Lo hacen a través de la nueva asignatura: "Educación para la ciudadanía" (EpC) (B. O. de Navarra nº 65, 25-V-2007). También usurpan nuestras facultades por lo que a los contenidos de la asignatura se refiere, pues los que nos imponen son eso, impuestos, y además están muy lejos de lo que la verdad nos dicta. Para que no se dejen engañar por ciertos políticos y administradores públicos que dicen que la Ley de la EpC no "adoctrina" etc., e incluso por algunos directivos de Centros escolares, animo a los padres a que se lean con detenimiento los textos legales, y que a partir de ellos realicen una saludable gimnasia mental.
El Estado y el Gobierno Foral vulneran directamente la patria potestad de los padres. Ante ello, sólo queda el recurso a la objeción de conciencia –siempre valiente e incómoda, aunque buenos juristas y abogados afirman que está protegida por la Ley y se comprometen ayudar-. Objeción de conciencia ésta reforzada con la objeción a los contenidos de la asignatura en aquellos aspectos que deforman la educación antropológica y moral que deseamos para nuestros hijos. Por ejemplo, la EpC –con un paquete de contenidos rechazables pero enmascarados en el noble término "ciudadanía"- no admite la existencia objetiva y permanente de la verdad y el bien que subordina al consenso, a la legislación vigente, y a la voluntad de quien tiene el Poder. O bien abusa de las emociones del alumno, renunciando a la pedagogía del esfuerzo, la exigencia, la voluntad y el conocimiento, y observa su comportamiento como objeto de buena parte de los "criterios de evaluación". También viene a enseñar como moral lo que sólo es "legal", e incluso tan sólo es –y no es poco- una ley dramáticamente injusta. Omito por ahora otros aspectos tan bien recogidos por Profesionales por la Ética.
Así pues, ya como padre ya como responsable político, no tengo otra alternativa que la objeción de conciencia, la que realizan muchos ciudadanos y profesionales en otras esferas –médicos, enfermeras etc.-. Objeción de conciencia por coherencia con mi hijo, además de los derechos que debo respetarle en cuanto persona y bautizado. Objeción para cumplir mis deberes como padre conforme a mi patria potestad, y por fidelidad a mis deberes de amor a Dios, Quien todo lo abarca, y a la Iglesia Católica Nuestra Madre, cuyas enseñanzas –quiérase o no- vulnera la nueva asignatura EpC. También descubro otros motivos como la solidaridad hacia todos los padres de cualquier Centro educativo –privado o público- que están en esta misma situación, y el apoyo al Centro educativo que hemos elegido subsidiariamente para nuestros hijos y cuya existencia se funda en los derechos de los padres. Por último -¡y por qué no!-, por justicia hacia toda la sociedad -viva, organizada y activa- a la que llamamos Patria. Todos estos motivos son variados y forman una unidad orgánica que permite solucionar todas las situaciones.
La función de los padres no la pueden usurpar ni el Estado, ni la sociedad, ni los partidos políticos o el Gobierno del color que sea. Tampoco los Centros educativos ni los profesores deben ser intervenidos en sus derechos por el nuevo totalitarismo estatal que ha originado una Ley impositiva y laicista, que afortunadamente nace muerta.
La escuela, el instituto o colegio, tiene su propia "pelea", y los padres la suya. Son éstas dos líneas de acción –padres y Centro- que deben coordinarse. ¿No son los derechos de los padres y los alumnos el mejor escudo que tiene el Centro educativo?. Si de verdad creemos en las libertades y en la familia, que es a la que los Centros deben servir, ¿no es la decisión de los padres la principal y verdaderamente nuclear?
La objeción de conciencia paterna poco compromete al Centro escolar, que la cursará a la Inspección como si fuera un documento administrativo. Si, en este caso, incumpliendo por ello valerosamente la Ley promulgada (la promesa de los actuales políticos de respetar en la aplicación de la EpC el Ideario de Centro no está legislada ni recogida en el B.O.E.), el Centro imparte la asignatura conforme a nuestro criterio antropológico y moral de padres, quizás el Centro no tenga que atender con otras actividades a los alumnos objetores, en el caso que estos quieran -aún sin ser evaluados- asistir a clase.
Si hoy la intromisión del Estado es contra la patria potestad de la totalidad de los padres con hijos en edad escolar –otra cosa es que los padres lo adviertan y presenten sus objeciones-, ¿no es también una intromisión intolerable la del Estado en los Centros con Ideario propio o carentes de él?. ¿No se entrometerá mañana en la práctica contra la libertad de aquellos Centros privados, cuyo Ideario propio algún político del Gobierno socialista dice – ahora y sólo verbalmente- tolerar?.
Digamos bien alto que los padres de los Centros públicos tienen los mismos derechos que los padres de los Centros de iniciativa social. Si el mecanismo de defensa de los padres de los Centros privados sólo fuesen los derechos del Centro, ¿cuál sería el mecanismo de defensa de los padres de los Centros de titularidad pública?. Nuestro fundamento es que los hijos los educan sus padres, no el Estado. El Estado por sí mismo no es quien para gobernar nuestra conciencia y decir lo que tenemos que pensar y sentir.
Estoy seguro que los padres, como personas adultas y formadas, se sacudirán el sopor y la atonía del verano, y la tentación de mantener la ignorancia y el seguidismo, fruto la masificación y desinformación, el miedo o bien la comodidad. Ojalá los padres ejerzan sus derechos con responsabilidad, con unidad entre todos –los padres entre sí, los Centros, y de aquellos con estos-, y con entereza, sin miedo. Estoy seguro que así será.
Por último, quiero matizar la afirmación de que el Gobierno, por boca de sus más altas personalidades, reconoce el Ideario propio de los Centros que lo posean. Recordemos que sólo tienen Ideario los Centros de titularidad privada, pues hoy los públicos son "neutros". Pues bien; si esto lo han podido decir verbalmente –la palabra es un punto de referencia absolutamente frágil y ocasional-, sin embargo todo jurista sabe que lo que importa es el B.O.E., y que dicho reconocimiento no ha sido publicado en él. No insistiremos más en este punto.
Por otra parte, adaptar o filtrar esta Ley sólo puede hacerse para ser aceptada: a) omitiendo parte de los contenidos de la asignatura EpC, b) modificando esencialmente la óptica y planteamiento de la Ley. Aquí no se puede elegir entre varias opciones. No hay otra alternativa: o Decretos o Ideario propio de los Centros. Y no puede optarse por el Ideario propio porque lo impiden los Decretos. Otra cosa es, como hemos dicho, que el Estado tolere la adaptación de la Ley en los Centros para hacerla compatible con el Ideario de estos. Pero, en tal caso, dicho Centro está incumpliendo la Ley. Y, desde luego, los ciudadanos y los Centros con Ideario afectados quedan discriminados, en prevengan, y en el grupo de los de segunda categoría o división.
Por todo esto, que es lo que piensan muchísimos padres e instituciones, la Comunión Tradicionalista Carlista de Navarra se suma a la campaña desarrollada en el ámbito nacional contra la Ley de la EpC y a favor de la objeción de las conciencias. Dios quiera que todos los políticos sigan a los padres, alumnos y Centros objetores en este y otros muchos grandes temas. El protagonismo es de la sociedad, y los políticos no podemos sino estar de acuerdo con ella y a su servicio.
José Fermín Garralda Arizcun
Presidente de la Junta Carlista de Navarra (CTC)
