El gobierno se encuentra en plena ofensiva para perseguir aún más si cabe a los propietarios de viviendas. Esta persecución a los pequeños propietarios es la respuesta a la crisis de la vivienda en lugar de construir más vivienda. Para justificar esta persecución, el gobierno usa sus propios medios más toda la galaxia de medios afines que lo rodean. La estrategia es presentar al propietario como un indeseable y además como un rico acaparador de multitud de inmuebles. Como el gran Wyoming pero sin bula. Para ello se están publicando datos que inducen a una total confusión.
Cuando se dice que sólo 47,2% de los propietarios que alquilan pisos son propietarios de un sólo piso, se está introduciendo la idea de que el 52,8% son «grandes tenedores» y grandes acaparadores de pisos. Por el contrario, cuando se desagregan los datos, lo que nos encontramos es que en ese 52,8% la gran mayoría son propietarios que sólo tienen una segunda vivienda en alquiler. Es decir, que casi el 70% de los caseros tiene sólo una o dos viviendas en alquiler.
Por el contrario, ¿cuántos son esos “grandes tenedores” con los que los medios nos bombardean constantemente y que la ley fija en quienes tienen 5 ó más viviendas alquiladas? Pues resulta que sólo son el 13,7%. Si pensamos en “grandes tenedores” con 10 ó más pisos sólo son el 3,6%.
En todo este asunto, sin embargo, partimos del error de considerar el tener pisos en alquiler como una especie de pecado original. Es decir, es falso que hay una pequeña cantidad de personas que se esté quedando con todo el mercado de alquiler, pero aunque fuera cierto, ¿es malo que alguien tenga muchos pisos en alquiler? O sea, durante años la propia izquierda ha estado predicando contra el ladrillo y la propiedad, proponiendo como alternativa el alquiler. Pero si la alternativa es el alquiler, tendrá que haber tenedores de pisos que alquilen masivamente viviendas. No podemos santificar por un lado el modelo del alquiler y criminalizar por otro lado a los propietarios que alquilan.
Otro error en este debate es pensar que los propietarios compran o alquilan pisos a los precios que quieren y que los precios de los alquileres y los pisos son resultado no de la oferta y la demanda, sino de la bondad o maldad de los propietarios. Los alquileres, como cualquier otra cosa, suben cuando la demanda es mayor que la oferta. Si hay dos personas que quieren alquilar un piso, se lo quedará la que pague más. Si una persona en busca de alquilar un piso puede elegir entre dos, se lo alquilará el propietario que fije un precio más bajo. A más viviendas construidas y en alquiler, precios más bajos; a menos viviendas construidas y en alquiler precios más altos. Parece que las personas que escriben los informes del gobierno nunca han tratado de comprar o alquilar un piso.
Machacar fiscalmente a los propietarios o incluso expropiarlos no aumenta la oferta y disponibilidad de pisos. Es decir, si tenemos 10 personas alquilando 13 pisos podemos expoliarlas o expropiarlas, pero seguiremos teniendo 13 pisos y un problema si hay 15 personas en busca de piso. Lo que en todo caso podría liberar pisos es matar a los propietarios. Si matamos a todos los propietarios y sus familias sí dejaríamos pisos libres netos, al menos los de todos los propietarios.
Existe un problema de enfoque en toda esta cuestión, que es partir de la base de que es malo que haya propietarios, es malo que se invierta en vivienda y es malo que se construyan pisos para alquilar. Asumiendo que no vamos a matar a todos los propietarios y sus familias sino que sólo queremos fastidiarlos, lo cierto es que la mejor manera de hacerlo sería aumentar la construcción y la oferta de vivienda disponible ya sea en venta o en alquiler. Quienes más favorecen a los grandes tenedores serían quienes más se oponen a construir. Obviamente pueden limitar los precios para evitar beneficiar a los propietarios y caseros a los que benefician no queriendo construir, pero seguirá habiendo menos casas que personas aunque las personas que consigan encontrar una casa lo hagan con un precio limitado. Por otro lado limitando precios se desincentiva construir o alquilar más pisos lo que retroalimenta el problema.
Invertir en vivienda, en vez de un estigma, debería considerarse por el contrario una inversión social. Construir más rebaja el precio de pisos y alquileres, amplia la oferta y facilita el acceso a la vivienda. Fiscalmente, en todo caso, debería incentivarse en vez de perseguirse la inversión en vivienda. No puede ser que se importen 10 millones de inmigrantes y se pretenda vivir con la misma cantidad de pisos. Estamos ya en 50 millones de habitantes y las casas no han crecido en una proporción equivalente. No tiene sentido pensar que no va a haber un problema con eso.
Aparte de una inversión social, la inversión en vivienda ha sido tradicionalmente una inversión segura y conservadora. Frente a quienes hablan de los especuladores del ladrillo, lo cierto es que la inversión en vivienda en una inversión real, tangible y útil. Un piso es un bien material y usable, aunque Rufián recomiende invertir en oro, en cuadros, en vino y en criptos. Sólo en la cabeza de Rufián es más útil y social invertir en esas cosas que en pisos.
En este sentido el gobierno y la izquierda en general nos conducen hacia un gran desastre en el que por un lado tenemos un grave déficit de vivienda, pero además la persecución del ladrillo provoca el efecto de derivar la inversiones y ahorros de la gente desde un campo útil, social y productivo, como el de la vivienda, a otros campos que no sólo son evanescentes sino mucho más inseguros, en los que las pérdidas pueden ser del 100%. El Banco Central Europeo recomienda ahorrar e invertir para complementar las pensiones futuras, y al mismo tiempo el gobierno trata de dinamitar la inversión que tradicionalmente es más social y segura que es comprar un piso. Es decir, no sólo se genera una escasez de pisos sino que se reconducen los ahorros y las inversión de un sector social y seguro hacia inversiones más especulativas y volátiles, que potencialmente tienen mucho más riesgo de pérdida y que pueden dejar sin nada a todas esas personas que van a necesitar complementar la pensión en el futuro ruinoso que está gestando el neocomunismo.
