La Constitución Española debe garantizar las pensiones y el derecho a la ignorancia

Redacción 13 enero 2019 Noticias
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Acaba de publicarse el dato de que el gasto en pensiones para 2019 ascenderá a 153.864 millones de euros, lo que representará el 42,1% de los Presupuestos Generales del Estado.

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Si esto de por sí no les resulta lo bastante alarmante, consideren que en el año 2007 el gasto en pensiones era de 91.458 millones de euros. Es decir, que en 11 años el gasto ha aumentado 62.406 millones de euros.

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Consideremos asimismo que hasta 2017 no se han recuperado los niveles de recaudación del año 2007. O sea, que entre 2007 y 2017 la recaudación ha sido la misma, mientras que el gasto en pensiones ha subido más de 62.000 millones.

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Que el gasto en pensiones haya subido en 62.000 millones, a su vez, significa que para mantener el gasto público de 2007 en colegios, hospitales o carreteras, hace falta recaudar 62.000 millones más. O, alternativamente, que para pagar las pensiones sin recaudar más hace falta recortar 62.000 millones en colegios, hospitales, carreteras y demás.

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También podríamos considerar para advertir la magnitud del problema que el PIB de España en 2007 era de 1,08 billones de euros, mientras que en 2017 fue de 1,16 billones de euros. O lo que es lo mismo, el PIB ha crecido un 8% mientras que el gasto en pensiones ha crecido un 68%.

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Otro dato interesante es que en 2007, según el INE, la edad media de los españoles era de 40,57 años mientras que en 2018 fue de 43,18. En el año 2000 era de 39,51 años y en 1990 de 36,52.

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Todo lo anterior explica noticias que hemos leído en los últimos meses, como que el gobierno ha tenido que endeudarse por 6.000 millones y sacar otros 3.000 milllones del fondo de reserva para pagar la paga extra de Navidad a los pensionistas.

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La buena noticia es que, según los yayoflautas de Bilbao y otras instancias defensoras de las pensiones públicas, no hay ningún problema, se pueden pagar las pensiones sin bajar los salarios, se puede mantener el sistema y hasta se pueden aumentar ilimitadamente mediante una reforma constitucional que garantice una pensión mínima mensual de 1.000 euros. O de 180.000 euros. Y eso sólo escribiéndolo en la Constitución, en plan como si escribiéramos en la Constitución que todos los españoles medirán al menos un metro ochenta, el estado garantizará un coeficiente intelectual superior al de los franceses y queda abolido el colesterol.

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Así que feliz año, menos preocuparnos y más manifestarnos para reclamar que, pese a la oposición de los franquistas, todo lo que deseamos se garantice sin esfuerzo alguno mediante una reforma sostenible, solidaria, progresista y feminista de la Constitución. Exigimos una reforma constitucional que garantice nuestro derecho a no saber la verdad e ignorar la realidad.

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