Las 70 medidas anticorrupción de Rajoy

Redacción 1 diciembre 2014 Noticias
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El PP ha aprobado un plan de 70 medidas contra la corrupción.

Primer problema: la credibilidad.

La credibilidad del PP ahora mismo cuando habla de luchar contra la corrupción es baja. ¿Pero en qué consisten las medidas del plan?

Algunas de ellas, de hecho, suenan muy bien.

Por ejemplo, prohibir las condonaciones de créditos a los partidos políticos. Aunque por otra parte, ¿esto no estaba ya prohibido? ¿Y no hay algo que sea como condonar pero sólo un pelo menos que condonar y que eso sea legal o que al menos se haya hecho y no haya pasado nada?

Otras medidas interesantes son alargar los plazos de prescripción e inhabilitaciones en los delitos por corrupción.

Publicar, explicar y justificar los indultos.

Establecer medidas de transparencia en los gastos de los cargos públicos, como los viajes pagados.

Fiscalizar las fundaciones de los partidos políticos.

Crear el delito de financiación ilegal…

A pesar de todo, aunque suenen bien, hay algo en todas estas medidas que denota una falta de radicalidad en la regeneración del sistema.

Un cambio radical sería, por ejemplo, introducir medidas para establecer la independencia real de la Justicia. Que los jueces y magistrados no los nombren directa ni indirectamente los políticos. Que los políticos, por tanto, no sean juzgados por los jueces y magistrados que ellos mismos han nombrado.

Otra medida radical sería la liberalización del suelo.

No es que se legalice cualquier barbaridad, pero que se determine por ley dónde no se puede edificar (reservas naturales, zonas inundables, etc) y que todo el resto del suelo sea edificable. Acabaríamos con un montón de problemas de corrupción y financiación ilegal de los partidos, y además bajaríamos el precio del suelo y facilitaríamos el acceso a la vivienda.

Ya metidos en harina podríamos también implantar la autofinanciación de partidos y sindicatos. Si los políticos manejan menos dinero o lo que manejan es suyo, seguro que hay más control y menos corrupción.

Qué decir de las listas abiertas y desbloqueadas.

Por alguna extraña razón pocas veces vemos medidas de este tipo.

Es más, a veces llegamos a tener la sensación de que todas las medidas que sí se aprueban es como si fueran un poco dirigidas a distraernos para no reclamar medidas de este tipo.

Aunque algunas de estas medidas que sí se aprueban en sí mismas no estén mal, no diremos lo contrario.

Pero no termina de percibirse el dolor de los partidos cuando se aprueban estas baterías de medidas. Y sin dolor no hay renuncia al poder. Y sin renunciar a todo ese poder que facilita la corrupción, no hay verdadera eficacia.

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Comentarios (4)
  1. Yo soy partidario de medias más radicales, como las que propone NC y otras, como declarar delito la financiación de partidos y políticos por parte de potencias extranjeras, como parece ser el caso de POTEMOS, y cada vez más claro el de CC y su presidente Pauino Rivero, por desgracia también presidente de Canarias, con su 35% de paro, y su sumisión al Sultán de Marruecos.
    Y si, lo idea sería volver a la separación de poderes que establecía la Constitución de 1978 y que el PSOE se encargó de asesinar junto con Montesquieu, ambos en la misma fosa fusilados por los chekistas González & Guerra.
    Pero para eso se necesitan 2/3 del Congreso, y no tiene pinta que el PSOE consienta. Este PSOE, …salvo que dejara de existir.
    Y para cualquier otra medida, entran las politiquerías, cada uno quiere lo suyo y al final no se aprobará, por lo que yo aprobaría los cambios de manera unilateral y por la vía rápida, y que cada uno se retrate de una vez….

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  2. Teranleto says:

    Sin duda, parche. La única medida que habría que adoptar, inicialmente, consistiría en algo tan sencillo como cumplir la actual Constitución. De este incumplimiento vienen muchos problemas, como por ejempo no haber dotado de independencia al poder judicial; o que los distintos poderes deberían cumplir las funciones constitucionales que tienen encomendadas, en lugar de mirar hacia otro lado (véase a don Mariano en el caso catalán); los funcionarios deberían velar por el cumplimiento del ordenamiento jurídico, denunciando que los políticos pretendan cometer actos ilegales, etc. Si todos los ciudadanos tuviéramos más conciencia de que el cumplimiento de la Constitución nos compete, porque la democracia es el gobierno del pueblo, quizás algo mejor nos iría.

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  3. chipilapuerta says:

    Prohibir las donaciones anónimas no estaría nada mal, y fomentar la creación de lobbies organizados con oficina, teléfono y un señor que tiene una cara visible, a la americana.

    Los intereses de empresas siemre estarán ligados a los políticos y es normal. Porqué negarlo?

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  4. ikerzeta says:

    El tema de que los políticos “elijan” a los jueces y magistrados creo que se trata de una manera un poco simplista.
    Para empezar induce a equívoco porque no es cierto que los jueces en España sean elegidos por “los políticos”, sino que las plazas se proveen por procedimientos basados en el mérito y la capacidad (como el resto de funcionarios públicos).
    La única excepción importante a esto la constituye efectivamente el caso de los jueces del Tribunal Constitucional cuyos miembros sí que son elegidos por los partidos políticos a través de su representación en el Congreso, Gobierno y Senado.
    Sin embargo, y aunque podría ser oportuno modificar la forma de elección para que no fueran posibles los chalaneos descarados entre partidos del tipo “me votas a éste y yo te voto a éste”, lo cierto es que en la mayor parte de las democracias occidentales los jueces de las cortes constitucionales de justicia son elegidos también por los “políticos” a través de su representación en los poderes públicos (y esto es así en países con sistemas políticos tan diferentes como Estados Unidos, Venezuela, Francia, Alemania, Bélgica, etc.).
    Y la verdad es que tiene todo el sentido que así sea, porque esa elección de los jueces constitucionales directa o indirectamente mediante la representación popular en los poderes públicos es lo que garantiza el control democrático de la aplicación del ordenamiento constitucional.
    Por ello, lo de echar la culpa de muchos males a la falta de una elección “independiente” de los miembros de órganos constitucionales o nacionales tiene un punto de perversidad puesto que con ello cuando se aplica lo que se suele acabar produciendo es en realidad la sustracción de dichas instancias al control democrático.
    El ejemplo perfecto es lo acontecido con los bancos centrales en donde hemos podido perfectamente en estos últimos años como la tan cacareada “independencia” del Banco Central Europeo significaba independencia de los poderes públicos, pero la casi total DEPENDENCIA de los intereses de la banca alemana, por ejemplo.
    En resumidas cuentas, la elección técnica o “independiente” y la elección “política” o representativa están justificadas cada cual en un ámbito concreto.
    A nadie se le ocurre, por ejemplo, que todos los funcionarios tengan que ser nombrados y cesados por el partido que coge el gobierno y no por mérito y capacidad (eso iría en perjuicio de la confianza en la independencia de la administración), pero tampoco se le ocurre a nadie que los altos cargos con funciones directivas no puedan y deban ser cesados y nombrados libremente por el partido que coge el gobierno (si no los gobiernos no tendrían posibilidad de poner en marcha las políticas de su propio programa).
    Con la justicia pasa lo mismo.
    El que los jueces ordinarios sean elegidos por los gobiernos/parlamentos sería del todo improcedente (la justicia ya no sería imparcial); pero con el caso de los jueces constitucionales es distinto porque si no no habría control democrático sobre el ordenamiento jurídico.

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