La mitad es menos democrática que tres quintos

Los más demócratas no pueden ser los que apuestan menos por la democracia. Algo así podría ser la conclusión de lo que estamos viendo estas últimas fechas a cuenta del conflicto entre el poder ejecutivo y el legislativo con el judicial. De este modo, tenemos que los que se presentan como los más demócratas espetan una mayoría del 50% para llevar a cabo los nombramientos en los tribunales frente a quienes propugnan una mayoría reforzada de 3/5. ¿No es más demócrata un nombramiento apoyado por 3/5 que por 1/2?

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En este sentido carece también de lógica y de toda justificación que se acuse a los partidarios de la mayoría reforzada de 3/5 de secuestrar los tribunales, y que los partidarios de la mayoría de ½ se presenten como liberadores de tribunales, cuando es lo contrario. O sea, si los nombramientos de magistrados se hacen con mayoría de ½ entonces sí que la mayoría de gobierno puede secuestrarlos, nombrarlos a su antojo y llenar los tribunales de togas parciales. Alternativamente, la mayoría de 3/5 es más democrática, porque exige más respaldo, y dificulta la parcialidad porque nadie tiene fuerza para nombrar en soledad a todos los magistrados, por lo que hay que consensuarlos.

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Remover a unos magistrados nombrados por una mayoría reforzada de 3/5 y sustituirlos por otros nombrados por una mayoría de ½ no puede ser presentado como un avance democrático, cuando claramente es un retroceso en este sentido.

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Que todos los magistrados los pueda nombrar la mayoría de gobierno impide directamente la imparcialidad necesaria que deberían tener los tribunales.

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De todas las fórmulas posibles que podríamos abrazar para salir de esta crisis, sería imperdonable que saliéramos abrazados a la salida menos democrática y más autoritaria. No es en las democracias en donde los tribunales no le pueden llevar la contraria al gobierno, como pretende la izquierda, sino en las dictaduras.

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Obviamente el Constitucional no está impidiendo legislar al Congreso y al Senado. Esta acusación sería como la de alguien que pretendiera entrar a votar en un colegio electoral rompiendo una ventana, fuera del horario de votación y con una papeleta casera. ¿Acaso cuando le detuviera la policía podría decir que se le detiene por intentar votar y que se comete un atentado contra la democracia? ¿Haría falta explicarle a ese señor que hay unas normas y un procedimiento para votar y que no se le detiene por votar sino por saltarse el horario y por romper una ventana? Cuando una serie de partidos, aunque sean los de la mayoría, actúan como un perturbado, no pueden decir al aplicárseles la ley que se comete un atentado contra la democracia. En todo caso son ellos los que están reventando los procedimientos y la normalidad democrática.

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La crisis actual, no obstante, evidencia la quiebra de la fórmula actual para designar a los magistrados de los máximos tribunales. Sería absurdo no reconocer que hay un problema. Lo que sucede es que la solución al problema no nos puede dejar peor de como estamos. No se puede curar una miopía provocando un cáncer. Todas las crisis son una oportunidad para hacer mejoras e introducir cambios. Aprovechemos esta crisis para llevar a cabo una reforma de la justicia que la haga más imparcial. Si todo esto es el resultado de dejar a la Justicia en manos de los partidos, saquemos las manos de los partidos de la Justicia.

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La pregunta es si es eso lo que todos queremos. ¿Queremos realmente una Justicia imparcial, para ser todos iguales ante la ley, para que los tribunales le puedan dar la razón al gobierno o no, igual que se la puedan dar a la oposición o no? ¿O queremos otra cosa? Porque a lo mejor lo que queremos es un tribunal a medida para aprobar unas medidas concretas que serían consideradas ilegales por cualquier tribunal no designado por el promotor de esas medidas, medidas que aunque ilegales hay que aprobarlas como sea porque forman parte de un pacto para llegar al poder y conservarlo. Entonces a lo mejor lo que queremos realmente no es una Justicia imparcial, ni una democracia, y ni siquiera un país llamado España. Porque en realidad existe un consenso absoluto entre todas las partes respecto a cómo tendría que ser el modelo de Justicia en España para que fuera más democrático e imparcial. Basta con rescatar de la hemeroteca el modelo de Justicia que todos los partidos reclaman cuando están en la oposición.

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