En los últimos días hemos sabido que el abortista Carlos Morín ponía un precio a la muerte: 4.000 euros por aborto. Daba igual tanto el estado de gestación de la madre como los problemas que ésta tuviera. No ofrecía ninguna otra solución alternativa al aborto. Tan sólo animaba a las madres a mentir sobre su estado de salud psíquico para poder cubrirse las espaldas y justificar que los abortos que practicaba eran "legales". "Éstas eran tan sólo cuestiones de burocracia", decía según puso de manifiesto en su día el vídeo que se le grabó con cámara oculta. Este vídeo mostró al mundo entero cómo toda una industria del aborto vulnera la ya permisiva ley que el Parlamento Español con mayoría socialista aprobó en 1985, y que ahora interpretan del modo más extensivo posible.
Un vídeo, el danés, que, además, ha obligado a la Administración a actuar. Porque cuando existe peligro físico (embarazo ectópico, por ejemplo) no se considera aborto en las estadísticas oficiales. Y los psiquiatras están de acuerdo en que el aborto nunca está indicado cuando una mujer sufre enfermedades o trastornos psiquiátricos. Al revés, el aborto supone tal trauma que empeora el cuadro. ¿A qué esperan las autoridades sanitarias para cumplir y hacer cumplir la Ley? Con la actuación de la Policía judicial en Barcelona, durante la semana pasada, puede existir un antes y un después.
