La presunción de inocencia fiscal representa un principio fundamental que protege al contribuyente frente al poder del estado, invirtiendo la carga de la prueba: el fisco debe demostrar la culpabilidad, no al revés. En Argentina, la Ley 27.799, conocida como «Ley de Inocencia Fiscal», promulgada el 2 de enero de 2026 bajo el gobierno de Javier Milei, marca un hito al establecer este principio de manera explícita en el ámbito tributario.
Esta norma abandona la histórica «presunción de culpabilidad» de hecho que caracterizaba al sistema anterior, donde la hacienda argentina, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP, ahora ARCA) trataba a los contribuyentes como potenciales evasores. Ahora, se presume la exactitud de las declaraciones juradas presentadas en tiempo y forma, con efecto liberatorio que blinda períodos fiscales pasados, salvo discrepancias significativas como omisiones superiores al 15% o facturas falsas.
Además, eleva umbrales para delitos de evasión (de 1,5 millones a 100 millones de pesos para evasión simple) y reduce plazos de prescripción a 3 años, fomentando la seguridad jurídica y atrayendo inversiones, pero sobre todo desmantelando un auténtico estado de terror.
En contraste, España, a través de la Agencia Tributaria (Hacienda), reconoce constitucionalmente la presunción de inocencia (artículo 24.2 de la Constitución), pero en la práctica tributaria opera de forma más restrictiva.
Aunque el Tribunal Supremo ha reiterado que Hacienda debe probar la culpabilidad para imponer sanciones, evitando automatismos, el sistema a menudo presume la veracidad de los actos administrativos, obligando al contribuyente a desvirtuarlo. Esto genera una litigiosidad elevada, con un enfoque punitivo presunto similar al antiguo modelo argentino, donde las inspecciones pueden extenderse años. Recientes fallos del Supremo enfatizan que no se puede sancionar sin motivar la intencionalidad, alineándose parcialmente con el nuevo paradigma argentino, pero sin una ley específica como la 27.799 que invierta la carga de forma general.
Esta dinámica ha llevado a emblemáticos casos donde contribuyentes, tras largos litigios, han triunfado frente al fisco, destacando la perseverancia requerida. En España, Xabi Alonso, exfutbolista, fue absuelto en 2020 tras un juicio de 5 años por presunto fraude de 5 millones de euros en derechos de imagen; la Audiencia Provincial de Madrid rechazó la acusación de Hacienda por falta de dolo.
Andrés Iniesta ganó en 2023 un recurso ante la Audiencia Nacional por liquidaciones de 2010-2012 (más de 2,1 millones de euros), anuladas tras 9 años de disputa por errores en cálculos de Hacienda sobre cesión de derechos.
Sergio Ramos obtuvo en 2023 la devolución de más de 2 millones por operaciones vinculadas, tras apelaciones prolongadas. Otros como Carles Puyol (1,1 millones devueltos tras 7 años) y Dani Pedrosa (absuelto en 2024 por fraude en motociclismo) ilustran cómo, tras batallas judiciales, los tribunales corrigen abusos administrativos.
Otro caso bien conocido es el de Agapito García, un empresario perseguido por Hacienda durante décadas que ha llegado a protagonizar el documental «Hechos Probados» del cineasta Alejo Moreno, el cual gira en torno a su figura, su caso y su persecución implacable, pese a las constantes y costosas victorias judiciales. La clave del documental sin embargo no es el caso concreto, sino sólo un ejemplo para ilustrar la omnipotencia abusiva del estado a través de Hacienda, la desprotección del ciudadano y la quiebra del principio de presunción de inocencia. Hablamos de futbolistas o empresarios porque sólo ellos, y a veces ni ellos, tienen capacidad y recursos para enfrentarse al estado. El resto se somete sea su caso con Hacienda justo o injusto.
Hablando de las posibilidades de recurso del ciudadano por vía administrativa o en los tribunales de Justicia, los datos evidencian que en la vía económico-administrativa, según la Memoria 2023, alrededor del 40% de las resoluciones favorecen al contribuyente. Hacienda sólo gana el 51% y otro 9% de los casos decaen por archivo o desestimiento. Es decir, Hacienda no tiene razón más que en la mitad de los casos. En vía judicial contencioso-administrativa, cuando se agota la via administrativa y se acude a los tribunales, los datos indican que cerca del 60% de las liquidaciones tributarias recurridas terminan estimadas total o parcialmente a favor del contribuyente en alguna instancia. El problema es que para muchos contribuyentes resulta más fácil aceptar las exigencias de Hacienda, aún pensando que son injustas, frente al escenario de tener que emprender causas judiciales tan largas como caras, o encarar la angustia de un proceso en el que se si no se acepta un trato, aunque el contribuyente lo considere injusto, puede acabar en la cárcel si lo rechaza. Es conocido el caso de diversos futbolistas a este respecto. Alguno de ellos ha tenido que jugarse la libertad por llevar al final su verdad. El dilema de aceptar una imposición injusta de Hacienda o acabar en la cárcel es comparable a una práctica de extorsión mafiosa.
La reforma argentina del “malvado” Milei busca prevenir tales odiseas prolongadas, promoviendo un fisco más equilibrado. De esto sin embargo no hablan la izquierda y sus medios, que siguen propagando en cambio bulos en torno a la reforma laboral de Milei. Por lo que se refiere a Hacienda el estado de derecho se encuentra casi suspendido en España para el contribuyente. Cuanto más dinero necesita el estado, más opresiva, injusta y desequilibrada se vuelve la maquinaria.
