Contrarréplica al Defensor del Pueblo de Navarra

Julio Pomés. Presidente del think tank CIVISMO (Madrid) 1 febrero 2010 Opinión

Me ha gustado el artículo de réplica del Defensor del Pueblo de Navarra. Sabe defenderse. Por ello comienza manifestando no ser el destinatario principal de mi crítica porque el puesto lo creó el Parlamento. Es cierto, pero él es el beneficiado de ese codiciado cargo. Merece la pena comentar la respuesta a mi artículo del pasado día 20: ¿Es necesario el Defensor del Pueblo de Navarra?. La principal debilidad de su análisis es que tropieza con el sentido común de tantos desengañados de la tiranía de la partitocracia que padecemos. Cada vez somos más los que tememos a un Estado de Bienestar totalitario que nos arruine a golpe de impuestos.

Me satisface que la réplica no cuestione las escandalosas cifras que presenté, entre las que destaco la de 12.000 euros que cuesta cada queja que se traslada a la Justicia. Hace bien el Defensor en acudir a razones intangibles porque las tangibles, las cifras, son muy tozudas. Que diga el defensor que es muy barato porque solo cuesta 1,5 euros por navarro es un ardid muy torpe. Todo tiene un precio ridículo si se reparte entre 630.000 personas.

El defensor soslaya mi crítica de que tiene tantas quejas porque admite a trámite casi todo lo que se le presenta, incluso aunque la Administración no haya agotado el período hábil para responder a esa reclamación por el procedimiento ordinario. Tampoco tengo dudas de que la Institución dedica la mayor parte de su esfuerzo a cometidos que no son los propios de su misión institucional, algo a lo que se ve forzado porque no hay demanda suficiente para justificar 14 nóminas. Inmiscuirse en labores de información del ciudadano, específicas de las organizaciones de consumidores y usuarios, o de asistenta social de lujo es matar moscas a cañonazos.

Respecto a la encuesta de satisfacción de la calidad del servicio que exhibe, me sorprende que sólo 7 de cada 10 lo consideran muy o bastante útil para resolver su problema, y que la valoración que le otorgan sea entre 7 y 7,5, en una escala de 0 a 10. Nadie desaprueba el tener un abogado gratuito al que puede acudir las veces que se quiera, sin pagar un céntimo de euro. Algo deben estar haciendo insatisfactorio, cuando no obtienen un 10 de unos ciudadanos que preferirán dejar un buen recuerdo por si les apetezca volver la semana siguiente con algún nuevo agravio.

Alabar que “el precio directo para el ciudadano que acude a la Institución es cero” es inducir a la objeción fiscal. No hay nada gratis, ese gasto sale `directo’ del bolsillo de los contribuyentes. Los ciudadanos nos sentimos engañados cuando los personajes públicos presumen que nos dan algo gratuito. Todos sabemos que nos están timando porque de media nos va a salir más caro que si fuéramos al mercado a comprar la prestación. Cuando el ciudadano no paga el servicio que consume sino que lo pagamos todos, la demanda tiende a ser infinita porque la supuesta gratuidad total favorece el abuso. Hay dos dichos muy oportunos: “de lo que no vale nada, buena sartenada”, y “disparar con la pólvora del rey”.

Respecto a la alusión que hace de mi crítica al regalo navideño que ha hecho el Defensor, sigo pensando que no es ético emplear el dinero de los contribuyentes para agasajar a nadie. En este caso no se trata de lo que ha costado, sino de concepto: no es un dinero suyo el que emplea. Aparte, en época de crisis representa una burla al sufrido contribuyente.

En el fondo la disparidad de criterios refleja la eterna polémica entre los que preferimos administrar nuestro dinero en lugar de ser obligado a pagar impuestos para servicios que no deseamos y a un precio más caro que el mercado. Estos últimos son los partidarios del Estado Providencia total, protección que impide la realización personal porque no motiva al esfuerzo al tenerlo todo resuelto. ¿Cuál es el punto de equilibrio? No es fácil. Asumo que no hay valor político para eliminar una institución superflua por ser redundante con la del Defensor nacional. Quizás lo único factible es regular que no se admita a trámite lo que no sea de su estricta competencia. También el Gobierno de Navarra podría ayudar con unas disposiciones que organizaran de un modo lógico y coherente las reclamaciones contra la Administración. De este modo se podrían reducir los costes y que nuestros impuestos se dediquen a la economía productiva.

En su último párrafo el Defensor afirma que mi artículo “no me deja en buen lugar” y lo encadena con una invitación a leer el libro que regala para humanizarse. Me duelen las sospechas de mezquindad que sugiere hacia mi persona. Por el contrario pienso que el Defensor del Pueblo de Navarra es una excelente persona, muy trabajadora, que intenta hacer lo mejor posible su trabajo, elogio que hago compatible con las críticas vertidas.


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Esta noticia la publicamos el 23 de abril de 2019