Si algo se veía de lejos sin necesidad de que te evaluara la vista una máquina de Davalor es que el caso Ayerdi iba a quedar en agua de borrajas. ¿Acaso alguna vez los progresistas y sus aliados responden por sus actos? ¿Acaso alguna vez Barcos tuvo que dar cuenta del cobro de sus dietas fantasma? No sólo eso, es que estamos viendo como en este país se cambian masivamente indultos y amnistías por votos, y nos dicen que eso es lo más legal, constitucional y maravilloso del mundo, y que sin todo eso los españoles no nos podríamos ir de puente. Así pues, ¿qué tiene de extraño que se archive el caso Ayerdi porque ha pasado tal o cual plazo o porque tal o cual informe está mal grapado?

Tres años después de saltar el caso se archiva sin ni siquiera haber tomado declaración a los implicados. ¿Y nos creemos que en España está en peligro el estado de derecho? Para eso tendríamos que tener un estado de derecho operativo. ¿Lo tenemos? A lo mejor hemos perdido hace tiempo la perspectiva. Es decir, todo lo que está pasando no va a tener como consecuencia la desaparición del estado de derecho, sino que es la desaparición del estado de derecho la que tiene como consecuencia todo lo que está pasando ahora.

Ayerdi habrá celebrado la noticia del archivo del caso en su despacho del Grupo Mondragón, que de algún modo parece la salida lógica de un consejero del PNV. El mismo Grupo Mondragón al que pertenece Eroski, recientemente condenado por la filtración del famoso vídeo de Cristina Cifuentes robando unas cremas. Legalmente hay un plazo para borrar las grabaciones de las cámaras de seguridad, que en este caso Eroski se saltó. Eso por un lado. Y por otro el vídeo acabó mágicamente en todas las televisiones del país. Las cremas de Cifuentes le habrían costado un puñado de euros a Eroski, Davalor le ha costado millones de euros al contribuyente foral.

Obviamente el archivo de la causa contra Ayerdi no significa que Ayerdi hiciera las cosas bien y haya sido exonerado de toda responsabilidad. Para empezar lo que se dirimía en los juzgados era la responsabilidad jurídica, no la política o moral. De la responsabilidad jurídica, por ese conveniente problema de plazos, ni siquiera se ha entrado a investigar el fondo de la cuestión. De la responsabilidad ética, política y moral poco se puede dudar, pero esa responsabilidad ni atañe a Ayerdi (que si por el pentapartito fuera seguiría siendo consejero ), ni tiene trascendencia sobre su persona ni nos restituye a los navarros nuestro dinero. Todavía a lo mejor incluso podrían repescar a Ayerdi como consejero, para demostrar que pueden hacerlo. Cuando alguien no ve lo que todo el mundo ve sino que se empeña en otra cosa distinta hay dos posibilidades: o es un genio o el más inútil de pueblo. Davalor ha demostrado que Ayerdi no era precisamente un genio, al menos nos queda eso. Si Ayerdi hubiera asumido su propia defensa, como asumió personalmente la decisión de invertir en Davalor, le hubiera caído la perpetua. Pero como lo que se jugaba era lo suyo, y no nuestro dinero, en Davalor las decisiones las tomó él mientras que en su causa judical ha dejado que las decisiones las tomaran los expertos en derecho. Así de mal nos ha ido a los contribuyentes con Davalor y así de bien le ha ido a él en los juzgados.

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