Asirón puede perder el juicio, pero pagar las consecuencias con el dinero de todos

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El juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Pamplona revocó ayer las resoluciones de la junta de gobierno del organismo autónomo y de la junta de gobierno local del Ayuntamiento de Pamplona en febrero de 2016, para cambiar al modelo D las escuelas municipales infantiles de Donibane y Fuerte del Príncipe. La Justicia da así la razón a las familias que recurrieron al decisión. Según el juez, “nos encontramos con algo que va más allá de la simple reestructuración”, ya que “se produce un cambio de modelo lingüístico, de manera que no nos encontramos ante una competencia municipal, sino una competencia autonómica, como resulta de la Ley de Amejoramiento”. La sentencia impone además el pago en costas al Ayuntamiento de Pamplona.

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El alcalde de Pamplona, Joseba Asirón, reaccionó señalando que la sentencia “no es ejecutiva”, lo que significa que “a efectos prácticos no implica la paralización del curso ni la reversión” del modelo de estos centros. Asirón expresó tanto su decisión de recurrir la resolución judicial como su confianza en que su Ayuntamiento ganaría el recurso. No obstante, ante la posibilidad “improbable” de que el Ayuntamiento perdiera el recurso, Asiron advirtió que la consecuencia no sería revertir la situación, sino “indemnizar a las personas que pudieran acreditar daños y perjuicios”.

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Con el dinero de otros, hacen fiesta los devotos… abertzales

Es decir, que incluso en caso de perder el recurso, Asirón anuncia que no se dará marcha atrás sino que se persistirá en la actual situación aunque haya que indemnizar a los perjudicados… con el dinero de todos. Ante esto, cabe preguntarse si ese no fue su plan desde el principio: imponer la euskaldunización de las dos escuelas, atropellar a las familias castellanoparlantes que estaban yendo a esas dos escuelas, y dar por hecho que la decisión sería irreversible porque o bien la Justicia la respaldaba o, en el peor de los casos, los daños y perjuicios los pagaría el Ayuntamiento con el dinero de todos. De este modo, el uso que estaría dando Asirón a los fondos públicos es pagar las costas judiciales y las indemnizaciones de imponer el vascuence atropellando a las familias. Da la impresión, por la reacción del alcalde, de que nunca estuvo muy preocupado ni de si cumplía o incumplía la ley ni de si el contribuyente tendría o no que pagar por ello. El fin justificaba los medios.

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Por parte de las familias afectadas, sin embargo, al menos de momento no cabe duda de que se trata de una doble victoria de cara a su disputa frente al Ayuntamiento. Primero porque se les abre la puerta de poder cobrar una futura indemnización por los perjuicios sufridos y segundo porque les proporciona una victoria moral, en tanto en cuanto la Justicia determine que no se siguió el procedimiento debido y se cometió un atropello con ellas.

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