La legalización del aborto inducido, en el mundo occidental se inició en los Estados Unidos con el Caso Roe contra Wade (enero de 1973), que dio lugar a una sentencia equivocada que partía, también, de una situación falsa. Así comenzó a resquebrajarse la conciencia de muchos.
En España, la ley socialista del aborto apareció en 1985 y, en 2010, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional por 50 diputados del PP y el Gobierno, entonces, de Navarra. Todavía, sin respuesta. Monseñor Munilla considera que el silencio de dicho Tribunal ” se acerca a la prevaricación“, que “ese no querer responder es inaceptable” y que el Tribunal Constitucional tiene la obligación de responder“ ( entrevista en RL. 12-5- 2019). Sostiene, Munilla, que “un sí a la cultura de la vida, para que sea coherente, supone un no radical al aborto, supone tener como objetivo un Aborto Cero”. Es lo mismo que piensan millones de españoles. Además de ser, el derecho a la vida, un derecho fundamental de todos, que no excluye, pues, al niño no nacido (art. 3 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y art. 15 de nuestra Constitución Española), existe, también, la doctrina del Tribunal Constitucional: “la vida del nasciturus es un bien a proteger”.
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