¿Obstaculiza el Estado el desafío al totalitarismo de género?

Ángel Manuel García Carmona 21 mayo 2018 Opinión
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Tanto Europa como América están bajo amenaza de implantación y desarrollo de una imposición de la ideología de género, promovida por entidades supranacionales pero no tan avanzada en unos Estados como en otros.

España forma parte de esos países donde el desarrollo de este proyecto totalitario, de corte marxista que busca una lucha de sexos –como muy bien explicó la investigadora Alicia Rubio este pasado fin de semana en Badajoz-, avanza y es respaldado por las élites políticas y mediáticas.

No obstante, a pesar de tener una sociedad con una mentalidad bastante conforme si no servil a las causas de la “progrez” (mejor dicho, “regrez”), en la que la derecha política y sociológica parece tener que pedir perdón por su propia existencia y el papel del clero no tiende a ser el adecuado ante ciertas cuestiones, ha habido considerables avances de reacción cívica.

Iniciativas como el autobús y ciertas campañas, convenciones y manifestaciones de la plataforma cívica Hazte Oír, el magistral libro de Alicia Rubio sobre el asunto, los informes de El Club de los Viernes, el interés de algunos medios y periodistas en desafiar el pensamiento único (como Navarra Confidencial) y el aporte de muchos ciudadanos activos son ejemplos de ello.

Ahora bien, hay un disenso entre todos los que somos conscientes del peligro de la imposición de estos dogmas que atentan contra la antropología humana, la familia y la libertad. La cuestión es que no todos se han dado cuenta de que los ideólogos de género han visto en el poder político, en los medios estatales, una herramienta para intentar ir logrando sus fines.

Cierto es que “debería primar el sentido común” frente a una ingente cantidad de falacias sin base científica ni natural alguna. Pero la cuestión es que la ideología de género es una aplicación más de la ingeniería social, de algo a lo que responde el socialismo, entendido como un sistema de planificación centralizada y coercitiva.

Dicho esto, centrémonos en la importancia de devolver a la sociedad civil ciertas competencias a ese ente cuya existencia tiende a ser muy problemática -como estamos viendo-. Precisamente, se abordará la desestatalización de la educación, la crítica a la subvención, la desregulación de los medios estatales y la abolición de la figura jurídica del matrimonio civil.

La educación, competencia de los padres

Las figuras paternales son un componente de primer grado de la institución de la familia, entendida como la base para la crianza y el desarrollo de sociedades fértiles y florecientes. Por esa misma razón, tienen derecho, por naturaleza, que no por el nocivo artificio iuspositivista, a ejercer una serie de roles sobre sus descendientes: autoridad y educación.

Los burócratas de turno, dado su desinterés por guardar respeto a la institución de la familia, han ido despojando a lo largo de las décadas de autoridad a los padres, que no solo están privados de corregir las malas conductas de sus hijos y sancionarles por ello, sino de decidir qué conceptos y valores han de ser enseñados así como tampoco el lugar y el momento.

Pero es que, aparte de que lo moralmente correcto venga a ser respetar la libertad de elección, cabe advertir de que estos “proyectos de género” atentan contra esa libertad así como de la de conciencia y expresión. Se imponen ciertos contenidos. Es más, hay divisiones políticas donde se amenaza con retirar la custodia a los padres que ejerzan la objeción de conciencia.

La subvención, antídoto de la independencia de individuos y empresarios

Dejando aparte cuán predominante puede ser la cultura de la subvención allí donde uno resida, hay que decir que más de un individuo o empresario recurre a la subvención ya que la considera provechosa, sin tener en cuenta la ilegitimidad moral -por las coacciones a terceros- y el despilfarro que suponen para las arcas públicas, a costa de los sufridos contribuyentes.

Pero es que hay que tener en cuenta que este abono económico del Estado también atenta contra la independencia de ciudadanos y empresas, no solo por no traducirse en facilidades para prosperar (eliminando trabas burocrático-fiscales), sino por condicionar, al menos públicamente, qué debe dictar la conciencia de cada uno en cuanto a moral y política.

De hecho, esto se evidencia en el caso del totalitarismo de género. Muchas empresas (no solo medios de comunicación), comunidades e individuos no se atreven a rebelarse a estos postulados totalitarios por temor a perder esas cuantías del “negocio feminista-homosexualista”. El caso es que la subvención implica en esto también la sumisión al Estado.

Los medios de comunicación, mejor desregulados

Todos sabemos que el control estatal sobre los medios de comunicación tiene tres modalidades: titularidad estatal, concesión y gestión de licencias, y subvención de medios privados. Como es evidente, todo ello vulnera la libertad de prensa, y tiende a obstaculizar la difusión considerable de un pensamiento disidente.

No hay ningún medio sumiso al poder político que critique al partido de turno o ciertas ideologías. Esto también guarda su relación con el “negocio de género”, aparte de que la regulación mediática facilita en cierto modo la imposición de códigos deontológicos para que la línea no entre en conflicto con los dogmas de esta rama del marxismo cultural.

Por lo tanto, el Estado no debe de regular ningún medio de comunicación. De hecho, las redes sociales y otras múltiples aplicaciones de Internet, a pesar de la censura de las “big tech companies”, permiten desafiar la imposición y la censura, que estamos viendo ahora cuando hablan de perseguir “fake news” quienes en su elaboración tienen maestría.

La regulación jurídica del matrimonio lo hace peligrar

El matrimonio, que es una institución natural basada en la unión entre un hombre y una mujer para la consolidación de una futura familia, tal y como su misma etimología viene a indicar, ha sido una realidad consolidada de manera consuetudinaria a lo largo de los siglos, que no es para nada una mera cuestión religiosa ni política. Tampoco un mero contrato material.

Ahora bien, a partir del siglo XVI, los Estados comenzaron a regular esta institución en base a lo que se considera como “matrimonio civil”, cosa que no pocos ven positivamente ya que tienen esa mentalidad relacionada con una “necesidad de regularlo todo”, cuando hay actos familiares que nunca han dejado de ser espontáneos (el legar, el interaccionar con abuelos,…).

Pero es que en no pocos casos, el Estado, allí donde gobiernan relativistas, ha fomentado la degeneración de la figura del matrimonio, básicamente por las siguientes razones: apoyo/sumisión al lobby gay, que busca privilegios estatales, y fomento de desestabilización agilizando excesivamente los trámites de ruptura matrimonial, sin fomentar mediaciones.

Una vez explicado todo esto, si bien es importante que la sociedad civil -única esperanza de cambio en España- se movilice y trabaje por unos valores (las labores bottom-up son preferibles al dirigista top-down al que ha recurrido la progrez), sea consciente de que el antiestatismo ha de ser uno de sus caballos de batalla.

Además, no se deben dejar de tener en consideración la desobediencia civil (San Agustín lo recomendaba ante leyes injustas) y el apoyo a movimientos secesionistas vistos como escapatorias de territorios impregnados por el relativismo, como el de New California.

En conclusión, no es que el Estado, de lo que debemos recelar, obstaculice el desafío a esta amenaza totalitaria, sino que ha hecho posible su avance y desarrollo. Hablamos de socialismo de ingeniería social, y también sabemos que el poder tiende a corromper.

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