El nuevo régimen y su nueva institucionalidad alegal

El asalto del PSOE al poder judicial es tan grave como evidente, por eso mismo está generando una importante reacción tanto social como por parte de organismos y asociaciones judiciales, o por parte de todo tipo de colectivos relacionados con el mundo del derecho. El propio PSOE reconocía antes del 23J que la amnistía era incompatible con la Constitución, que desbordaría el estado de derecho y que supondría de hecho la eliminación de la separación de poderes y la anulación del poder judicial. No se trata sólo por tanto del incumplimiento de una promesa electoral más, que también, sino del incumplimiento de un compromiso que implica una quiebra de la legalidad constitucional. Y a su vez tampoco es tan grave esto, siendo muy grave, como que esa quiebra va a ser con toda probabilidad santificada por quienes tendrían que velar por el cumplimiento de la Constitución, pero que han sido designados para esa misión por los mismos que se quieren saltar la Constitución.

Dicho todo lo anterior, al menos en ese frente existe denuncia, existe concienciación y existe resistencia. Pero los atentados del gobierno contra la separación de poderes y los pasos de Pedro Sánchez hacia la autocracia son tan numerosos que a lo mejor estamos perdiendo de vista otro ataque no menos grave: el que está teniendo lugar contra el poder legislativo en España, contra el Parlamento, contra el Congreso y contra el Senado.

Pedro Sánchez ha creado una mesa de diálogo con los golpistas catalanes que de hecho es una especie de Congreso paralelo. El sanchismo está creando una realidad institucional paralela y totalmente alegal que está vaciando de contenido a la institucionalidad legal.

Las cosas no se discuten en público, en las cámaras de representación, con los partidos de la oposición, con ruedas de prensa, con medios de comunicación, con preguntas, sino que se discuten en lugares secretos, fuera de España, con personas perseguidas por la Justicia, con observadores internacionales, sobre contenidos que lo mismo pueden estar dentro que fuera de la ley, sin publicidad, sin preguntas,  sin democracia, sin oposición. En esta nueva realidad institucional la política se hace fuera de las instituciones legales, con mesas de diálogo entre el gobierno y ciertos partidos que apoyan al gobierno, y después con mesas de diálogo entre los partidos que apoyan al gobierno.

El sanchismo ha creado un legislativo paralelo que es el foro en el que realmente se toman las decisiones. Todo llega a las cámaras legales de representación ya sellado y cerrado. El Congreso se ha convertido en una pantomima en la que se finge un debate sobre lo que en realidad ya se ha debatido y materializado en alguna mesa de diálogo alegal y paralela. Todo el debate posterior en el legislativo es una farsa. Ni siquiera sabemos si los argumentos o las contraprestaciones con los que se justifica a la luz del día una iniciativa en las instituciones legales son los mismos que se manejan para aprobarlas en la oscuridad alegal de las instituciones paralelas. Tampoco sabemos, porque lo que sucede en las meses de diálogo con los golpistas es secreto y no existen actas públicas al respecto, si lo que vemos en las instituciones legales es todo el iceberg o sólo una parte de los acuerdos.

¿Hay alguna otra democracia en Occidente en la que la agenda política no se discuta en las cámaras de representación, sino en mesas paralelas sin actas y sin publicidad constituidas con prófugos de la justicia? ¿Hay algún otro país democrático en el que los delincuentes compren su amnistía a cambio de sus votos? ¿Hay algún otro país democrático en el que el gobierno acceda a esa compraventa? Si no los hay deberíamos estar verdaderamente preocupados, porque a lo mejor hemos dejado de ser una democracia sin enterarnos.

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