Hace ahora un par de años que el gobierno de Pedro Sánchez decidió usar la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) y el dinero de todos los españoles para alcanzar el control del 10% de Telefónica. ¿Para qué necesita el gobierno el 10% de Telefónica? Para colonizar políticamente las empresas del IBEX. Tenemos un gobierno empeñado en controlar la Justicia, los medios, la Policía y la Guardia Civil, las Fuerzas Armadas y también las empresas. ¿Alguien ha escuchado últimamente a una gran empresa criticando a Sánchez? Ninguna gran empresa quiere enfrentarse al BOE, ya sea por las normativas o por el dinero que puede llegar o dejar de llegar a través de este medio. Pero es que además el gobierno controla directa o indirectamente, a través de sus participaciones, buena parte de las principales empresas de España. El gobierno, además de la SEPI, tiene otras herramientas como el FROB (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para intervenir y controlar las empresas. El FROB, por ejemplo, controla casi el 20% de Caixabank, y a su vez Caixabank tiene participaciones significativas a través de Criteria en Telefónica (otro 10%), Naturgy, ACS, Aguas de Barcelona, Colonial... El estado, por si fuera poco, controla también empresas como RENFE, Correos, Enagás, Red Eléctrica o Indra. Colonizar las principales empresas españolas es un modo como otro cualquiera de controlar el poder económico, de crear puertas giratorias, de colocar a los amiguetes… o de forrarse hipotéticamente. Pensemos por ejemplo en lo que podría pensar si alguna vez llegara a la Moncloa un presidente cuya esposa fuera una captadora de fondos. El riesgo económico con todo es lo menos relevante. Lo más preocupante es el riesgo sistémico de que Moncloa vaya acaparando un poder absoluto.
Cuanto más dinero manejan los políticos, mayor es el riesgo de corrupción. Es decir, la corrupción forma parte de la naturaleza humana. Podemos aprobar muchas leyes o poner en marcha muchos organismos de control. Normalmente, sin embargo, es el gobierno el que acaba controlando estos organismos en vez de controlar estos organismos al gobierno. El caso es que donde hay humanos hay riesgo de corrupción. Lo que no se puede esperar por tanto es que los políticos cada vez tengan más poder y manejen más dinero y haya en cambio niveles más bajos de corrupción. La única forma efectiva de rebajar los niveles de corrupción es dejar menos dinero, y por tanto menos poder, en manos de los políticos. En la medida en que los políticos manejen más dinero o que para hacer cualquier cosa haya que conseguir la autorización, el aval, la recomendación, el visto bueno o la recalificación de un político, la corrupción sólo puede seguir subiendo. No estamos aprendiendo nada si no nos damos cuenta de esto con el sanchismo.
Por supuesto el bolsillo del contribuyente no puede salir indemne de todos estos manejos. Ya sea haciendo túneles o comprando mascarillas, el peaje político significa comprar al que no ofrece la mejor calidad o el mejor precio. Es decir, la corrupción encarece cualquier contrato público y encima ofrece una peor contrapartida. Pero no termina con esto el problema.
El control de Telefónica por parte del gobierno, concretamente, se está convirtiendo en una sangría para los ciudadanos. En diciembre del 2023, como decíamos al principio, el gobierno de España decidió a través de la SEPI aumentar el control de Telefónica hasta el 10%. Ese control le ha servido a Moncloa para quitar y poner directivos a su gusto empezando por el presidente y el vicepresidente. Telefónica, aparte de una gran empresa de comunicación, es también una productora de contenidos, incluyendo series, películas o documentales. No hay fuente de creación de opinión como las mencionadas que no sea relevante para los intereses propagandísticos del gobierno. ¿Y la publicidad de Telefónica u otras de las empresas controladas por el gobierno como fuente de premios o castigos según se sea más amigo o enemigo del gobierno? Cuando el gobierno lo controla todo no sólo aumenta el riesgo de corrupción, también desciende el nivel de libertad para no ser amigo del gobierno sin consecuencias.
Regresando a ese 10% de Telefónica a través de la SEPI (que sería un 20% sumando el 10% del FROB), todos los españoles tenemos un problema con esa participación. No ya un problema de riesgo sistémico por la omnipresencia del gobierno, sino un problema económico. Para conseguir ese 10% de las acciones de Telefónica, según la información remitida a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la SEPI adquirió un total de 567 millones de acciones de a un precio medio de 4,02 euros por título, representando una inversión de 2.284,8 millones de euros. A nadie se le escapará por tanto que tenemos un problema ahora que Telefónica ha anunciado un recorte del dividendo a la mitad y que la acción cotiza a sólo 3,6 euros.
La capitalización de Telefónica en bolsa, o sea el valor total del 100% de las acciones, ronda los 21.000 millones de euros. La participación directa o indirecta del gobierno en Telefónica es del 20%, o sea algo más de 4.000 millones de euros. Una caída del precio de la acción del 10% significa que el valor de la participación del estado pierde 400 millones de valor. El problema es que el dinero de esa participación del estado no es de Pedro Sánchez, ni del gobierno de turno, sino de todos los españoles. El gobierno usa el dinero de todos los españoles para jugar a bolsa, controlar el IBEX y ejercer poder influencia, pero poner en manos de Moncloa ese poder nos cuesta a los españoles miles de millones de euros. De momento los españoles ya vamos perdiendo 400 millones u 800.000 chistorras desde el último movimiento de Moncloa, y eso que para evitar pérdidas en Telefónica tenemos un talismán como Enrique Goñi, killer de Moncloa y auténtico Midas de las finanzas. En realidad quizá otorgamos una atención desmedida a personajes como Koldo, Abalos o Cerdán cuando el chistorreo mayor, el control del poder con máyusculas, va en otra dirección y, aunque acaso menos chusco y grosero, es mucho más peligroso y encima legal.
