La UGT anunció el miércoles en rueda de prensa la presentación del recurso, señalando que, si no se suspende el Decreto Foral del Euskera, “podrían crearse situaciones jurídicas irreversibles haciendo ineficaz la sentencia que pudiera dictarse e imposibilitando el cumplimiento de la misma en sus propios términos“. Esto mismo, efectivamente, lo hemos visto en las escuelas municipales de Pamplona, por lo que tiene todo el sentido.
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El responsable de la Administración Núcleo de UGT, Jesús Elizalde, ha asegurado que “este Decreto vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad de la inmensa mayoría de la ciudadanía en el acceso a la Administración, quebrantándose con ello la igualdad de oportunidades a la hora del ingreso en la Función Pública“. Elizalde ha remarcado que ocurre lo mismo respecto de la promoción y movilidad interna del propio personal de la Administración.
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En este sentido, ha destacado que supone “una paulatina precarización de los derechos laborales del personal castellanohablante, dado que su aplicación generará situaciones de inestabilidad e inseguridad laboral por cuestión lingüística, al introducir la obligación de que haya personal que hable ambas lenguas en puestos que, según la Ley y la realidad lingüística navarra, no lo precisan”.
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Por otro lado, Elizalde ha recordado que el propio Consejo de Navarra concluyó recientemente que ocho preceptos de dicho Decreto Foral, los artículos 25.2, 30.2, 31, 34.2, 35, 38.2, 39 y la disposición transitoria cuarta, no se ajustan a la legalidad. Sin embargo, añadió, “los cambios introducidos por el Gobierno de Navarra, tras esto, son exclusivamente formales, amén de que algunos de ellos únicamente contribuyen a incrementar la discrecionalidad y la inseguridad jurídica”. UGT denuncia que es tal la discrecionalidad que la Administración se reserva que puede convertirse fácilmente en arbitrariedad a la hora de determinar los puestos bilingües, el nivel de conocimiento del euskera, así como al decidir los puestos de trabajo en los cuales se valorará como mérito al fijar el porcentaje de valoración a aplicar.
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El portavoz del sindicato ha reiterado que “no es de recibo que el derecho a utilizar una segunda lengua en la Administración, hablada por un pequeño porcentaje de la población, se ponga por encima de un derecho fundamental como el acceso en condiciones de igualdad a la Función Pública en una sociedad, no lo olvidemos, en la cual el 100% de la población es castellanohablante”.
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Los médicos también contra la imposición del vascuence
Por su parte, el Sindicato de Médicos de Navarra ha anunciado también que recurrirá en los próximos días el Decreto Foral 103/2017, por el que se regula el uso del vascuence en las administraciones públicas de Navarra, sus organismos públicos y entidades de derecho público dependientes.
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Dicho recurso se realizará, principalmente, en base a las alegaciones que ya presentó este sindicato ante la administración en febrero y noviembre de este año.
- En cuanto al requisito del uso del euskera en vacantes o plazas a ocupar, la administración podrá actuar de manera arbitraria en cada una de las convocatorias de empleo público que se realicen, generando una gran inseguridad jurídica.
- Aquellos facultativos que opositen a plazas vacantes verán como, en zonas vascófonas, se valorará más el conocimiento del euskera que la propia especialidad de medicina (especialidad médica: 6 puntos, euskera: 8,97 puntos), y casi igual que especialidad médica y tesis doctoral (6 puntos + 3 puntos por tesis doctoral = 9 puntos).
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Todo ello, a juicio de los médicos, va en contra de los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, que son los pilares básicos para garantizar la mejor calidad de atención médica a toda la población navarra.
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