Nuestro Gobierno, además de ser el número uno en recortes sociales y gestionar de forma tan somera la crítica situación económica en la que vivimos, es el primer Ejecutivo de nuestra democracia que intenta conculcar los derechos de presunción de inocencia, tutela judicial efectiva y libertad de mercado, todo de un plumazo.
En estos días en los que se discute la idoneidad o no de la “Ley Sinde”, hábilmente introducida como una disposición de la de Economía sostenible, quiero denunciar que el ministerio de cultura debería, para su redacción, no haberse dejado influenciar y presionar por el lobby cinematográfico estadounidense, como muestran los cables filtrados por wikileaks y desde un prisma de la adaptabilidad de la norma al entorno, darse cuenta que esta va intrínsecamente unida a un intento de preservar un
modelo completamente insostenible e incompatible con la nueva era digital.. .
Concretamente la ministra socialista íntimamente relacionada con la industria cinematográfica, mediante la modificación de 4 leyes, quiere imponer que sea una comisión la encargada de sancionar e imponer medidas cautelares a las páginas web que
por ejemplo tengan un ánimo de lucro indirecto. Es decir que si un blog personal nombra a una web de la “lista Sinde” puede ser inmediatamente cerrado coartando por tanto la libertad de expresión del individuo y a la vez ignorando el derecho
constitucional a la tutela judicial efectiva, pues va a ser un organismo dependiente del gobierno el encargado de discernir si prevalecen derechos fundamentales recogidos en la Constitución o el de la propiedad intelectual.
La ministra quiere a golpe de legislación, establecer un procedimiento primitivo a la carta para sancionar de forma arbitraria y sin parangón casos en los que diferentes jueces españoles y europeos no encontraban la más mínima reminiscencia de delito. Los mecanismos preventivos que se quieren usar estarían equiparando un delito contra la propiedad intelectual con uno contra la salud pública, dándole mayor importancia, arbitrariamente, al primero que a derechos fundamentales.
Es cierto que el derecho a la propiedad intelectual merece de cierta protección legal y que el autor tiene derecho a vivir de su trabajo. Lo que sí debemos criticar es: primero que todo lo que la obra presuntamente pueda tocar lo convierta también en propiedad, como está ocurriendo con el canon digital en discos duros, laptops, USB´s. Y segundo que no podemos dejar que un grupo de presión, unilateralmente, sea el encargado de regular y coartar la Red, sin escuchar antes la opinión del ciudadano, pues es él y solo él quien cuenta dentro de su esfera jurídica con el derecho humano de acceso a la cultura.
