La precariedad, entendida como la insuficiencia de robustez y solvencia financiera para nuestras necesidades y preferencias de inversión, consumo/gasto y ahorro, es algo que taxativa y estrictamente no se puede negar.

Distinto es que podamos negar tanto un enfoque en concreto así como un bagaje de soluciones, lo cual es cierto en este caso en concreto (también en otros, la verdad). Pero discrepar de la resolución no implica oponerse a reconocer la existencia del problema.

La precariedad laboral existe en España así como en otros países de Europa. Pese a que las necesidades básicas de alimentación e higiene queden cubiertas en casi todos los casos, hay mucha gente en nómina que tiene quebraderos de cabeza.

El sufrimiento no es exclusivo de quienes cobran mensualmente, en concepto neto, menos de un millar de euros. No pocos mileuristas (no solo los de las grandes áreas metropolitanas) tienen preocupaciones para llegar de mes o emprender ciertos proyectos de vida que requieran del bolsillo.

Eso sí, una de las causas principales es completamente negada o silenciada (no nos estamos refiriendo en este caso a las cuestiones más relacionadas con las regulaciones laborales, que no es que deban de ser eludidas), aunque la abordaremos a continuación.

La lacra del expolio fiscal

Lamentablemente, muchos son inconscientes del elegante atraco que mensualmente se perpetra por medio de nuestras nóminas (máxime cuando se considera que la existencia del Estado o Estado moderno es legítima y necesaria para nuestra supervivencia, para nuestro bien en general).

Es fácil (además de comprensible y legítimo) quejarse del coste de vida en general o de otros importes externos en general (por ejemplo, el precio del alquiler o de la factura eléctrica, si no nos vamos a bienes y servicios de muy diversa índole).

Ahora bien, hemos de ser conscientes de los graves estragos del intervencionismo económico (notorio en mayor o en menor medida, ya que el socialismo en su sentido amplio se puede considerar como algo imperante en la actualidad), que se traduce, sin duda, entre otras cosas, en expolio fiscal.

Podemos poner ejemplos concretos, aunque no entremos en tecnicismos excesivos (el objetivo principal de este artículo es llamar a la reflexión), bastante reflejados en la realidad, en nuestro día a día, aunque intenten adormecernos con propaganda.

El llamado IRPF, que ha de interpretarse como una penalización económica al trabajo, supone la pérdida de, al menos, entre cien y trescientos euros mensuales. Este se aplica directamente sobre nuestro salario en bruto.

Las cotizaciones a la Seguridad Social son bastante abusivas tanto para el empresario como para el asalariado. Además, se obliga a abonarlas, de modo que, por ejemplo, no se le da al trabajador la libertad de pagar solo un servicio de aseguramiento privado.

Cuando hace cualquier compra, que no necesariamente tiene que ser de un inmueble, un automóvil o un dispositivo electrónico, no se libra de una serie de recargos, sin excepciones. Hablamos del Impuesto sobre el Valor Añadido.

Además, en este caso, no olvidemos subidas de precios que no obedecen a la espontánea ley de la oferta y la demanda, sino a la inflación monetaria (fenómeno causado a medida que se expanden las masas de dinero fiduciario y artificial).

Hay más ejemplos (como decía Murray Rothbard, siempre habría un lenguaje de mejora para su justificación). Podríamos hablar también de los costes estatales tanto directos como indirectos que conllevan diversos trámites burocráticos que contemplan el abono de tasas en no pocos casos.

De todos modos, la cuestión es tener en cuenta que el continuo atraco que perpetra el socialista estatalismo es un lastre para nuestra propiedad, de modo que nos condena tanto a la precariedad como a la falta de libertad financiera.