La justicia popular no es fallar siempre en contra de las empresas y los bancos

Redacción 7 noviembre 2018 Noticias
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Al fin habló el Tribunal Supremo y se pronunció en favor de los bancos. O mejor dicho, se pronunció en favor del gobierno, y lo hizo en un doble sentido. Aunque suele repetirse aquello de que la banca siempre gana, cosa que no se refleja en las cotizaciones de los bancos desde hace décadas, lo cierto es que el gobierno siempre gana. Y quien ha ganado con la resolución del Supremo es el gobierno, primero porque es el que se lleva el dinero del impuesto, tanto le da que lo pague el cliente o el banco, y segundo porque el Supremo le hubiera creado un problema al gobierno si se hubiera pronunciado contra los bancos. Ayer mismo antes de la resolución, quién sabe si para influir en la resolución, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, declaró que el gobierno estaba “expectante” y que una decisión en contra de los bancos supondría añadir 5.000 millones al déficit público. La explicación es que, si el Supremo hubiera fallado a favor de los clientes, en principio es Hacienda quien debería devolver esos 5.000 millones cobrados a quien no se debía, y después dirigirse contra los bancos para recuperar el dinero, entretanto el gobierno-la administración-las autonomías tendrían un enorme agujero de 5.000 millones de euros. Así que el Supremo no falla en favor de los bancos, sino del gobierno. También el Supremo falla un poco en favor de la propia administración de Justicia, que tendría que haberse visto como afrontaba sin colapsarse un aluvión de millones de recursos.

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Un fallo divertido, aunque no estaba en la baraja, hubiera sido que se hubiera dictaminado la ilegalidad del impuesto y que el gobierno hubiera tenido que devolver todo lo cobrado. Sólo que esto tampoco, pese a las apariencias, hubiera beneficiado a los ciudadanos. Para devolver 5.000 millones a los ciudadanos, el gobierno hubiera tenido que cobrar de algún sitio 5.000 millones más a los ciudadanos. Lo comido por lo servido. Igual que si hubieran tenido que pagar 5.000 millones los bancos y esto se hubiera traducido en un encarecimiento de 5.000 millones en forma de aumento de los tipos de interés sobre el precio de los créditos hipotecarios. El único impuesto bueno es el que no se cobra y así tampoco hay que devolverlo.

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Suele pensarse que si los tribunales fallan en contra de las empresas y los bancos es que fallan en contra de la gente, pero esto suele ser una conclusión poco meditada, aunque no siempre. No obstante, seguro que mucha gente aplaudiría que los tribunales prohibieran los despidos o los desahucios. ¿Sería esto sin embargo bueno para la gente?

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Es decir, el que no trabaja y no se le puede despedir en una empresa, ¿beneficia o perjudica al que sí trabaja? El empresario tiene que pagar dos sueldos y el trabajador que hace todo el trabajo sólo cobra uno. Y si las ventas de una empresa caen a la mitad porque se han abierto otras dos zapaterías en la zona, ¿es mejor que quiebre la empresa a que reduzca la plantilla a la mitad pero garantice su supervivencia? Es muy popular estar en contra de los despidos, pero también muy simplista.

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Y si los tribunales decidieran que no se puede echar a nadie de su casa por impago, ¿sería realmente una buena noticia para la gente? Por el contrario, el que no devuelve el crédito y no se le puede desahuciar perjudica al que sí paga, al que intenta conseguir que le den un crédito poniendo la casa como garantía, al depositante al que el banco no puede devolver su dinero si a su vez no puede recuperar el dinero del piso, y al accionista del banco que, como millones de españoles que tienen dinero invertido en bolsa, es una persona normal que está ahorrando para comprarse una casa, para completar su pensión o para cualquier otra cosa. Suena muy bien que nadie pueda ser desahuciado. Mucha gente aplaudiría que los tribunales prohibieran los desahucios, pero habría muchos efectos secundarios y el efecto negativo seguramente sería mayor que el positivo. No para los bancos, para la gente. Cosa distinta es que a la gente desahuciada y sin recursos, llegado el caso, se le aporte un cheque-vivienda o la ayuda que sea.

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El rescate bancario es también un clásico en este debate, venga o no venga a cuento. Sin embargo, el rescate no fue tanto a los bancos como a las cajas, esas bienamadas entidades semipúblicas controladas por los políticos. No procede por tanto apelar al rescate bancario (o cajario) para dilucidar si tal o cual impuesto lo tienen que pagar los bancos. El rescate bancario, por otro lado, no sirvió para rescatar a unos señores con puro y chistera, sino para rescatar sobre todo a los depositantes. Opongámonos al rescate bancario, pero después de explicar cómo le devolvemos a los ahorradores su dinero o cómo hacemos para que a todo el mundo no se le quede sin fondos la tarjeta de crédito. Consideremos además que el rescate bancario fue también un rescate al estado, ya que el dinero del rescate bancario lo usaron sobre todo los bancos para comprar deuda pública, o sea para financiar los gastos del estado y evitar su propia quiebra en un momento de desplome de los ingresos públicos.

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Sirva todo lo anterior para prevenir un cierto populismo judicial sin perjuicio de que los tribunales tienen que fallar no según lo que diga tal o cual político, tal o cual poderoso sector empresarial, o tal o cual grupo de manifestantes, sino conforme a la ley. La Justicia naturalmente también tiene que fallar en contra de los bancos si procede, de hecho no puede ser de otro modo, pero conforme a la ley. Y está claro por lo demás que el Supremo se ha cubierto de gloria primero dinamitando de un día para otro la seguridad jurídica y un acumulado de sentencias de más de 20 años, y después decidiendo dos semanas después que donde decía blanco la sentencia tiene que decir negro, creando entre medio dos semanas de zozobra, desplomes bursátiles y caos jurídico. Bendito sea una vez más el día que los tribunales no nos tengan que devolver nada, porque el gobierno no nos lo haya quitado primero.

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Comentarios (1)
  1. De Navarra says:

    Lo que me sorprende es que las asociaciones de consumidores y el público en general no reclamen directamente la eliminación del susodicho y absurdo impuesto. Bueno, no me sorprende tanto, desde hace mucho tiempo la gente está anestesiada y prefiere que el Estado (los políticos ) le den algo a que no le quiten. Mucho tiempo hace, sí, tanto que John Stuart Mill ya lo anunciaba: “El astutamente denominado Estado de Bienestar, es una hábil coartada inventada por el poder para justificar moralmente la progresiva servidumbre a la que somete al ciudadano”.

    Bien puntuado. ¿Te gusta? Thumb up 12 Thumb down 2

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