No es descartable que la renovación de la Fiscalía General del Estado pueda acabar dando lugar a la liberación de los presos encarcelados por su implicación en el golpe de Estado separatista catalanista (una concesión más por parte del PSOE).
De hecho, recientemente, ha sido noticia que quien ostenta actualmente dicha responsabilidad jurídica relacionada con el Ministerio Fiscal, María José Segarra, no descartaría cambios en el caso del referéndum del pasado octubre, para lo que habrá que acordar el cierre de sumario y la apertura de juicio oral.
Sabemos que el poder judicial español está altamente politizado, aunque en nuestro caso no proteste la Comisión Europea ni haya ninguna maniobra escandalizadora del entramado sorista (que entre otras cosas, ha considerado oportuno financiar al movimiento secesionista catalán).
También recordamos que no se ordenó a tiempo la detención del ex presidente autonómico Carles Puigdemont y que, en su día, nada se hizo por ilegalizar al brazo político de la banda terrorista ETA y que se acabó excarcelando a criminales como Bolinaga e Inés del Río.
Por lo tanto, no descarten que igual que se ha pactado garantizar la secesión “de facto” en Cataluña, mediante una reforma constitucional, se acabe viendo en la calle a Junqueras y a los ‘Jordis’, mientras que otros podemos ser multados por ayudar a un amigo a recoger sus aceitunas.
No obstante, hay jueces que entienden que no hay que doblegarse ante nadie, sino velar y actuar en conformidad con el deber de salvaguardar y velar por el cumplimiento de las normas de un Estado de Derecho. Hablamos del juez Pablo Llarena.
Quien enviara a prisión a Turull, Rull, Forcadell, Bassa y Romeva, y exigió rigor a la justicia teutona, tras el varapalo que supuso la liberación de Puigdemont y el desinterés en entregarlo a las autoridades españolas, no ha dado ningún paso hacia atrás.
Esta semana fue noticia que dicho juez inhabilitó en funciones al ex presidente de la Generalidad Carles Puigdemont y a los otros cinco diputados presos (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez).
Con esta actuación, en conformidad con el artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECRIM), a fin de preservar el orden constitucional, considera Llarena que,
[Se impide] que personas que ofrecen indicios racionales de haber desafiado y atacado de forma grave el orden de convivencia democrática mediante determinados comportamientos delictivos, entre los que se encuentra el delito de rebelión, puedan continuar en el desempeño de una función pública de riesgo para la colectividad cuando concurren además en ellos los elementos que justifican constitucionalmente su privación de libertad.
Por lo tanto, cabe destacar que Pablo Llarena entiende que su deber es el que le corresponde, en servicio de España. Por ello, le apoyamos ante posibles presiones del aparato izquierdista y las hordas nacional-catalanistas.
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