Tal como se esperaba se ha publicado el decreto sobre vivienda con el que Pedro Sánchez trata de presentarse como el solucionador de la crisis que él mismo ha creado. Por un lado, porque tras ocho años de gobierno Sánchez es responsable de la situación de la vivienda en España: la situación es fruto de sus políticas. Por otra parte, porque el equipo de asesores y la sincronizada han creado el caso mediático de Maricarmen para usarlo como el trampolín que ahora justifica publicar este decreto y mostrar a Sánchez como un salvador. Presentarse sin embargo como salvador del problema que uno mismo ha creado para presentarse como salvador debería tener otro nombre, como por ejemplo farsante.
El decreto publicado contiene medidas diversas cuyo denominador común viene a ser de hecho paralizar casi con carácter general los desahucios. Como consecuencia de esta paralización, el gobierno presenta dos medidas alternativas: ofrecer una alternativa habitacional a los inquilinos que no pueden o no quieren pagar o que la administración se haga cargo de los impagos pendientes al propietario. Es decir, bien por una vía o la otra nadie se queda en teoría sin techo. Si es por una vía la administración buscará una alternativa habitacional y si es por la otra se hará cargo de los impagos del inquilino que permanezca en el piso. Otra cosa es con qué eficacia se pueda ejecutar todo esto con rapidez y sin suponer un grave quebranto o para los propietarios, o para las cuentas públicas.
En realidad hasta cierto punto se podría decir que el decreto representaría un avance, en el sentido de que sobre quien no se puede hacer recaer el problema económico del inquilino es sobre el propietario. O sea, si una persona realmente es vulnerable y necesita una ayuda, es el estado el que tiene que hacerse cargo, no el propietario, que generalmente es un mero trabajador que ha invertido en un piso el dinero que ha ganado esforzadamente durante años de trabajo, o alguien que ha heredado el piso duramente adquirido por sus padres y lo ha puesto en alquiler, o una persona cualquiera que mediante esa inversión tiene una renta que apoya sus ingresos familiares. El estado existe o para nada o para hacerse cargo de las personas que realmente no tengan recursos. Lo que no puede ser es que bajo el pretexto de ser un escudo social exista un estado carísimo, pero que después el escudo social no exista y se cargue ese peso sobre los propietarios. Un inquilino no puede dejar de pagar igual que un cliente no puede salir de un súper o de una tienda de ropa sin pasar por la caja. El estado o nos lo ahorramos o está para ayudar económicamente a esas personas vulnerables: sólo por cierto a las personas vulnerables, no a los que no quieren trabajar y vivir a costa del resto. Pagamos un estado para que no sea la ley de la jungla, lo que no puede ser es que paguemos el estado y encima sea la ley de la jungla.
Otra cuestión que el decreto no aborda con decisión es precisamente la diferenciación entre vulnerables y caraduras. Hasta cierto punto se podría pensar que todo posible desahuciado es un vulnerable, deshauciado por no tener recursos, pero habría que preguntarse por qué no tiene recursos. Es decir, primero habría que ver si los tiene o no los tiene. Si los tiene es más un estafador que un jeta, si pretende vivir sin pagar a costa de los demás. No puede ser que la izquierda santifique al caradura y estafador que quiere vivir de los demás mientras criminaliza al propietario del que el caradura se está aprovechando. Alternativamente, alguien puede no tener recursos pero no por no poder obtenerlos, sino por negarse a trabajar para conseguirlos. La categoría de persona vulnerable tiene que tener límite por algún sitio. No puede ser infinita. No puede ser que alguien pueda decidir no trabajar y vivir a costa de los que sí lo hacen a base de ayudas y rentas públicas por un lado y de impagos y fraudes por otro. No se puede incentivar a los caraduras frente a los trabajadores. No puede sobrevivir un modelo en que tendrás lo que incentivas y lo que incentivas es el caradurismo. No sólo es un modelo insostenible y destinado al fracaso, es que además es injusto.
El decreto impone la prohibición de que cualquier sociedad pueda comprar un inmueble por debajo del valor de tasación del 70% del precio, al menos hasta 2029 aunque a menudo este tipo de medidas se sabe cuando comienzan pero no cuando terminan. En principio se trata de impedir que los llamados “fondos buitre” compren vivienda, aunque por otro lado no se define fondo buitre porque es una categoría político-demagógica más que una categoría real. Por otra parte, son las políticas de izquierda las que precisamente favorecen a estos fantasmales fondos “buitre”. O sea, ¿quién compraría ahora el piso de Maricarmen otra vez con Maricarmen dentro y pagando 250 euros de alquiler en una zona donde los alquileres cuestan 3.000? O nadie o un fondo buitre, pagando por el piso una fracción de su valor. ¿O quién compraría varios apartamentos de un bloque asaltados por okupas? O nadie o un fondo buitre, dispuesto a pleitear o a contratar desokupas, por supuesto pagando por los apartamentos una fracción del valor.
