Plazaola, la promotora de UGT, clave de la polémica en torno a la nueva Ley de Vivienda.

Redacción 15 abril 2010 Noticias
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La privilegiada situación de los sindicatos.

Cada vez que una promotora privada adquiere un terreno, la ley le obliga a ceder gratuitamente el 10% al ayuntamiento. Posteriormente, la ley permite al ayuntamiento vender ese terreno a determinadas promotoras sin ánimo de lucro como VINSA o las promotoras de los sindicatos. En el caso de la UGT, el nombre de la promotora es Plazaola. A diferencia de las empresas promotoras del sector privado, estas promotoras no tienen que acudir a un concurso para recibir el encargo. El precio que pagan los sindicatos por los terrenos que les venden los ayuntamientos es el 17,5% del precio de la VPO. Es decir, justo el 17,5% que legalmente pueden repercutir en el precio. De esta forma se financian los ayuntamientos a costa de los promotores, mientras que las promotoras de los sindicatos promueven a costa del “diezmo” impuesto a los promotores privados, pagando el suelo al 17,5% del precio VPO.

La propuesta del PSN pactada con Miguel Sanz respecto a la futura Ley Foral de Vivienda introducía una ambigüedad en la redacción del texto. Esta ambigüedad podía abrir la puerta a una vieja aspiración del PSN y los sindicatos: que las VPO que promueven los sindicatos no se adjudiquen mediante convocatoria pública y “baremo único” (término cuya introducción en el texto por decisión de Yolanda Barcina, junto a “orden que resulte del mismo” ha desencadenado el conflicto). Es decir, que no todos los que las necesiten puedan acceder en igualdad de condiciones a esas viviendas, sino que haya una puerta para todos y otra para los sindicatos, resultando evidente el poder que con ello se otorgaría a los sindicatos.

La promotora de UGT.

En el caso de los socialistas navarros, la gran beneficiaria sería la promotora de UGT, Plazaola, cuyo presidente (además de uno de sus propietarios) es Miguel Angel Ancizar. Ancízar fue secretario general de la UGT en Navarra entre 1983 y 1998, además de parlamentario foral del PSN en dos legislaturas. En la actualidad pertenece al Comité Regional del PSN. Esto explica el extraordinario interés en esta ley de la UGT y del PSN. Si sumamos las condiciones de ventaja de la promoción pública, más un ayuntamiento de un determinado color político, más una promotora “de progreso”, y  una hipotética adjudicación de las VPO a criterio de los sindicatos, tendríamos la perfecta integración vertical de un negocio clientelar de conseguidores de VPO.

Punto de inflexión en UPN.

Al mismo tiempo, lo sucedido en torno a la Ley de la Vivienda supone un indudable punto de inflexión en el seno de UPN. A nadie se le escapa que la “bicefalia” del partido no ha sido hasta el momento igualitaria. Una cabeza ha ejercido el papel de “activa” permaneciendo la otra en el papel de “pasiva”. En esta ocasión  Yolanda Barcina ha decidido tomar el timón para detener un acuerdo entre Miguel Sanz y el PSN que podia abrir la puerta a privilegiar a las “promotoras de partido” creando desigualdad entre los ciudadanos.

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Comentarios (2)
  1. Pedro Jota says:

    Y ¿no les fué suficiente con la anterior quiebra de las cooperativas de vivienda de los sidicatos, PSV, etc?
    ¿hubo mala gestión? ¿ se estafó a humildes cooperativistas? ¿quien estafó?

    Y ahora ¿esto es para el pueblo? Ay madre, que larga es esta condena…

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  2. Estoico says:

    Los grandes sindicatos españoles son como el chiste de la gallina “insaciable”. Todo les parece poco: Casas de pueblo gratis, horas sindicales y liberados a “tuti plen”, gestionar todos los cursos de formación, subvenciones para todas sus actividades y también derecho a vivienda protegida en condiciones ventajosas. ¿Y cuando se acordarán de su función principal en la defensa de los puestos de trabajo de sus afiliados? Para esto no tienen tiempo, no encuentran el momento. La culpa es de los empresarios y del capitalismos. Y ellos a lo suyo: a buscar cada día una nueva prebenda, una nueva subvención, una ayudita de la administración con la que pagar sus cuadros. Eso si a condición de quedarse tranquilos en sus casas.

    Los sindicatos, tan democráticos ellos, podrían aplicarse el cuento que sus compañeros políticos piden para determinadas organizaciones religiosas: financiarse con las cuotas de sus afiliados y los recursos que obtengan por su trabajo.

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