Tras unas semanas tormentosas en relación a las falsificaciones de información de formación académica por parte de diputados, senadores, ministros, consejeros y otras personas con responsabilidades políticas (de distintos partidos políticos), ha tenido lugar un pronunciamiento por parte de la «supuesta máxima pseudoautoridad» ministerial en lo concerniente a la educación universitaria.

Aprovechando la ocasión para amortiguar los golpes de crítica que ha recibido cierto beneficiario del dedazo del valenciano Ximo Puig para asumir cuestiones relacionadas con las emergencias y las catástrofes (y así no desgastar ese cuasi perenne intento de la izquierda por gestar un caos de 11-M en Valencia, que pudiera servir para que la coalición del botánic tomase poder), la Ministra de Universidades, Diana Morant, se ha pronunciado.

Precisamente, se ha abstenido de deplorar la falsificación de títulos oficiales o de información académico-curricular al respecto (pese a que la oficialidad de un título no es tanto una cuestión ética de sinceridad sino un resultado de los propósitos del Estado para regular ciertos estudios, sujetos a legislación y a posibles tasas y créditos, con sus correspondientes costes). A cambio, se inventó un nuevo neologismo: «hojas de servicio» (sin más, sin concretar si se refiere al «bien común», la «igualdá» o la «patria»).

De todos modos, este «libelo» no apuntará al innecesario dirigismo de la educación y la enseñanza en nuestro país, sino a otras cuestiones que quizá puedan ser más sensibles que esta absurdez, en efecto, carente de ética. Puede hablarse de cierto descaro basado en la habitual mentira a la que acostumbra el político, pero es que en este caso no se trata de algo para intentar cautivar el voto o justificarse ante ciertas acciones o líneas estratégicas como tal.

El ejercicio de la política per se, entendido como un supuesto servicio al pueblo, no requiere de una certificación o nivelación académica concretas (tampoco de un mínimo estricto de experiencia profesional en algún sector concreto). De hecho, es cierto que el peloteo en las estructuras partitocráticas sirven como ascensor profesional para gente sin una formación adecuada o con desinterés en hacerlo por su propio esfuerzo (no necesariamente se llega a una mera falta de experiencia profesional o de pocos créditos para egresar en una universidad).

Uno, generalmente, confía algo en el que mejor puede saber hacerlo. Nadie contrata a un mecánico sin idea de reparación de vehículos ni a un desarrollador web incapaz de utilizar un teclado (tampoco se confían unas clases particulares a personas analfabetas ni se le pide un tratamiento odontológico a quien solo puede saber retocar fotografías para que se visualicen sonrisas magníficas). Pero en política, lamentablemente, vemos que la llamada «democracia» puede servir, tal y como la conocemos, para aupar al que puede ser también un necio absoluto.

De hecho, deberíamos de cuestionarnos una serie de cosas. La primera es la existencia de demasiados cargos políticos que no responden a necesidades de productividad, seguridad y bienestar. Forman parte de las grandes plantillas presupuestarias del sector estatal y de los entramados jerárquico-partitocráticos. Alguien dirá que están para representarnos, pero se olvidan sus privilegios, más allá de que existen demasiadas normas y reglas, contrarias al buen funcionamiento de la sociedad orgánica.

Luego, resulta que hay una ingente cantidad de asesores, políticos y parlamentarios cuyos salarios no se ajustan a ninguna realidad espontánea. Muchos médicos, ingenieros, científicos y profesores que pueden tener soluciones que mejoren la calidad de vida de la población tienen salarios más bajos que la clase política, que en algunos casos solo puede limitarse a firmar papeles y posar para tomarse ciertas fotos mientras que dicen representar a ciertos organismos.

La problemática estatolatría también se traduce en elevadas partidas de gasto político. Además, el hecho de que existan el Bienestar del Estado y ciertos conceptos de titularidad pública no solo dan lugar a monopolios y problemas de coordinación económica y falta de libertad económica. Al no haber incentivos de mejora (lo contrario a la empresa privadas), hay menos reparo en darle responsabilidades a quien sea más leal a unas siglas políticas que a quien pueda tener una serie de conocimientos.

Ergo, la pseudotitulitis mentirosa e inmoral es parte de una serie de pulsiones maliciosas en este mundo. Se necesita reducir el Estado, en detrimento del clientelismo, procurando el cuidado de una sociedad civil fuerte donde se respeta a aquellos que, en sus fueros internos, no solo prosperan, sino que sacan adelante a sus familias y al conjunto comunitario (la España productiva, que madruga, no tiene nada que ver con la casta política, sino con quienes sufren un expolio fiscal tremendo, contra el fruto del trabajo propio).