Comienza un nuevo curso. Algo que, en estos días, está haciendo correr ríos de tinta en todos los medios escritos y ocupando espacios en los audiovisuales. Todos ellos traen como argumentos informativos los aspectos más destacados del ámbito educativo. Y resulta llamativo comprobar cómo se ha abierto hueco el debate sobre la polémica materia de Educación para la Ciudadanía; hace poco más de un año –cuando las objeciones en toda España alcanzaban escasamente las cuatro mil- era común, por parte tanto de políticos de todos los signos como de los medios de comunicación –salvo contadísimas excepciones-, ignorar el debate en torno al derecho de los padres a educar a los hijos conforme a sus convicciones.
¿Qué ha hecho entonces que Educación para la Ciudadanía se haya convertido en uno de los asuntos más destacados en el arranque del presente curso? En mi opinión, la participación activa de los ciudadanos; es decir, que seguramente tengan mucho que ver las más de 44.500 objeciones contabilizadas a nivel nacional; o el empuje de las más de 90 plataformas autonómicas de padres defensoras del derecho y la libertad de educación. Ellas han conseguido que actualmente existan mayoría de sentencias y autos favorables a los padres y casi 400 recursos pendientes de resolver en diferentes instancias judiciales, algunos en el Supremo. Ellas han conseguido que comunidades como Andalucía o La Rioja hayan tenido que reconocer el derecho a la objeción; y otras como Valencia, Madrid o Murcia se hayan manifestado también a favor del reconocimiento de este derecho civil fundamental.
Hasta tal punto está cobrando interés el debate sobre la EpC y la libertad de educación que aquellos que hace pocos meses ridiculizaban las primeras sentencias favorables a los objetores ahora reclaman celeridad al Supremo como si pidieran el final del partido y olvidando que no es dicho Tribunal la instancia última en este proceso judicial.
No podemos ignorar que en algunas comunidades se ha impartido EpC en 3º de la E.S.O. durante el curso pasado y que en éste se implanta en el resto del territorio nacional, además de extenderse a 4º de E.S.O. y a 1º de Bachillerato. Ambos factores harán que, previsiblemente, aumente el número de padres preocupados por lo que estudian sus hijos en dichas materias. Y esto es algo que parece poner nerviosos a los responsables políticos, a juzgar por las cada vez más habituales declaraciones de la ministra Cabrera y por sus reiteradas negativas, y las del Presidente del Gobierno, a recibir a los padres y madres objetores, lo que resulta asombroso en quienes han hecho del talante, el diálogo y el consenso términos de cabecera de su diccionario particular (“dime de que presumes y te diré de lo que careces”). Además, un Ejecutivo acostumbrado a gobernar a golpe de encuesta debe de haber acusado que más del 62% de los españoles estén de acuerdo con el derecho de objeción a EpC –entre los que votaron al PSOE asciende al 55% los favorables a la objeción, el 66% entre los que votaron PP, el 38% IU y un 66% entre los que se declaran votantes de otras opciones políticas- (según encuesta de El Mundo-Sigma Dos publicada el pasado 28 de julio).
Desde que comenzó la movilización social a favor de la objeción, los partidarios de la asignatura han ido esgrimiendo distintos argumentos. Primero negaron que se tratara de una materia adoctrinadora cuando tiene por objeto “profundizar en la ética personal de los alumnos, contribuir a que se construyan un pensamiento y un proyecto de vida propios y una conciencia moral”. Además, las sentencias judiciales que se van conociendo parecen reconocer el carácter ideológico de la materia.
De esta negación se pasó a declarar el supuesto derecho del Estado en la formación moral de los ciudadanos –el profesor José Antonio Marina, gran “gurú” de la FERE, lo suaviza cuando en lugar del Estado habla del sistema educativo que, a efectos prácticos, viene a ser lo mismo-. Para justificar esta idea parten los defensores de la EpC de dos asertos: que los padres nos hemos mostrado incapaces de educar a nuestros hijos y por eso la escuela/el Estado debe transmitir un mínimo de valores que aseguren la convivencia en sociedad; y que existen una ética privada, cuyo ámbito de educación corresponde a la familia, y otra pública, cuyo ámbito de educación corresponde al Estado.
Con la primera afirmación –que suena a “quítate tú que me pongo yo”- se permiten tratar de ineptos a los padres sin más argumento que la alusión a lo mal que está la sociedad pero sin esgrimir razonamiento científico ni dato empírico alguno más allá de las noticias de las tres o la encuesta de turno; además, suponiendo que así fuera, ¿no se trataría de dar formación y medios a los padres para que pudiéramos educar correctamente a los hijos?
En cuanto a la segunda –ética privada/ética pública-, ¿es que pretenden que nos convirtamos en réplicas de Jeckyll/Hyde? ¿Es que debemos enseñar a nuestros hijos a comportarse de modo diferente en casa, en la parada del autobús, en el cole o en la piscina? ¿Es que vivir las virtudes/valores supone un comportamiento diferenciado si se hace a la vista de todos o en tu habitación? Si así fuera, ¿no estaríamos educando esquizofrénicos?
Pero, si ya es cuestionable la facultad del Estado para formar la conciencia de las personas, lo es más todavía cuando ese mismo Estado propone –como sostiene la EpC- por referente moral las leyes humanas aprobadas por los parlamentos y amparadas por una supuesta mayoría de ciudadanos. ¿Acaso no está la historia llena de hechos legales de funesto recuerdo?, a saber: la segregación racial en U.S.A., el “apartheid” en Sudáfrica, la condena de homosexuales en regímenes islámicos, los inocentes guillotinados en la Revolución Francesa, los regímenes totalitarios del siglo XX también se basaban en un cuerpo legislativo,… Legalidad y moralidad no siempre coinciden; por tanto, el cumplimiento de la ley no garantiza un comportamiento correcto.
A los objetores se nos acusa de querer hacer política con la EpC desgastando al Gobierno –el pensamiento uniforme nos atribuye a todos ser fundamentalistas católicos y del PP, cuando no directamente fachas-, pero el hecho es que en las tres últimas décadas hemos tenido en España seis leyes de educación, casi una por legislatura. ¿Será mucho pedir que los políticos –y, por ende, las ideologías partidistas- dejen de inmiscuirse en la educación de nuestros hijos y podamos alcanzar un acuerdo de Estado similar al del resto de los países de nuestro entorno?
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Josemaría Tovar Barge.
