Pensiones y derechos

Clemente Polo 28 marzo 2018 Opinión

Hace unos días entre 3.000 y 4.000 pensionistas tomaron la Carrera de San Jerónimo y tuvimos ocasión de verlos cortar el tráfico, empujar con energía digna de mejores empresas las vallas que se habían colocado para proteger el Congreso, y forcejear airadamente con los desorientados miembros de la Policía Nacional allí destacados para proteger a sus señorías. La posibilidad de hincar el diente al Gobierno no pasó desapercibida para los grupos de la oposición que salieron en tromba en cuanto avistaron sangre. Errejón, Garzón, Mayoral y otros miembros de la cúpula de Podemos, nostálgicos quizá de los tiempos heroicos en Plaza del Sol y acuciados por las malas noticias que les sirven las encuestas, se lanzaron alborozados a confraternizar con sus mayores y aprovecharon tan propicia ocasión para registrar la solicitud de celebrar un pleno y obligar a Rajoy y a la ministra Bañez a “dar la cara”. Ante la ofensiva de la oposición, Rajoy respondió anunciando que comparecerá a petición propia en el Congreso el14 de marzo y retó a la oposición a cuantificar sus propuestas.

La manifestación de los pensionistas estuvo precedida por el anuncio de Sánchez de volver a la vieja fórmula de actualizar las pensiones con el IPC y crear dos nuevos impuestos, que recaerían sobre las ‘transacciones financieras’ y la ‘banca rescatada’, parar aumentar los recursos del sistema. En vísperas de la manifestación del 1 de marzo, Escudero confirmó que el PSOE estaría en la manifestación el 1 de marzo para exigir una revaluación de las pensiones del 1,6%, muy por encima del 0,25% fijado por el Gobierno. La medida supondría incrementar la factura de las pensiones contributivas este año en torno a 1.800 millones que se sumarían al agujero de 19.000 millones del año pasado. Para demostrar que la cosa va en serio, Lastra, vicesecretaria de Sánchez, confirmó que su grupo ha registrado una proposición de ley en el Congreso que pretende obligar a Ciudadanos a retratarse, después de que la formación de Rivera rechazara dos iniciativas similares de los socialistas en 2016 y 2017.

Derechos y recursos

Vivimos en una sociedad donde casi cualquier cosa que beneficie a algún colectivo con cierto peso pasa a considerarse un ‘derecho’ y a reivindicarse como tal por algún partido político, siendo muy pocos los ciudadanos a los que les preocupa afinar el concepto y las circunstancias que permiten hacerlo efectivo. El derecho a percibir una pensión contributiva es sólo uno más entre la infinidad de derechos reconocidos en nuestra legislación a recibir prestaciones de las Administraciones Públicas: sanidad, educación, justicia, seguridad, desempleo, maternidad baja laboral, ayudas y subsidios, incapacidad, etc. El problema radica en que para que determinados colectivos, pensionistas en este caso, puedan hacer efectivo su ‘derecho’ resulta indispensable que las Administraciones cuenten con recursos detraídos vía impuestos de otros ciudadanos.

A este respecto, conviene reconocer que casi todos los ciudadanos coinciden en considerar que su contribución al Estado de Bienestar excede en mucho los beneficios que reciben, y se sienten legitimados para protestar en cuanto consideran que se están vulnerando sus ‘derechos’. No digo que no sea así en algunos casos pero la afirmación resulta insostenible para la sociedad en su conjunto. Nunca los ciudadanos han recibido más servicios públicos y transferencias que hoy, y además hay una evidencia incontestable de que las aportaciones resultan insuficientes para costearlos. En 2016, sin ir más lejos, las AAPP obtuvieron recursos equivalentes al 37,7% del PIB pero sus necesidades de financiación alcanzaron el 42,2%, y las Administraciones tuvieron que endeudarse para cubrir el agujero de 4,5 p.p. del PIB.

Para comprobar que no estamos ante una circunstancia extraordinaria sino habitual, basta con echar una ojeada a las cuentas públicas entre 1995 y 2016. Durante estos 22 años, las Administraciones registraron superávits presupuestarios tan sólo en tres ocasiones (2005, 2006 y 2007) y la necesidad de financiación acumulada durante el período ascendió a la imponente cifra de 788.051 millones. Además, el grueso de esta cifra, 722.036 millones, se acumuló entre 2008 y 2016, una indicación inapelable de que para el conjunto de la sociedad los beneficios recibidos por los ciudadanos en los últimos años han sido muy superiores a los recursos detraídos para financiarlos.