El falso dilema de la izquierda es que hay que machacar al inquilino o al propietario. Por el contrario, el correcto funcionamiento del sistema consiste en que ambos tengan sus intereses alineados. En caso de que el inquilino caiga en una situación de vulnerabilidad, lo que tiene que hacer el estado es ayudar a ese inquilino para que pueda pagar al propietario, u ofrecerle una alternativa, no machacar al propietario o cargar sobre sus espaldas el peso del escudo social que debe sostener el estado, que las espaldas del propietario quizá no lo puedan soportar y que el estado en cambio cobra mucho por sostenerlo. No digamos cuando además el inquilino que no paga es un delincuente, un okupa o un jeta ante el que el estado de “progreso” deja al propietario totalmente desprotegido.
La hiperprotección que el decreto intenta otorgar a los inquilinos vulnerables, que de rebote puede beneficiar a otros no tan vulnerables, es por lo demás un arma de doble filo. Las barreras de salida actúan como barreras de entrada y viceversa. Si el estado no paga por la persona vulnerable, y por otro lado convierte en imposible desalojar a una persona vulnerable que no paga, nadie va a alquilar un piso a una persona vulnerable. Lo que puede conseguir el decreto Maricarmen es que nadie con el perfil de Maricarmen pueda conseguir que le alquilen un piso. Persiguiendo la hiperprotección de los vulnerables, lo que puede conseguirse es la expulsión del mercado de alquiler de los vulnerables.
Por supuesto el decreto no aborda el problema de fondo, que es uno de los dos problemas fundamentales de este decreto que por ejemplo también limita artificialmente, incluso por debajo de la inflación real, las subidas de precios de los alquileres. El gobierno parte de un error de diagnóstico al no reconocer que el problema en origen es la falta de vivienda. Hemos pasado de ser un país de 46 millones de habitantes a ser uno de 50, pero seguimos siendo un país en el que sólo hay casas para 46 millones de habitantes, porque apenas se ha construido en los últimos años, desde luego muy por debajo del crecimiento de la población. Puedes sostener que necesitas inmigrantes si puedes ofrecerles empleo y vivienda, en caso contrario tendrás paro, marginalidad, inseguridad y escasez de vivienda. Por consiguiente de nada sirve aplicar remedios paliativos, además con efectos muy negativos como prohibir los desahucios o limitar los precios, si no resuelves el problema de fondo construyendo vivienda. Además también hay que aumentar la red energética para poder conectar todas esas viviendas. Por supuesto lo fácil es limitar precios o prohibir desahucios, pero aunque legalmente puedes limitar el precio no puedes limitar la escasez. Si tenemos 50 millones de habitantes y casas para 46 es evidente que va a haber 4 millones de personas con problemas aunque a los otros 46 millones les blindes el precio y el alojamiento.
El otro gran problema del decreto Maricarmen, además de no abordar la necesidad de construir más vivienda, es que convierte al estado en dueño y señor de todos los pisos de España. Este es el gran pecado orginal de este decreto, a nivel económico, político y filosóifico. Tan sólo con una firma en un decreto, Sánchez pretende hacerse el amo de todos los pisos de España, como si fuera una expropiación chavista, para decidir lo que todo el mundo tiene que hacer con su piso, a qué precio alquilarlo, a quién venderlo, a quién alquilarlo, o por cuanto tiempo.
El piso lo pagas tú pero el amo es Sánchez, lo que nos lleva al siguiente punto. ¿Pretende realmente este decreto solucionar el problema de la vivienda? Tras ocho años de no hacer nada salvo promesas vacías y sólo a meses de las próximas elecciones generales y autonómicas, ¿Sánchez trata de solucionar un problema con la vivienda o un problema con las encuestas? Por supuesto el decreto Maricarmen no va a solucionar el problema de la vivienda, de hecho seguramente lo agrave, pero es que a lo mejor ni pretende solucionarlo. Es más, está por ver que Sánchez vaya a poder sacar adelante la votación de sus decretos en el Congreso. Pero eso da igual si lo que realmente pretende el decreto, desviando el foco de otros problemas como Ceuta o la corrupción, es elevar de cara a la campaña electoral la figura de Pedro Salvador y Magnífico, y eso con ayuda de toda la sincronizada puede conseguirlo, o por lo menos es el objetivo de cara al cual este decreto disparatado sí tiene sentido.
