El Índice de Burocracia de las Comunidades Autónomas de España es un estudio impulsado por el Instituto Juan de Mariana y elaborado por la Fundación Internacional para la Libertad y el Adam Smith Center for Economic Freedom. Este índice analiza y cuantifica las trabas administrativas y plazos que afrontan los emprendedores para poner en marcha sus negocios en las distintas regiones de España. El objetivo del análisis es medir los obstáculos burocráticos que dificultan la actividad empresarial, identificar las diferencias entre territorios y promover reformas que permitan reducir los costes administrativos que soportan empresas y emprendedores. Para ello se han tenido en cuenta, lo cual ya de por sí a causa de su número resulta bastante descriptivo del problema, nada menos que 2.359 trámites y etapas administrativas, correspondientes a 153 procesos de apertura de nueve modelos empresariales en las diecisiete comunidades autónomas. La investigación identifica sin embargo a los ayuntamientos como el principal cuello de botella, concentrando el 66% del tiempo necesario para abrir una empresa, equivalente a 23,9 días de espera. Las diferencias son especialmente llamativas en determinadas actividades: abrir una fábrica de muebles requiere 24 días en Madrid frente a 102,7 en Navarra.

Efectivamente, Navarra no sale bien parada en el estudio. A menudo nos preguntamos por qué Navarra no despega y estudios como este nos ayudan a vislumbrar la respuesta. Mientras que abrir una empresa en Madrid requiere una media de 22,6 días, en Navarra la espera asciende a 55,6 días, más de un mes adicional de espera en Navarra. El informe estima que el coste de oportunidad asociado a las demoras burocráticas en la apertura de empresas oscila entre 1.200 y 5.700 millones de euros anuales perdidos. Si todas las comunidades autónomas tuvieran los mismos tiempos de apertura que Madrid, dicho coste podría reducirse entre 450 y 2.150 millones de euros al año. Las conclusiones apuntan a la necesidad de generalizar las declaraciones responsables, limitar las autorizaciones previas, establecer plazos administrativos efectivos y agilizar los suministros básicos. En definitiva, menos burocracia para facilitar la inversión, impulsar la creación de empresas y favorecer la prosperidad económica.

Licencias de actividad, adecuaciones técnicas (acústica, incendios, extracción), constitución de una sociedad, certificaciones de instalaciones, seguros, cursos homologados, notas simples y cargas de registro, renovaciones, inspecciones, modificaciones de instalaciones, nóminas, contratos, obligaciones fiscales… La jungla de trámites que debe atravesar una persona para iniciar una actividad empresarial es un infierno en términos de esfuerzo, de tiempo y de coste. Son multitud de requisitos para cualquier cosa pero además en un proceso lentísimo y por supuesto caro, por no hablar del coste de oportunidad del tiempo perdido y la espera. Todo esto es un mal general en España pero, para escaso consuelo de tontos, como ilustran las gráficas que acompañan a esta noticia, encima Navarra es la comunidad en particular con mayores plazos y trabas, capitaneada por el maravilloso ayuntamiento de Pamplona dirigido por Bildu. Decíamos que Navarra es más lenta que Madrid, pero la verdad para nuestra ruina futura es que somos más lentos que todo el resto de comunidades de España.

Ya en otro contexto el crecimiento continuo de la burocracia, el papeleo y los trámites de todo tipo para hacer o frenar cualquier cosa sería intolerable, porque todo esto tiene un alto precio en la medida en que desincentiva o evita el emprendimiento y el comercio, lo encarece, la ralentiza y lo hace menos competitivo. Una burocracia creciente es además una burocracia cambiante, cuando lo que quiere cualquier emprendedor es saber a qué atenerse respecto al marco en que va emprender un proyecto a largo plazo. Cualquiera, por otra parte, en esta época puede elegir otro país, otra comunidad u otro ayuntamiento para iniciar su negocio. La burocracia espanta la la inversión, la riqueza y el desarrollo. Pero es que ahora tenemos un elemento más a añadir a la ecuación, que hace todavía más incomprensibles e intolerables todo este tipo de obstáculos burocráticos y sus costes y plazos. La inteligencia artificial, si no ya mismo en un futuro muy próximo, precisamente es en el campo burocrático, donde todo se limita a aplicar normas de modo automático, donde debería intriducir un cambio revolucionario.

El personal burocrático con todos sus costes debería reducirse a su mínima expresión y los plazos actuales , gracias a una IA capaz de resolver en segundos lo que ahora exige semanas, deberían a pasar a ser casi instantáneos. El problema con la IA es que Europa se está quedando absolutamente descolgada de Estados Unidos y China en su desarrollo. De este modo, no es sólo que cada vez tengamos una burocracia analógica cada vez más cara, lenta, opresiva e incompetente, sino que estamos en medio de una revolución tecnológica gracias a la IA de la que nos estamos quedando al margen. No es que los demás vayan a tener una burocracia analógica más rápida, que podía ser el problema hasta ahora, sino que nosotros vamos a tener una burocracia analógica pre-IA en un marco que va a ser como seguir usando un burro viejo y gordinflón cuando los demás ya empiezan a ir en avión.