La mala gestión de los salarios públicos es la ruina de los demás

Puede parecer una minucia entre tanta noticia apocalíptica, pero España dedica a salarios públicos, proporcionalmente, un 45% más de lo que se dedica en Alemania. Es una de esas minucias a las que no prestamos mucha atención hasta que colapsan las cuentas del estado, y entonces la noticia pasa al grupo de las apocalípticas, o hasta que tratando de sostener las cuentas públicas colapsa asfixiada todo el resto de la economía nacional.

Suele repetirse con alguna insistencia que el número de asalariados públicos o funcionarios en España es mucho mayor que el de otros países de nuestro entorno, pero en realidad no es tanto este el problema como la brecha salarial de los funcionarios. En España los asalariados del sector público cobran casi un 50% más que los asalariados del sector privado. Ahí en esa anormalidad está el origen del problema. No sólo porque constituye una injusticia respecto a los que no trabajan para el estado, cuyos sueldos financian los sobresueldos del otro grupo, sino porque es una amenaza para la sostenibilidad de las cuentas públicas y porque el capítulo de los gastos de personal devora los recursos del resto de capítulos. Si al final la parte más grande de la tarta se la llevan los salarios, los servicios son caros pero deficientes, porque faltan recursos para todo lo que no son salarios. Incluso puede faltar personal, si pagas por el sueldo de 10 el sueldo de 15.

El absentismo laboral es otro de los males endémicos del sector público español. Los políticos deberían tener en cuenta que no trabajan para los funcionarios, sino para los contribuyentes. Es a los contribuyentes a los que tienen que tener contentos y rendir cuentas. ¿Por qué no te odian los funcionarios? ¿Estas gestionando mal? El problema es que malamente los políticos van a recordar que trabajan para los contribuyentes y no para los funcionarios si los propios contribuyentes no son conscientes de esto. ¿Cómo se va a frenar la mala gestión de lo público, que redunda en un mayor esfuerzo fiscal del contribuyente para compensarla, si en las elecciones no se pierden más votos de los que se ganan por privilegiar a los empleados públicos?

Cuantificar el coste de la ineficiencia sólo en el capítulo de los empleados públicos nos lleva a cifras de 21.000 millones anuales, lo que a su vez nos lleva cifras de 442 euros por habitante, 1.000 euros por español ocupado o bien 1.300 euros como mínimo por familia, y esto sólo respecto al sobrecoste de los funcionarios, sin tener en cuenta la mala gestión en lo público todo lo demás. ¿Y aún se extraña el españolito medio su dificultad para llegar a fin de mes? ¿Y aún se pregunta el porqué?

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