Libertarismo, justicia y seguridad

De entre las numerosas interpretaciones que se han realizado a lo largo de la historia sobre cómo podría establecerse un ente administrativo estatal garantizando la máxima libertad individual posible, una de las más extendidas y populares es el minarquismo. Trataré de demostrar que la defensa de esta ideología cae en contradicciones y que, por consecuencia, la provisión de seguridad y justicia por parte de servicios privados es la mejor para el interés del individuo.

Empecemos por definir el minarquismo, a efectos de no caer en el problemático ataque a un muñeco de paja: el minarquismo “defiende un Estado limitado o mínimo necesario para las funciones de seguridad y vigilancia y para la provisión o gestión de otros bienes públicos (especialmente legislación, justicia, policía, relaciones diplomáticas, infraestructuras públicas…) ” [1]. Las variantes al minarquismo, tal y como lo define Capella, también existen: es el caso de Robert Nozick, que defiende un Estado sólo para las cuestiones puramente de defensa, pero me centraré en el caso más común (seguridad y justicia) para este artículo.

Sobre la importancia del mercado

En primer lugar, el minarquista se enfrenta a una contradicción en su propio pensamiento. El minarquista, conocedor de los beneficios del libre mercado, entiende que una la función empresarial privada siempre ofrece mejores servicios a un menor coste de lo que lo haría una empresa pública. La seguridad no deja de ser un bien, un servicio que unos ofrecen a otros: la protección de la propiedad de un individuo frente a un posible agresor. Rothbard lo deja claro en Man, Economy and State with Power and Market: “En el libre mercado, la defensa frente a cualquier violencia sería un servicio como cualquier otro, adquirible a través de organizaciones privadas en régimen de competencia” [2]. Es, por tanto, una contradicción para el minarquista hacer excepciones a aquello que considera verdadero: que sólo la empresa privada provee el servicio con la mayor eficiencia posible: maximizando la calidad, minimizando los costes. No hay motivo alguno para defender que esta premisa no se cumplirá en el campo de la seguridad al igual que se cumple en el resto de campos, siempre que las premisas de lo que es justo estén bien establecidas (como hace Rothbard en los capítulos 8-13 de su libro “La ética de libertad”: esto es, basándose en la propiedad privada y desarrollando un análisis lógico correcto de las consecuencias que ésta supone).

Sobre el monopolio del Estado y los conceptos de seguridad y justicia

No sólo eso: lo que los seres humanos naturalmente consideramos como seguridad (la protección de mi persona, mi familia y mis bienes) no es lo que el Estado, por lo general, entiende por seguridad. Según Llewellyn Rockwell, la interpretación que hace el Estado de la seguridad es “dinero que se nos ha arrebatado a usted y a mí. Dinero usado para someter a la población al estado. Con ese dinero el estado pagará más policías, armas, munición, bombas, espías, arrestos, torturas, encarcelamientos, mutilaciones y asesinatos. La teoría del gobierno sostiene que, si aumenta el miedo y hay más temor al derramamiento de sangre, las guerrillas acabarán cediendo y dejarán de colocar bombas, disparar y asesinar. El dinero compra el sometimiento (de la población)” [3]. Y es que el Estado se defiende a sí mismo, defiende sus instituciones, su administración y su ejército, pero no defiende la propiedad individual del individuo, que es el principio último sobre el que se fundamenta cualquier propiedad y sobre el que, desde la Escuela Austríaca, fundamentamos la justicia, que no es más que el respeto irrestricto a todas las propiedades privadas que un individuo ha adquirido. De igual manera, la justicia queda supeditada a la interpretación, generalmente sesgada, que el Estado realiza. El Estado determina qué es legal y qué no, pero este criterio no prioriza la defensa de la propiedad privada del individuo, si no que prioriza lo más conveniente para mantener su monopolio, extrayendo recursos del contribuyente de manera coactiva.

Los minarquistas suelen también utilizar el argumento de que podría generarse un monopolio en torno a una agencia proveedora de seguridad y justicia privada que se corrompiera e incluso atacara al propio individuo. Cabe destacar, que el único monopolio en el entorno de la seguridad y la justicia que conocemos es el actual: el Estado genera y mantiene un monopolio de estos dos ámbitos, puesto que incluso las agencias de seguridad privada dependen, en última instancia, de la policía estatal, con los riesgos que esto supone para nuestra intimidad. Pero la realidad es que el monopolio no se sostiene en un mercado competitivo: si una empresa violara los derechos de sus clientes, éstos (y todos los clientes de la empresa) pueden abandonarla y ésta caería en la quiebra. El dinamismo del mercado premia a aquellos que ejercen su profesión y ofrecen su servicio con profesionalidad y exactitud, y elimina los monopolios de manera natural. “El privilegio del monopolio sólo puede ser creado por el Estado y no como resultado de las operaciones que ocurran en un libre mercado” [4].

