España se enfrenta a un estrangulamiento económico y social que ya no admite petachos: la parálisis total de la promoción de vivienda por falta de mano de obra. Mientras la izquierda intenta apuntalar su hegemonía mediante regularizaciones masivas de inmigración irregular —un caladero de votos cautivo a corto plazo—, la derecha tiene ante sí la oportunidad de ejecutar una contraofensiva de ingeniería demográfica sin precedentes. No se trata solo de traer albañiles; se trata de importar una nueva clase media conservadora.

El filtro de la afinidad: Blindaje cultural frente al multiculturalismo

La propuesta es clara y rompe con el tabú de la «no discriminación» en origen, sin poder tacharse de racista porque el filtro no es la raza, sino la cultura: una importación selectiva de población basada en la compatibilidad de valores. El objetivo es captar a cientos de miles de trabajadores procedentes exclusivamente de la Iberosfera (Latinoamérica, Filipinas y Timor Oriental) y de las minorías cristianas y otras minorías perseguidas en Oriente Medio y la India.

Esta selección no es caprichosa. Al priorizar a quienes comparten la fe cristiana o una cosmovisión occidental (aunque sean ateos de países cristianos, se adaptan bien), se elimina de raíz el conflicto de integración que hoy fractura a Europa. Se importa capital humano que no cuestiona las bases de la sociedad receptora, sino que las refuerza. Estos trabajadores no son solo mano de obra para el andamio; son votantes naturales, defensores de la propiedad privada y la tradición, que actúan como un dique de contención ideológico frente al progresismo tóxico.

La familia como unidad de orden y seguridad

Para evitar el error histórico de las «migraciones de albergue» —varones jóvenes, solteros y desarraigados que terminan en la marginalidad o el conflicto—, el plan exige la prioridad absoluta a las unidades familiares, aunque no se excluya al resto. La sociología criminal es implacable: un hombre con esposa e hijos a su cargo tiene índices de delincuencia drásticamente inferiores a los de un individuo solitario. El alto índice de criminalidad de los MENAs tiene relación con esto.

La familia actúa como un mecanismo de control social informal. El trabajador que llega con sus hijos y su mujer busca estabilidad, seguridad jurídica y prosperidad a largo plazo. No viene a «quemar etapas» ni a vivir de subsidios, sino a construir un hogar físico y social. Al vincular el permiso de residencia en el sector de la construcción y la nacionalidad a la permanencia de la unidad familiar, el Estado garantiza una mano de obra fiel, disciplinada y profundamente comprometida con el orden público. Muchos de los inmigrantes vienen ellos solos primero, mientras que los que vienen en familia tienden a ser mejores ciudadanos.

Un nuevo contrato social conservador

Esta estrategia transforma la política migratoria en una herramienta de supervivencia nacional. Al traer familias cristianas (o de otras minorías perseguidas en oriente próximo y la India) para levantar masivamente las casas que los jóvenes españoles no pueden pagar, se resuelven dos crisis de un plumazo: el déficit de vivienda y el invierno demográfico.

El resultado final es una España que recupera su dinamismo económico a través del ladrillo, pero lo hace asentando una base social de nuevos ciudadanos que valoran el esfuerzo, la familia y la propiedad. Es, en definitiva, la respuesta de la derecha a la ingeniería social de la izquierda: sustituir la regularización de la marginalidad por la importación de la estabilidad. Si lo ha hecho la izquierda, la derecha tendrá que hacerlo. Además se traería específicamente gente para profesiones no cubiertas: albañiles, carpinteros, electricistas, ingenieros, fontaneros, enfermeras, científicos, médicos…

Con el fin de fomentar el estudio de estas profesiones, de que no se vayan los ya formados y de que vuelvan los españoles de estas “profesiones estratégicas”, se calificarán como lo que son, profesiones estratégicas. Eso supondrá en la práctica tratarles a los constructores fiscalmente y legalmente de forma especial y preferencial a ellos y a sus empleados. Así las instituciones crearán un sistema que aunque rompa con la igualdad económica y fiscal pondrá en valor estas profesiones abaratando la vivienda. Esto se reflejará en las condiciones de los trabajadores funcionarios, por cuenta propia o ajena solo por el hecho de ser de “profesión estratégica”. Donde estos trabajadores no sean funcionarios, las administraciones premiarán a las empresas que paguen salarios altos con rebajas fiscales drásticas, igual que a los autónomos.

Aritz Lizarraga Olascoaga