La Constitución del 78 como programa electoral de Pablo Iglesias

Redacción 25 abril 2019 Noticias
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Durante los debates televisados y en general a lo largo de esta campaña electoral una de las notas curiosas ha sido ver a Pablo Iglesias convertido en defensor mayor de la Constitución del 78, esgrimiendo incluso un volumen en uno de los debates y leyendo alguno de sus artículos, poco menos que convirtiendo el texto, aunque selectivamente, en programa de su partido. Semejante voltereta dialéctica implica asumir que nadie recuerda que hasta hace cuatro días, y durante años, el discurso de Pablo Iglesias ha consistido básicamente en repetir una y otra vez la necesidad de destruir el régimen del 78 y la Constitucion impuesta por los militares franquistas al resto de los españoles por el temor a que sacaran los tanques a la calle. Y es que si tenemos democracia, un estado aconfesional, un cupo vasco y 17 autonomías y nacionalidades es, según Pablo Iglesias, por una imposición de los militares franquistas.

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Más allá del bipolarismo más o menos crónico del discurso del líder podemita, por las veces que se repite el asunto, interesa matizar algunas de sus citas e incluso interpretarlas de una manera totalmente alternativa a como lo hacen la izquierda o Iglesias.

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Así, por ejemplo, es muy típico de Iglesias y no sólo de él citar como un derecho objetivo el artículo 47 de la Constitución, relativa al derecho a la vivienda:

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Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos.

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Consideremos en primer lugar que en España no hay apenas gente viviendo bajo un puente. Se trata de un problema totalmente marginal y que en muchas ocasiones tiene componentes más complejos, incluyendo psiquiátricos, más allá de los estrictamente económicos. Por lo demás todos estamos de acuerdo en que todo el mundo tenga un techo y no haya gente muriendo de frío en la calle. Cosa que, insistamos de nuevo en ello, de hecho no pasa. En España no muere gente en la calle por frío o por hambre como a veces parece que pintan algunos.

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Dicho lo anterior, la Constitución no dice por ningún lado que todo el mundo tiene derecho a tener una vivienda sin esfuerzo, por la cara o a costa de otros.

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En este sentido, también podría señalarse que el artículo 32 establece que “El hombre y la mujer tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica”. Pero el derecho a contraer matrimonio no equivale a que todo el mundo tenga derecho a exigirle al estado que le proporcione un esposo o una esposa. Se trata más bien de que el estado no puede impedir a la gente casarse.

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En este mismo sentido, también podría entenderse que el derecho a la vivienda significa que la gente tiene derecho a tener una vivienda, frente a modelos en los que la vivienda es propiedad del estado o del partido y no de la gente, que no tiene reconocido el derecho a la propiedad y depende del estado para que se le conceda o le deniegue una vivienda o cualquier otra cosa.

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Curiosamente, el artículo 47 podría pensarse que consagra la liberalización del suelo, ya que la especulación proviene no de la liberalización, sino precisamente de la limitación del suelo. La corrupción también tiene mucho que ver con el hecho de que un terreno, según lo califique un político, valga un precio o diez veces ese precio.

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Garantizar el derecho a la vivienda tiene mucho que ver también con la lucha contra los okupas. Cualquier persona tiene que tener garantizado que no se va a quedar sin casa porque unos okupas la invaden cuando está fuera o de vacaciones.

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Obviamente la súbita devoción de Podemos por la Constitución del 78, que hasta hace cuatro días quería meter en el pasapuré, tiene un carácter totalmente selectivo. Cuando Pablo Iglesias saca un ejemplar de la Constitución para apoyar sus reclamaciones hay muchos artículos en los que no le interesa detenerse en absoluto.

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El artículo 2, por ejemplo, el cual determina que “La Constitución se fundamenta en la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”.

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El artículo 27, que consagra la libertad educativa indicando que “Todos tienen el derecho a la educación”, que “se reconoce la libertad de enseñanza” y que, frente a la adoctrinamiento que propuganan Podemos y sus socios separatistas y de extrema izquierda, “Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”.

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El artículo 3 es otro que les convendría repasar a Podemos y sus socios nacionalistas, ya que establece que “El castellano es la lengua española oficial del Estado. Todos los españoles tienen el deber de conocerla y el derecho a usarla”.

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Desde luego habría muchos más artículos que, ya que cita la Constitución, le convendría repasar a Pablo Iglesias, incluyendo el artículo 31, que señala que “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”, pero que “en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio”. Esto de que el sistema tributario no puede ser confiscatorio interesa recordarlo cuando ha habido y hay muchos españoles en comunidades gobernadas por la izquierda que han tenido que renunciar a la herencia de sus padres por no poder pagar los impuestos. O que hay impuestos superiores al 50%. O que hay impuestos inferiores pero que dejan en el bolsillo del contribuyente apenas el dinero necesario para la subsistencia.

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Repasar la Constitución, con todos sus defectos, siempre resulta un ejercicio conveniente porque hace apneas unos meses nada menos que la vicepresidenta del gobierno, Carmen Calvo, profesora de Derecho Constitucional para más señas, aseguraba que la Constitución española no reconoce la igualdad entre hombres y mujeres, nada menos. El artículo 14, sin embargo, indica claramente que “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”. Es difícil no preguntarse cuál es el nivel de la universidad en España cuando una profesora de Derecho Constitucional ignora algo tan básico. Como para pedirle a Pablo Iglesias o al común de los españoles un conocimiento más específico. Hay un punto concreto y sólo uno en el que sin embargo la Constitución se contradice consigo misma a este respecto y es en el artículo 57, que en lo referido al orden de sucesión de la corona establece injustamente en el mismo grado la prioridad del varón.

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Como siempre que hablamos de la Constitución, no podemos concluir sin señalar el dislate de la Transitoria Cuarta, en virtud de la cual todas las comunidades autónomas tienen un contrato fijo menos Navarra, que tiene un contrato temporal y precario. De hecho Navarra queda condenada por la T4 a trabajar en precario o a tener un contrato fijo sólo si se convierte en una subcomunidad autónoma dentro de Euskadi. Todo lo que la T4 tiene de discriminatorio para Navarra lo tiene de ventajoso para el País Vasco, que es la única comunidad que se contempla que pueda ver aumentado su territorio y su poder a costa de otra.

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Para concluir, si un partido político pudiera convertir la constitución de un país en su programa electoral sería seguramente una constitución mal hecha, porque una constitución, por definición, sólo tiene que garantizar una serie de derechos fundamentales y después marcar un terreno de juego lo bastante amplio como para que quepan los programas electorales de todos los partidos, con algunas excepciones de sentido común aunque también con mecanismos que permitan llegado el caso su propia modificación.

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