El caso Barkos sigue vivo

Diario de Noticias publicaba el mes pasado que El fiscal de sala del Tribunal Supremo, Luis Navajas, instaba a archivar la querella de Justitia et Veritas contra Uxue Barkos por posible irregularidades en el cobro de dietas en el Ayuntamiento de Pamplona.

Frente a esta información, Justitia et Veritas ha presentado un escrito de alegaciones ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo, contestando a las afirmaciones del fiscal y recordando las dificultades materiales, por pura matemática, para que Barkos pudiera haber compatibilizado sus obligaciones como Diputada con las más de 160 supuestas reuniones preceptivas para cobrar el máximo de dietas.

Asimismo, frente a la pretensión del fiscal de que “está acreditado que las reuniones municipales se celebraron con su asistencia”, el escrito de alegaciones subraya que “el Ayuntamiento no se aseguraba que las reuniones se habían celebrado, incluso se pagaba el dinero por adelantado como si fuera una mensualidad. Por lo tanto, es falso lo que dice que las reuniones estaban avaladas por los órganos fiscalizadores del Ayuntamiento. Se pagaba sin más. El único método de certificación era una firma que ahora ha resultado no tener valor alguno”.

A diferencia de lo que ahora sostiene el fiscal de sala del Supremo, el propio presidente de la Cámara de Comptos, Helio Robleda, reconoció al estallar el escándalo que las reuniones no estaban acreditadas en absoluto, que “los pagos de dietas por reuniones de grupo en Pamplona no son transparentes”, que “las dietas sólo se pueden cobrar si se ha celebrado una reunión y hay un soporte y seguimiento individual”, que “no se puede justificar una reunión con el ticket de una cafetería”, que “deben tener lugar en un lugar institucional, que es donde el político puede hacer sus reuniones”,  o que “este sistema debe de mejorarse porque entramos en la sospecha”.

La baja médica de Uxue Barkos no le impidió seguir cobrando dietas

Iustitia et Veritas también señala en su escrito que “la Sra. Barcos no pudo asistir al número de sesiones que declara de su grupo municipal, bien por estar de baja por enfermedad (fue público y notorio que permaneció alejada de sus responsabilidades públicas desde el 2 de marzo, en que fue operada de una grave enfermedad, hasta el 1 de septiembre de 2011, en que reanudó sus actividades), circunstancia que no le impidió cobrar dietas de asistencia a las reuniones de su grupo municipal, o bien por su intensa dedicación al cargo de diputada por Navarra en el Congreso de los Diputados que compatibiliza con el de concejal”.

La información publicada al saltar el escándalo ya ponía de relieve que Barkos entregó un recibo de cobro con 86 reuniones de grupo entre el 11 de junio y el 31 de diciembre de 2011, mientras que en ese mismo periodo no asistió a las 29 reuniones oficiales de Urbanismo y de la Gerencia, reuniones que sí exigen acreditar la asistencia.

Sólo el Supremo puede averiguar la verdad

Es por todo ello que el quid de la cuestión de todo el caso Barkos, hace notar el escrito de alegaciones, reposa sobre la decisión del Supremo de investigarlo o no investigarlo. “La admisión a trámite de la querella es la única manera de verificar si su dedicación parlamentaria hizo físicamente imposible la asistencia a las reuniones que ella misma certificaba por sí o por persona interpuesta, pues sólo así pueden practicarse las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Sólo el Congreso, a instancias de la Sala, puede certificar el número de sesiones de pleno y comisiones a las que asistió la Sra. Barcos así como los viajes realizados por avión o por cualquier otro medio de transporte sufragado por las Cortes Generales”.

Ante una sospecha más que razonable, saber si los viajes y estancias en Madrid de Uxue Barkos son compatibles con sus supuestas reuniones de grupo sería por tanto muy sencillo de averiguar. Pero querer averiguarlo o no pasa necesariamente por lo que ahora quiera hacer el Supremo.

Para evitar toda sombra de sospecha, paradójicamente la propia Uxue Barkos debería ser la primera interesada en que el Supremo verificara si sus idas y  venidas a Madrid son compatibles con sus reuniones de grupo. Siempre que sea inocente, claro.