Baviera y los Emiratos Árabes Unidos). Otra cosa es que por normativa se dispare el salario mínimo interprofesional o se establezcan nuevos «ingresos mínimos vitales» que simplemente desincentivan la búsqueda de empleo y sirven para el clientelismo consistorial y electoral.

Los salarios se han estancado, pero es que, a la inflación generalizada, se le suma una progresiva pérdida de ingresos netos. La presión fiscal sobre la empresa y sobre el trabajador se han disparado considerablemente, sin haber previsiones de un freno a corto plazo. Basta con remitirse a conceptos como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, el IVA, el IRPF, el ITP y las cotizaciones a la Seguridad Social.

De hecho, mientras que la corrupta y prebendaria clase política cobra unos salarios totalmente desviados de la realidad (aparte de la poda necesaria, intrínseca a ese deseado proceso de reducción de la hipertrofia estatal) y buena parte de los peones de la sustitución demográfica y la invasión migratoria descontrolada reciben «desproporcionadas ayudas», se pretende monitorizar hasta la más simple y básica transferencia de dinero entre familiares, parejas y amigos.

La cuestión es que cada vez es más difícil considerar que los impuestos son equivalentes a las tasas o cuotas que se pueden pagar por un servicio (como, por ejemplo, puede ocurrir con la fibra óptica o con un servicio de limpieza a domicilio). Más bien son cuotas abusivas, propias de un robo en toda regla, que van ligadas a un escenario de progresivo endeudicidio.

La calidad no se paga, sino que se castiga al que innova y se esfuerza para salir adelante, tanto en beneficio personal y familiar como de la sociedad y de la nación en su conjunto. Lo que provee el Estado dista mucho de haber mejorado (muchas veces, estas provisiones se dan bajo un monopolio a efectos prácticos) así como de tener unas condiciones propias del «Primer Mundo».

Hay una cantidad innumerable de ejemplos: infraestructuras técnicas obsoletas en la Administración Pública, trenes cada vez más lentos, inseguros y peligrosos para la integridad física, hospitales estatales colapsados, juzgados sobrepasados por la lentitud y espacios públicos cada vez más inseguros (precisamente, sufren más esto las clases menos pudientes e, incluso, los inmigrantes legales, honrados y respetuosos).

Estas realidades no son ejemplos rimbombantes de las tertulias ideológicas o de la literatura de análisis político, sino situaciones que palpa el ciudadano de a pie en su día a día. España roza cada vez más los estándares de un país tercermundista (en algunos aspectos, parece haber mejorías en economías emergentes como la hindú), dejando aparte el deterioro institucional que la asemeja más a los países hispanoamericanos que cayeron bajo las garras del Foro de Sao Paulo.

La situación se debe de asumir, pero ello no implica aceptarlo a modo conformista. Se debe de denunciar esto sin ninguna clase de tapujo, en conciencia. Hay que pedir un cambio de rumbo que acabe con el socialismo en todas sus modalidades, más allá de expulsar a la siniestra organización que dice «gobernar». De igual modo, habría que cuestionarse públicamente si merece la pena seguir siendo mentalmente sumisos a un expolio fiscal de una mafia, sin retornos.