LA CARGA ETARRA DE LA PRUEBA Mi desilusión por los vicios humanos encarnados por las personas togadas, radica en la poco constitucionalidad de la presunción de culpabilidad de determinados sectores de la sociedad, que aquí no voy a especificar. Si decir que suele ser el menos amenazante y más honrado, el que suele tener que probar incluso sus buenas actuaciones a pesar de los perjuicios que la justicia le ocasiona. Un probo padre de familia puede salir humillado de una vista oral de un juicio, mientras el batasuno-etarra Otegi se mofa y despereza ante el tribunal sin que le acusen simplemente de desacato. Al delincuente hay que probarle el delito con beneficio del in dubio pro reo; al honrado pagador de impuestos se le aplica la interpretación de la ley por el juez de turno sin contemplación alguna. Curioso es que conocidos los procedimientos, actos y hechos, condenas e incluso declaraciones por activa y por pasiva, haya voceros gubernamentales que apliquen la carga de la prueba al Estado de Derecho. Es decir, proclaman un tregua para asesinar y extorsionar organizadamente, y el portavoz parlamentario del PSE-EE, José Antonio Pastor, insta a «quitar alarmismo» a las nuevas cartas de extorsión de Eta denunciadas por los empresarios navarros, ya que pueden «incluso, no puedan ser de la banda». Antes milis y polimilis, después los posibilistas y los que mantienen la bandera de lo que llaman acciones militares. Es igual que da lo mismo, resultando grotesco que ante el delincuente, es el ciudadano honrado el que deba probar ante la opinión pública que es extorsionado. La carga de la prueba se convierte en nada si debe declarar el que sufre el síndrome de Estocolmo. El que es chantajeado siempre lo justificará, mientras no cese la extorsión o desaparezca el chantajista. ¿Es necesario probar a estas alturas quién es Eta? José Carlos Navarro Muñoz