La principal consecuencia de la insuficiencia crónica de recursos de las Administraciones para financiar los ‘derechos’ durante la última década ha sido el espectacular aumento de la deuda pública que pasó de 384.662 millones en diciembre de 2007 a 1.144.629 en diciembre de 2017, con un incremento de 759.967 millones. Además de las consecuencias presupuestarias negativas que puede acarrear en el futuro la previsible subida de tipos y el consiguiente aumento de la carga de intereses, la elevada deuda de la economía española reduce de manera significativa los grados de libertad del Gobierno para implementar políticas fiscales expansivas ante una futura recesión y deja al Tesoro en una situación delicada, a merced de cambios repentinos en la confianza de los inversores como pudimos constatar con toda su crudeza en 2012. Recurrir al endeudamiento continuado para implementar ‘derechos’ resulta, se mire como se mire, indeseable e insostenible.

Desigual reparto de costes

España registró dos recesiones encadenadas, 2008-2010 y 2011-2013, acompañadas por una severa crisis financiera. Entre 2008 y 2013, el PIB nominal cayó 8,1% y el PIB real 8,0%, y para el conjunto del período 2008-2017 el PIB nominal creció 3,1% y el PIB real aumentó el 3,0%. Las dos recesiones redujeron en 3,7 millones el número de ocupados, y aunque se han creado cerca de 2 millones de empleos en los últimos años, los salarios y condiciones laborales de hoy son muy distintas a las de 2017. Los trabajadores más jóvenes fueron golpeados con especial dureza porque además de soportar tasas de paro extraordinariamente elevadas vieron interrumpidas sus carreras profesionales. A finales de 2017, la economía arrojaba un saldo de casi 2 millones más de parados que en 2007, y los segmentos de trabajadores más jóvenes siguen registrando tasas de paro muy superiores a la ya elevada tasa media (16,6% en el cuarto trimestre de 2017). Sin duda, quienes perdieron sus puestos de trabajo y se vieron obligados a sobrevivir con prestaciones y subsidios a los desempleados, y hasta con ayudas de sus familiares más próximos fueron los grandes perjudicados durante estos años.

En contraste con las personas activas, los pensionistas salieron bastante bien parados del envite. Entre 2008 y 2013, las pensiones contributivas y la pensión media crecieron 8,04 y 18,89 por ciento, respectivamente, y para el conjunto del período 2008-2017, las cifras fueron 13,40 y 27,92 por ciento, con un aumento del gasto total en pensiones del 45,05%. Basta con comparar estas cifras con las variaciones del PIB nominal o la evolución de los salarios para concluir que los pensionistas han sido un colectivo privilegiado en comparación con la suerte de la inmensa mayoría de parados e incluso ocupados. El Fondo de Reserva está ya prácticamente agotado y para poder pagar las pensiones de 2017 y 2018, el Gobierno ha tenido que suplementar los ingresos del sistema con dos créditos presupuestarios de 10.193 y 15.000 millones, respectivamente.

Muchas pensiones siguen siendo, sin duda, bajas, como lo son también la mayoría de salarios y otras prestaciones en España, pero si algo deberíamos haber aprendido estos años es que los ‘derechos’ no pueden satisfacerse indefinidamente endeudándonos. Aumentamos impuestos o recortamos ‘derechos’, ése es el dilema. Pero la oposición ‘sensata’ (Podemos es plato aparte) prefiere seguir jugando al despiste con los electores. El PSOE se conforma con apuntar con el índice al chivo expiatorio de los ‘bancos’, y Ciudadanos, el partido que aspira a modernizar España, se inclina hacia el realismo mágico: propone aumentar nuestros ‘derechos’ (extender la baja por paternidad, establecer un complemento salarial para jóvenes, facilitar la conciliación laboral, establecer un modelo de educación trilingüe, etc.) y bajar impuestos (Sucesiones, IRPF) al mismo tiempo. El miércoles veremos si la oposición se atreve a bajar al ruedo o torea desde la andanada.

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Clemente Polo

Catedrático de Fundamentos del Análisis Económico

Universidad Autónoma de Barcelona

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