El gobierno de progreso está privatizando la Sanidad navarra, de creer su propio discurso

Redacción 19 diciembre 2019 Noticias
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Sorpresa (relativa): el gasto del Gobierno foral en conciertos sanitarios y servicios prestados por centros privados se ha incrementado un 9,6% a 30 de octubre de 2019 respecto a la misma fecha de 2018.

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Así lo ha anunciaba ayer la portavoz de Navarra Suma en la Comisión de Salud del Parlamento durante la comparecencia de la consejera de Salud, en la que expuso la situación actual y la política que va a seguir el Departamento en relación con el gasto en conciertos.

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Los datos aflorados indican que, de cumplirse la previsión de gasto del Gobierno en conciertos en todo el año, que es de 70,9 millones de euros, el incremento será de un 9,1% respecto a todo el año de 2018, pero de casi el 13% respecto a 2014, el último ejercicio entero gestionado por UPN.

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Otro dato significativo respecto a los conciertos sanitarios es que los contratos sin renovar y, por tanto, en lo que se conoce como situación de enriquecimiento injusto, sumaban según denunció ayer Navarra Suma 97,5 millones de euros a 31 de agosto de 2019, dos años y medio después del informe que realizó la Cámara de Comptos advirtiendo precisamente de la existencia de 48 contratos caducados que continuaban bajo el procedimiento excepcional de enriquecimiento injusto.

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La cifra correspondiente a los conciertos sanitarios caducados ha ido creciendo significativamente desde los 40 millones hace un par de veranos a los 70 todavía inconclusa la legislatura pasada y a los casi 100 millones que se barajan ahora. Cuando un concierto caduca y se sigue manteniendo sin convocar otro se suele hablar del citado enriquecimiento injusto ya que, de este modo, se evita un concurso en el que otras empresas podrían concurrir pujando con un precio más competitivo para mantener el mismo servicio. Se produce por tanto un perjuicio al contribuyente y también a las empresas que podrían competir por hacerse con el contrato para ofrecer el servicio.

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Todo lo anterior, además, contrasta vivamente con el discurso radical de la izquierda contra los conciertos, a los que equipara a una privatización encubierta de la Sanidad y contra los que mantiene un discurso permanentemente hostil, al menos -es importante remarcar el matiz- cuando la izquierda se encuentra en la oposición.

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Por el contrario, la colaboración público-privada es tan elemental y de sentido común que la propia izquierda, cuando pasa de las palabras a los hechos y tiene que gestionar los asuntos en el mundo real, resulta que no sólo mantiene los conciertos que se encuentra sino que los amplía. Por otro lado sería injusto reprocharle a la izquierda que de vez en cuando haga algo bien, pero sí se le puede reprochar su doble discurso y su hipocresía.

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También se le puede reprochar que, ya que al final la realidad le impone tener que recurrir a los conciertos, al menos lo haga bien, permita la sana competencia y convoque cuando caduquen los pertinentes concursos.

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