¿Quién dijo que las cosas que se publican en la red son efímeras y desaparecen casi según son escritas? El caso publicado hace meses de una familia inmigrante marroquí, residente en Navarra, ha regresado con fuerza a la actualidad en las últimas horas. Se trata de una tía con dos sobrinos menores a su cargo que recibe en ayudas públicas la bonita cantidad mensual de 4.058 euros mensuales netos.
Las ayudas incluyen 1.487 euros mensuales en calidad de compensación por acogimiento familiar, una ayuda destinada al cuidado, la alimentación y la educación de los menores en situación de desamparo y legalmente tutelados por los tíos.
A esto se añaden los 1.470 euros del Ingreso Mínimo Vital, percibidos como ayuda destinada a cubrir las necesidades esenciales de los miembros adultos del hogar sin recursos.
Además la familia marroquí afincada en Navarra percibe 724 euros mensuales bajo el programa de ayudas de emergencias sociales, destinadas al pago de alquileres o suministros básicos.
Adicionalmente a todo lo anterior, la familia recibe 230 euros como complemento de Ayuda para la Infancia y 146 euros en bonos sociales para pagar el gas y la electricidad, debido al reconocimiento del umbral de vulnerabilidad del domicilio.
El caso resultó llamativo en su momento porque, como señala el economista Gonzalo Bernardos y cualquier persona con sentido común, recibir más de 4.000 euros en ayudas netas mensuales del gobierno sin que ningún adulto trabaje elimina cualquier incentivo o estímulo para buscar empleo. De hecho, las ayudas de esta familia resultan superiores a los ingresos mensuales de la mayoría de las familias de clase trabajadora española que madrugan y pagan impuestos para pagar sus gastos y los de esta familia extranjera que no trabaja.
El Gobierno de Navarra reconoció los datos publicados, pero alegó que se trata de las mismas ayudas a las que tiene derecho una familia española. Este es sin embargo justo el problema. Cabría preguntarse si ya las cuentas del estado español resultan sostenibles sólo con los nacionales que cobran más del gobierno por tumbarse a la bartola que el resto por trabajar, pero desde luego esas cuentas son completamente insostenibles si los españoles tienen que sostener a todas las personas del resto del mundo que quieran venir a no trabajar.
No sólo se trata de situaciones insostenibles sino injustas. Es decir, aún pudiendo sostenerse, que no se puede, no sería aceptable normalizar la cultura de la dependencia y el parasitismo presupuestario, naturalmente a costa de la gente que sí se esfuerza. Tienes lo que incentivas y una sociedad que desincentiva el trabajo e incentiva el parasitismo se encuentra abocada a la ruina, no a convertirse en el primer paraíso socialista exitoso de la historia. La condición de inmigrantes nos pone sobre aviso además del poderoso efecto llamada que generan este tipo de medidas, multiplicando exponencialmente la inviabilidad del sistema.
Es posible que la recuperación de este caso haya venido determinada por la publicación más recientemente de un caso similar, ocurrido en Vitoria, donde una familia okupa marroquí, recibiendo ayudas mensuales superiores a los 2.400 euros, fue desahuciada entre graves enfrentamientos violentos provocados por grupos abertzales y ultraizquierdistas. Se da la circunstancia no sólo de que esta familia estaba recibiendo una jugosa ayuda del gobierno, sino que además rechazó una alternativa habitacional y reclamaba una vivienda gratis a costa del gobierno vasco. Por contra la familia propietaria, que lleva litigando desde 2020 para recuperar el piso por necesidad, se encuentra en una situación vulnerable y de penuria reconocida. En todos estos casos no sólo nos encontramos ante una multitud extranjera colgando del presupuesto sin trabajar, sin haber cotizado y sin haber pagado impuestos, sino que aparte de las ayudas que recibe genera costes añadidos como la sanidad pública, la educación y todos los servicios que ellos disfrutan y pagamos el resto.
Al parecer a más gente de la que podría pensarse a primera vista se le escapa el hecho de que para poder tener a un grupo de personas cobrando de las arcas públicas, tiene que haber otro grupo aportando a esas arcas. Estar cobrando de las arcas públicas en vez de aportando tiene que responder a un estado de necesidad justificada y tiene que resultar extraordinario. Si lo ordinario es vivir de las ayudas y lo extraordinario trabajar y aportar a las arcas, el sistema colapsa. Hay dos caminos para acelerar el colapso: desincentivar el trabajo e incentivar el parasitismo y también importar sin control población dependiente. Cuando el sistema colapse no sólo será la ruina económica sino que toda esta gente, en cuando se seque el grifo o se quiera acometer cualquier medida de rigor presupuestario para evitar la quiebra del estado, saldrá a quemar las calles exigiendo sus impagables cheques estatales como precio a la paz, teniendo como fin este cuento que no tendremos paz ni dinero.
