La sociedad civil contra el estado

Redacción 23 febrero 2010 Noticias
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Una de las lecciones que podemos extraer de la presente crisis es que quienes la padecen son los ciudadanos privados. Mientras la sociedad civil paga duramente los efectos de la recesión, el estado sigue creciendo y gastando. Desde la llegada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero, el número de asalariados del sector público ha crecido un 8,3%. En contraste, el número de asalariados del sector privado sólo lo ha hecho un 3,1%. Cuando en la economía se produce un cambio de ciclo, quienes pierden su trabajo son los trabajadores del sector privado. El ajuste del mercado de trabajo no lo padecen los funcionarios. Es por ello que, durante la crisis, ha aumentado la proporción de asalariados del sector público respecto al de asalariados del sector privado. Casi el 20% de los asalariados actuales trabajan para el estado.

El aumento crónico de la masa de asalariados públicos y el aumento de sus salarios, año tras año y al margen de la coyuntura económica, se traduce en un crecimiento constante y exponencial de los gastos de personal en los presupuestos forales que la sociedad civil sostiene a su cargo. Los gastos de personal en los Presupuestos de Navarra han crecido nada menos que un 40% en los últimos 5 años. El aumento, como se observa en la gráfica, no se ha detenido ni siquiera a partir del 2007, cuando ya era evidente la inminencia de la crisis.

Una diferencia fundamental entre los asalariados del sector público y los del sector privado, sin embargo, no es simplemente que los asalariados del sector público gocen de una seguridad laboral de la que carecen los asalariados del sector privado. Aún más significativo es que el sector privado es el que sostiene al estado. Un hecho que interesa subrayar de cara a la interpretación de todos los anteriores datos.

Es posible, como señala el curioso video de nuestra sección de videoblog, que hoy en día todos nos hayamos vuelto keynesianos. En esta línea, la propaganda de la Administración viene insistiendo a través de diversos planes y medidas anticrisis que quien sostiene el sector privado es el intervencionismo del estado, aunque el resultado de todos esos planes y medidas sea un déficit descomunal y más de 4 millones de parados. Y es que no se puede ignorar que la realidad es justamente todo lo contrario. Podríamos decir por definición que es el sector privado el que sostiene al estado. El estado, para pagar sus gastos, no hace sino cobrar impuestos al sector privado. Cuando el estado no ingresa suficiente dinero para cubrir sus ingentes gastos, emite deuda que en un futuro tendrá que pagar con más impuestos de nuevo el sector privado. No hay posible debate, por tanto, en torno a quién sostiene a quién. Es el sector privado quien sostiene al estado. De ahí la falacia de otros mitos como el de que no es posible que quiebre el estado.

En este sentido, carece de lógica aumentar el tamaño, los gastos, los planes y el intervencionismo del estado para salvar al sector privado. Es un planteamiento que sólo puede adoptarse desde una inversión total a la hora de determinar quién es el que paga las facturas del estado.

A la vista de los anteriores gráficos, y por todo lo anteriormente expuesto, no es hora de competir a ver quién presenta más y más pintorescas medidas anticrisis si ni una sola de ellas consiste en dar la vuelta a la curva de esos gráficos. Algo que resulta preocupante cuando esas gráficas señalan que el gasto público cada vez es mayor y el sector que paga esa gasto cada vez es más pequeño. Se le puede denominar de muchas formas a ese modelo menos de la que pretende el gobierno: sostenible. Hay que empezar a pensar cuántas de las cosas que hace la Administración o bien no son necesarias, o bien podría hacerlas mejor, más rápido, más barato, con más competencia, asignando con más eficiencia los recursos y con menos asalariados el sector privado.

Una mala noticia y otra peor.

Si cree que todo esto es una mera especulación teórica sin afectación a su bolsillo, ha de saber que según un reciente estudio la administración pública cuesta anualmente a cada español 9.816 euros. Esta era la noticia mala. La peor es que, en el caso de los navarros, esta cifra asciende hasta los 11.704 euros. Si usted tiene mujer y un par de hijos, su familia tendrá que pagar anualmente para sostener la administración 46.816 euros. Al leer estos números, es probable que usted se sorprenda pensando que no tiene todo ese dinero. Exactamente ése es el problema. Pero ahora ya sabe por qué no lo tiene.

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