Sobre el sistema de justicia

Por último, respecto al sistema de justicia (sistema de castigo) que comúnmente han utilizado los distintos Estados, observamos notorias diferencias con el que Rothbard defiende en “La ética de la libertad”. El criterio punitivo, que es el más extendido gracias al monopolio estatal, es aquel criterio de justicia que busca la rehabilitación del delincuente, guiado por una sensibilidad humanitaria. El método para medir dicha rehabilitación es confuso: se precisa de la participación de expertos psicólogos y trabajadores sociales que evalúen si el individuo en cuestión se ha rehabilitado de su fechoría o no. A esta teoría, comúnmente aceptada por los estados modernos, observo (junto con la ayuda de Rothbard) dos grandes fallos: primero, los castigos que se asocian a un delito no están establecidos mediante alguna relación delito-temporal, lo cual puede conllevar a condenas injustas. Para demostrarlo, utilizaré el mismo ejemplo de Rothbard: “Pérez ha cometido una matanza, mientras González ha robado una manzana. Ambos ingresan en la cárcel. Pérez, según nuestro equipo de expertos, se rehabilita rápidamente y al cabo de pocos meses está en la calle, siendo esta una hazaña para el grupo de expertos, que serán gratamente reconocidos por su gran labor. Por otro lado, González se muestra reacio a la rehabilitación, y pasará el resto de sus días en la cárcel si los expertos no consideran que debe concedérsele la libertad” [5].

Es evidente la injusticia del evento descrito, pero aún más si se analiza cómo se financiaría dicho grupo de expertos rehabilitadores, puesto que sólo se admiten dos posibles opciones: a) todos los contribuyentes del Estado deben financiar a estos rehabilitadores, incluso cuando nunca se hayan visto implicados en un delito. Esto supone una expropiación, un robo de aquella parte de la propiedad privada de todos los ciudadanos necesaria para mantener dicho grupo en acción, a través de impuestos. Evidentemente, esto es inmoral puesto que la mala acción del delincuente supone una carga para el resto de contribuyentes. La segunda opción, b), es incluso peor, puesto que sería la víctima o la familia de la víctima la que tendría que pagar no sólo al grupo de expertos, si no el mantenimiento del prisionero mientras esté en la cárcel (luz, agua, comida, sanidad…). Esta situación de igual manera es injusta, puesto que la víctima, que ya ha tenido que soportar una agresión a su propiedad privada, se ve obligada a financiar el tratamiento de su agresor, lo cual no hace más que agravar su condición de víctima, sufriendo constantes violaciones sobre sus propiedades con carácter obligatorio (puesto que no puede renunciar a pagar el tratamiento del delincuente). Vemos, por tanto, que la teoría punitiva de la justicia tiene grandes errores desde el punto de vista libertario.

La alternativa al sistema de justicia punitivo

El sistema de justicia que Rothbard y otros libertarios como Walter Block defienden es el conocido como dos dientes por diente: cuando un individuo agrede la propiedad de un tercero, no sólo debe restaurar la propiedad de este último, sino que debe, como compensación, perder su derecho de propiedad equivalente a aquello que ha sustraído de la víctima. Pongamos un supuesto: si el individuo A roba al individuo B un coche, no sólo tiene B la evidente obligación de devolver el coche a su legítimo propietario sino que, como ha demostrado no ser respetuoso con la propiedad coche del resto de individuos deberá, como compensación, perder el derecho de propiedad de su coche (o equivalente) en favor de la ya citada víctima. Este sistema, que a priori puede parecer bárbaro, es la única manera de que la víctima recupere su propiedad y el delincuente sufra un castigo justo por los delitos cometidos.

Espero que el lector haya quedado convencido con certeza de las perversidades que suponen alimentar la continuidad del monopolio que, en los ámbitos de la seguridad y la justicia, el ente administrativo que conocemos como Estado mantiene. En palabras de Rothbard, “todo individuo debería tener el derecho de adscribirse a cualquier policía u otro servicio de defensa que desee para proteger su propiedad privada” [6]. Esto sólo se cumple dejando que la función empresarial privada en el ámbito de la seguridad y de la justicia se desarrolle en régimen de competencia, eliminando así los monopolios hasta ahora conocidos y otorgando la libertad al individuo de adscribirse a aquellas empresas que considere correctas. Los abanderados de la defensa pública de la propiedad privada cometen un error, puesto que el Estado a priori viola dicha propiedad, para luego “protegerla”. El minarquismo, según lo expresado a lo largo de este artículo, sería un sistema utópico en el que “se intentaría” regular el poder del Estado, mas la mera existencia de este choca con los principios libertarios.

1.- Capella, Francisco. “Anarcocapitalismo, minarquismo y evolucionismo”, 2014. Disponible en https://www.juandemariana.org/ijm-actualidad/analisis-diario/anarcocapitalismo-minarquismo-y-evolucionismo

2.- Rothbard, Murray. ‘’Man, Economy and State with Power and Market”, p. 1056.

3.– Rockwell, Llewellyn. “El significado de la seguridad”, 2013. Disponible en https://www.mises.org.es/2013/08/el-significado-de-la-seguridad/

4.- Rothbard, Murray. “Economic Controversies”, p. 897. 2011. Disponible en https://cdn.mises.org/Economic%20Controversies_2.pdf

5.- Rothbard, Murray. ”La ética de la libertad”, p. 138-139. 2020, Unión Editorial.

6.- Rothbard, Murray. “Libertarian Forum”, v.1, p. 340.

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