No es violación (o no sólo), es demagogia

Redacción 24 junio 2019 Noticias, Noticias destacadas
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El Tribunal Supremo se ha pronunciado al fin sobre la sentencia de “la manada”, y lo ha hecho cambiando la calificación de los hechos, que han pasado de ser considerados de abuso a violación (agresión sexual), lo que a su vez ha determinado un aumento de las penas que pasan de 9 a 15 años. Todos los miembros de la manada ya están en la cárcel.

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El Supremo pulveriza las sentencias previas de la Audiencia Provincial y del Tribunal Superior de Navarra (no digamos el voto particular) y viene a dar satisfacción a todas y cada una de las reclamaciones que se han venido exigiendo desde las calles, los partidos, los medios y todo tipo de asociaciones y colectivos. Lo hace además adoptando todos los argumentos aportados desde todas estas instancias de modo completo, lo que a su vez ha determinado una completa satisfacción al fin con la sentencia y con la Justicia de todos estos partidos, medios y colectivos, al punto de que muchos de ellos se han jactado de que el Supremo prácticamente haya escrito la sentencia por sus presiones y a su dictado.

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Justicia popular… ¿es justicia?

El debate sobre la manada nunca fue sobre si los componentes de la manada eran unos “chavales” ejemplares. O sobre si los violadores no deben ser severamente castigados. El debate preocupante era si las sentencias las deben emitir los órganos judiciales o las multitudes manifestándose, o sobre si unos seres abominables como los miembros de la manada tienen no obstante derecho a la presunción de inocencia, a un juicio justo y a ser condenados, si han de serlo, sólo por lo que se haya probado que son culpables, y si a una condena mediática es posible que no necesariamente le siga todavía una condena judicial.

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Si la sentencia del Supremo es la que mejor recoge la calificación de los hechos y las condenas correspondientes, nada que objetar al respecto. Lo inquietante no es que las penas sean muy duras, sino que el tribunal las haya impuesto con imparcialidad e independencia. En este sentido las sentencias anteriores tienen una garantía y es que, cuando los magistrados anteriores las redactaban, sabían que iban a ser linchados mediáticamente por no reflejar exactamente lo que las multitudes les reclamaban, y aún así emitieron sentencias impopulares. Es decir, de las sentencias anteriores podemos dudar si eran adecuadas o precisas, pero no que eran independientes. Por el contrario, el Supremo ha dado a las masas, los partidos y los medios exactamente lo que exigían. Esto no quiere decir que el Supremo haya sido cobarde y haya perdido su independencia, pero no queda probado lo contrario como en los casos anteriores.

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Cabe también reflexionar sobre el hecho de que si las leyes elaboradas por los políticos, con sus sutilezas y distinciones sobre abusos, agresiones y prevalimientos, dan lugar a penas que después nos parecen insuficientes, el problema no está en los jueces que se limitan a aplicar las leyes, sino en los políticos que las aprueban o las mantienen. Desde este punto de vista, resulta un tanto cínico ver a los mismos políticos que han aprobado o mantenido ciertas leyes y ciertas penas rasgarse las vestiduras y clamar justicia popular cuando los jueces se han limitado a aplicar esas leyes y las penas correspondientes.

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Hay dos escenarios que se deben evitar con igual contundencia en una sociedad civilizada. Uno de ellos es que cinco salvajes violen a una chica y queden impunes, o sean sometidos a penas menores. El otro es que cinco personas cualesquiera, por abyectas que sean, no tengan derecho a un jucio justo con un tribunal independendiente. Es posible que tras todo el caso de la manada sólo haya quedado clara la imposibilidad de uno de estos dos escenarios. La inquietud es inevitable porque muchos políticos, desde Irene montero hasta Uxue Barcos, han venido a decir que sin la presión popular ejercida la sentencia del Supremo hubiera sido otra. Por no mencionar la anormalidad de que o los magistrados supremos hayan cedido a la presión o, alternativamente, los magistrados intermedios con todos sus conocimientos en derecho hayan demostrado saber menos que las masas que sentenciaron en las calles desde el primer momento sin necesidad siquiera de leer los hechos probados ni la sentencia inicial. Sea lo uno o lo otro, algo en la Justicia española no funciona de manera normal.

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