Una ley educativa ultraizquierdista por y para la imposición

Todas las noticias en España que no se refieren a muertos y contagiados o a ruina, si se fijan ustedes, se refieren a recortes de derechos y libertades fundamentales. Y con este gobierno no se pueden generar más noticias en España. En lo que se refiere a la constante agresión a los derechos y libertades fundamentales de los españoles, una de las piezas más agresivas es la Ley Celaá, y los severos recortes consiguientes a la libertad educativa de las familias.

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Cada día que pasa y se refina el texto de la nueva ley, salta por los aires un derecho fundamental. La mueva ley educativa discrimina y subordina totalmente a la educación concertada, se asegura su limitación desligando la oferta de la demanda, amenaza la educación especial y reserva sólo para los ricos la educación diferenciada, dejando de financiarla con fondos púbicos.

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Añadido a todo lo anterior, que por supuesto no es una lista exhaustiva, el gobierno y sus socios pretenden que los gobiernos nacionalistas puedan eliminar en sus respectivas comunidades el derecho a elegir el español en la enseñanza como lengua vehicular. La situación es tan surrealista que, por ejemplo, se puede elegir estudiar en español en un colegio público andorrano, pero no se puede elegir estudiar en español en ningún colegio de Cataluña. Andorra promueve, valora y protege el español mejor que España. Y por supuesto en Andorra hay más libertad que en Cataluña. Que se elimine la posibilidad de elegir el español como lengua vehicular no sólo es un atropello a la libertad de las familias, también es un atropello a la Constitución, que garantiza el derecho de usar el español y el deber de conocerlo, claro que estamos acostumbrados a que en España lo constitucional no sea lo que dice la Constitución, sino lo que dice el Tribunal Constitucional.

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Otra de las perjudicadas en la nueva ley educativa es la libertad religiosa de las familias. La asignatura de religión, por más que sea una asignatura voluntaria, quedará relegada a su mínima expresión y la dimensión del ataque que puede sufrir, en virtud de las enmiendas que proponen los grupos, va de que salga del horario lectivo a que sea sustituida por una asignatura del “hecho religioso”, pasando por que deje de contar para el currículo. Es decir, ya no se trata de que la religión, como hasta ahora, sea voluntaria, sino que las familias que la quieran no puedan elegirla, o en unas condiciones que resulten poco menos que disuasorias para hacerlo. Hay que tener en cuenta que el 62% de las familias eligen voluntariamente religión en el conjunto de nuestro sistema educativo, e incluso en el sistema público eligen religión el 50% de las familias. Alguien podría pensar que el gobierno trata de estorbar la formación religiosa aunque la mayoría de las familias españolas la demanden pero en realidad es todo lo contrario: trata de estorbarla precisamente porque la mayoría de las familias españolas la demandan. Donde comienza el gobierno, acaba la libertad.

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