Los españoles seguirán alzando la voz contra el expolio a las herencias

Redacción 19 julio 2018 Noticias
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¿Que debería ocurrir con el Impuesto de Sucesiones?

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Lamentablemente, la clase política española no está a la altura de las circunstancias, menos aún si el deber es garantizar un escrupuloso respeto de las libertades, el derecho a la vida y la propiedad privada. Da igual cuán resonante pueda ser el clamor cívico, porque no hacen caso como deberían. Incluso con el Impuesto de Sucesiones.

Si bien los impuestos son un robo per se, como nos enseñó el economista libertario Murray Rothbard, y hay más de un tributo o tipo fiscal totalmente injusto, el impuesto en cuestión es, por decirlo de alguna manera, el trueno más intenso que uno puede escuchar una noche de tormentas. Es una tributación sobre algo que ya has pagado, poniéndote en riesgo de no obtenerlo.

Por ello, es uno de los que causa mayor sensibilidad social e indignación, no necesariamente entre fervientes defensores del liberalismo económico. El caso es que muchos tienen que renunciar a sus herencias por no poder permitirse el pago del tributo en cuestión, mientras que otros corren el riesgo de ver sus empresas abocadas al cierre o de ser desahuciados.

Una familia sevillana y los Rebate, residentes en Navalmoral de la Mata, municipio del noreste cacereño, han vivido en sus propias carnes cómo dos administraciones autonómicas, con los tipos más elevados (la gestión del impuesto está descentralizada) y las cotas más bajas de libertad económica, han supuesto una rotunda amenaza contra su propiedad esencial: el hogar.

Mientras tanto, muchas otras familias, especialmente las castellano-leonesas, extremeñas y andaluzas, han tratado de empadronarse y declarar sus bienes de tal forma que tributen en la Comunidad de Madrid, donde incluso en lo relacionado a dicho tributo, la fiscalidad es de las más bajas de España (aunque el impuesto en se cobre según esté estipulado). Incluso Portugal nos hace competencia.

En cualquier caso, todo esto permite evidenciar el clima de indignación que se trasladó a los principales medios de comunicación y a los espacios públicos de España. Ciudades como Mérida, Almería, Sevilla y Oviedo han sido escenarios de manifestaciones, y han surgido varias asociaciones que canalizan esta indignación, como STOP SUCESIONES.

Esta entidad cívica llegó a presentar una proposición de decreto-ley en Andalucía, Extremadura, Murcia, Aragón, Castilla y León, y Asturias, para bonificar al 99’9% el tributo (la derogación total depende del gobierno central) y aplicar una paralización sine die de los procedimientos en curso relacionados con el cobro del impuesto.

Ninguna administración autonómica ha asumido a rajatabla esta petición canalizada. Pero, tras las protestas de otoño en Emérita Augusta, la Junta de Extremadura, para calmar la indignación, tuvo que aplicar una bonificación del 99% para los grupos I y II, que incluyen los casos de padres a hijos, de hijos a padres y de cónyuges.

Ahora bien, si ya el expoliador Cristóbal Montoro consideraba ya una armonización del tributo, su sucesora, que para nada es menos socialista que el político jiennense, ya ha anunciado que se procederá a ello. En vez de suprimirlo, utilizan un perfectísimo eufemismo para disimular lo que desean: aplicar un tipo considerablemente elevado en todo el territorio español.

Por lo tanto, queda claro que siguen dispuestos a atentar contra la propiedad privada, lastrando la prosperidad de las familias, ante lo cual no conviene otra cosa que no sea seguir perseverando en los clamores ciudadanos, a través de la sociedad civil, sin descanso, hasta que la clase política se dé cuenta de que la ciudadanía no tiene derecho ni deber moral a pagar por heredar.

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Esta noticia la publicamos el 13 de marzo de 2007