A raíz de la reciente ley de regularización de inmigrantes en situación ilegal o irregular en España se ha afirmado que la Iglesia Católica en cuanto tal ha tomado una postura apoyando una ley concreta (que todavía no se ha promulgado). El concilio Vaticano II recordó la necesidad de no invadir la política y el mundo secular con planteamientos de Iglesia oficial dejando a los laicos asumir esa responsabilidad.
Quizá sería bueno recordar que en España defendió esta postura con especial énfasis, antes del CVII, una personalidad destacada como San José Maria (entre otros) y que luego ha sido asumido con naturalidad en la iglesia universal: Los laicos católicos bajo su exclusiva responsabilidad deberán ejercer en el ámbito político esa actividad sin implicar a la iglesia en soluciones políticas concretas.
Por tanto y según este planteamiento la Iglesia Católica como tal no puede posicionarse a favor ni en contra de una ley concreta o una solución concreta como sería por ejemplo «conceder nacionalidad a 500 mil personas que vinieron a un estado de manera ilegal».
Unas entidades sociales (entre ellas varias asociaciones de la Iglesia) han apoyado esta ILP para avanzar en la regularización, pero el modo de como se desarrolle y la toma de postura sigue siendo política civil para el ordenamiento y regulación de un estado laico como tantas otras y por tanto habrá laicos católicos (y pastores) que entiendan que la solución pueda ser una (regularización masiva de toda persona que quiera venir de Africa) o la contraria.
Cabe recordar que la competencia de los pastores:
- El Kerigma: La proclamación del mensaje de salvación y la persona de Jesucristo.
- La Liturgia: La administración de los sacramentos y el culto divino.
- La Doctrina Moral: Los principios universales (como el valor de la vida), pero sin descender al detalle técnico de la ley civil.
Cuando la Conferencia Episcopal se pronuncia sobre una ley de regularización, se arriesga a que su mensaje se confunda con una ideología partidista, perdiendo su carácter de signo de unidad. Según el Derecho Canónico, los laicos tienen la «obligación y el derecho» de trabajar para que el mensaje divino llegue a todos, pero con la libertad ciudadana de elegir los medios técnicos para lograrlo.
Si la Iglesia impone una «solución única» en temas opinables, está invadiendo la secularidad del mundo, la cual el propio Concilio Vaticano II pidió respetar.
FALTA DE COMPETENCIA: la opinión de la conferencia episcopal (si realmente es una postura oficial), no sería vinculante para los laicos católicos
Al tratarse de una materia temporal y opinable, la jerarquía carece de competencia para dictar una «sentencia» que obligue a la conciencia del fiel, lo que en términos prácticos haría que ese posicionamiento no fuera vinculante.
Desde esta perspectiva, se pueden subrayar varios fundamentos que respaldan tu visión de que este apoyo no debe asumirse como «doctrina»:
- Inexistencia de infalibilidad: Los documentos de la Conferencia Episcopal Española sobre leyes civiles no gozan del carisma de la infalibilidad ni son definiciones dogmáticas. Son orientaciones pastorales que, según el Código de Derecho Canónico, requieren un «asentimiento religioso» solo en materias de fe y costumbres, no en estrategias legislativas estatales.
- Libertad de juicio en lo contingente: Como señala la nota doctrinal de la Congregación para la Doctrina de la Fe sobre la participación de los católicos en la vida política, los fieles tienen libertad para elegir entre distintas soluciones que sean compatibles con la fe. Si un católico considera que la regularización masiva es perjudicial para el bien común, tiene el derecho y el deber de seguir su conciencia formada.
- Valoración del «acto nulo»: Si se interpreta que la jerarquía ha invadido la esfera de la autoridad civil o la libertad del laicado, ese apoyo se percibe como un exceso de mandato (ultra vires). El fiel puede, por tanto, ignorarlo sin que ello suponga una ruptura con la comunión eclesial, ya que la prudencia política es una virtud propia del laico.
En resumen, la Iglesia -o mejo dicho la conferencia episcopal si se confirma que ha sido así- ha emitido un juicio técnico fuera de su jurisdicción, lo cual vacía de autoridad moral dicha recomendación frente a los fieles que ven otras salidas al problema migratorio.
